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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 183, de 20/11/2020
cve: BOCG-14-D-183 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


20 de noviembre de 2020


Núm. 183



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


DIPUTADOS


Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


158/000014 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, relativa al análisis de las medidas
necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno
... (Página24)


158/000015 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la proposición de medidas para frenar el fenómeno de la ocupación así como su daño e impacto tanto en el ámbito
social como en el de la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario VOX ... (Página25)


158/000016 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ...
(Página28)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa ... (Página31)


162/000437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de un Plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de viajeros ... (Página35)


162/000438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la actualización de la Acción Exterior del Estado ... (Página38)


162/000439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ejecución de medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías ... (Página42)



Página 2





162/000440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un Plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España ... href='#(Página46)'>(Página46)


162/000441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan de mantenimiento y conservación de las carreteras ... (Página48)


162/000442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la producción agraria española ... (Página54)


162/000443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de la coordinación del Sistema de Seguridad Nacional en materia de ciberseguridad ... (Página57)


162/000444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al cumplimiento por RTVE de su obligación de defensa y difusión de los principios constitucionales y, en particular, de la Monarquía ... href='#(Página60)'>(Página60)


162/000445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación de las retenciones a cuenta e ingresos a cuenta en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades ... (Página63)


162/000446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un Plan Nacional de recuperación e impulso del sector turístico ... (Página69)


162/000447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a impulsar cualquier forma de hidrógeno de bajas emisiones que sea eficiente ... (Página75)


162/000448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas
desplazadas por causas medioambientales ... (Página79)


162/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos y la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
... (Página81)


Competencias en relación con otros órganos e instituciones


COMUNIDADES AUTÓNOMAS


093/000007 Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León ... (Página84)



Página 3





COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


DIPUTADOS


De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


ÍNDICE


ÁBALOS MECO, José Luis (GS) (núm. expte. 005/000250/0001) 1 ... (Página4)


ASENS LLODRÀ, Jaume (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000279/0001) 1 ... (Página9)


RAMOS ESTEBAN, César Joaquín (GS) (núm. expte. 005/000169/0001) 1 ... (Página19)


SÁEZ ALONSO-MUÑUMER, Pablo (GVOX) (núm. expte. 005/000271/0001) 1 ... (Página14)


0 Declaración inicial.


1 Modificación de la declaración.


2 Declaración final.



Página 4





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Página 5





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COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


158/000014


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.


Autor: Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.


Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las
reformas institucionales y legales, relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de
corrupción.


Acuerdo:


Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


La Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, en su sesión del día 11 de noviembre de 2020, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión relativa
al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción, de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Plural, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Vasco (EAJ.PNV) (núm. expte. 158/14), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso
de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dichos Grupos Parlamentarios, con las siguientes características:


A) Objeto de la Subcomisión.


La Subcomisión tendrá por objeto las siguientes materias:


El análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación.


El estudio sobre la regulación y otros posibles mecanismos que puedan utilizarse para proteger la figura del denunciante de los casos de corrupción.


B) Composición.


La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos a cada uno de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios. Todos los parlamentarios designados deberán ser miembros de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y
legales.


Los grupos podrán designar a un suplente por cada uno de sus representantes. Los suplentes deberán ser miembros o estar adscritos a la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra a corrupción y las reformas
institucionales y legales.



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C) Adopción de acuerdos.


Para adoptar acuerdos, la Subcomisión deberá estar reunida reglamentariamente y contar con la representación de grupos parlamentarios que integren a la mayoría de los miembros de la Cámara.


En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado. A los efectos de la ponderación del voto, cuando dos o más integrantes de un mismo grupo parlamentario votaran en sentido discordante, únicamente se
tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz del citado grupo en la Comisión. En ausencia del portavoz, se tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz adjunto. En todo caso, se reflejará en el acta de la sesión el sentido del
voto indicado por cada Diputado.


D) Funcionamiento.


La Subcomisión podrá solicitar que las comparecencias que se celebren en relación con su objeto de trabajo se sustancien ante la Comisión. Se aplicará en ese caso lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Cámara.


Los grupos parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.


E) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.


La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y aprobar el correspondiente Informe en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El Informe será sometido para su aprobación por la Comisión para la auditoría de la
calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales


El plazo para la realización de los trabajos podrá prorrogarse conforme a lo dispuesto en el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996. El acuerdo del Pleno en virtud del cual se
concede la prórroga deberá tener lugar antes de la finalización del plazo de seis meses establecido en el párrafo anterior.


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-El Presidente de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, Íñigo Errejón Galván.


158/000015


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.


Autor: Grupo Parlamentario VOX.


Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la proposición de medidas para frenar el fenómeno de la ocupación así como su daño e impacto tanto en el ámbito social como
en el de la vivienda.


Acuerdo:


Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


D.ª Macarena Olona Choclán, en su condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), y al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las comisiones de la Cámara (la 'Resolución') y normativa concordante, presenta la siguiente solicitud de creación de la Subcomisión para la Proposición de medidas al Gobierno
para frenar el fenómeno de la ocupación así como su daño e impacto tanto en el ámbito social como en el de la vivienda.


Exposición de motivos


Primero. El fenómeno de la 'ocupación' es un problema social que afecta de forma muy grave a los ciudadanos.


En los últimos meses, debido también a la situación sanitaria actual y de restricciones de movilidad, toques de queda incluidos, ha crecido de forma sustancial las organizaciones criminales que se dedican a la ocupación de propiedades ajenas
como forma de vida, han establecido todo un entramado mafioso mediante el que se nutren con la connivencia de ciertos partidos políticos y espectros ideológicos que justifican estas actividades criminales.


Segundo. La ocupación es un problema de orden público y es una cuestión de Estado. Las organizaciones y grupos criminales que se dedican a ocupar propiedades, crean serios problemas sociales y de convivencia en los distritos y barrios en
los que se producen. La ocupación es un delito, genera violencia y lesiona el derecho fundamental a la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución Española, que sirve para preservar el esfuerzo de las clases medias y
trabajadoras en las sociedades libres y se erige en uno de los principios rectores de la política social y económica de España.


Los ciudadanos que ven como estas organizaciones ocupan sus propiedades deben seguir pagando impuestos, facturas de agua y luz e incluso, cuando por fin pueden recuperar su propiedad, deben pagar los desperfectos. Debe haber una seguridad
jurídica que proteja y vele por los intereses de los ciudadanos honrados.


Tercero. El artículo 33 de la Constitución Española se concreta y desarrolla a través de distintas leyes ordinarias civiles, sustantivas y procesales de nuestro ordenamiento jurídico.


De esta manera, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 'Ley 5/ 2018'), relativa a la ocupación ilegal de viviendas, en vigor, fue aprobada para agilizar los
trámites y procesos por los que los legítimos propietarios de las viviendas pudieran recuperar su legítima vivienda en el caso de que fuera ocupada ilegalmente.


La reforma actualiza el interdicto de recobrar la posesión prevista en el artículo 250.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para recuperar la vivienda ocupada mediante el procedimiento recogido en los artículos 437, 441 y 444.


En teoría esta Ley 5/2018 debería haber agilizado el proceso de recuperación de vivienda tras una ocupación ilegal, pero en la práctica el desalojo y recuperación no se logran de forma rápida, como denuncian muchos propietarios. Según la
exposición de motivos de dicha ley, la ocupación ilegal no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.


Cuarto. En el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se regula el procedimiento de enjuiciamiento rápido de ciertos delitos. Deben concurrir las siguientes circunstancias: i) que se trate de delitos flagrantes; ii) que se
trate de determinados delitos (hurto, robo, salud pública, seguridad de tráfico...) y iii) que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.


Que la usurpación no tenga un enjuiciamiento rápido produce inseguridad jurídica e indefensión. Con la normativa actual, los propietarios legítimos tienen que ver cómo se suspende su derecho a la propiedad privada durante un periodo de
tiempo muy largo y tedioso.


Si bien la iii) circunstancia permite utilizar dicho procedimiento para cualquier tipo de hecho delictivo que cumpla con el resto de requisitos, no se entiende que el delito de usurpación de inmuebles no se encuentre recogido expresamente
entre los delitos mencionados en la circunstancia ii).


El artículo 553 de la LECrim recoge que: 'Los Agentes de policía podrán asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante
delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los



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Agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o
domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquella, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito
perseguido.


Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las
detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos'.


Es evidente que el legislador ha optado por otorgar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la facultad de irrumpir en espacios cerrados, aun cuando constituyan domicilios, sin tener que obtener una autorización de moradores o
jueces, cuando se den ciertas circunstancias. Por supuesto, esto requiere de un posterior control judicial.


Quinto. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal regula el delito de usurpación de inmuebles en el artículo 245, manifestando lo siguiente:


'1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de
prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.


2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.'


Es obvio que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles es insuficiente para hacer frente a la inquietud de los españoles ante este tipo de situaciones, ya que los individuos y grupos organizados actúan con impunidad
ocupando ilegítimamente viviendas y otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a la falta de cobertura legal. Esta apariencia de impunidad, unida a la ausencia de respuesta rápida y eficaz
desde la jurisdicción penal, se transforma en una sensación social generalizada.


Sexto. El artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho de los españolas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En ningún caso, esto debe justificar casos de ocupación, porque la ocupación representa lo contrario, una
ruptura de derechos constitucionales y una depreciación de la propiedad privada para su titular, corrompiendo por tanto el espíritu normativo y haciendo cada vez más difícil ese acceso digno a la vivienda.


Séptimo. En España existe un serio problema con el acceso a la vivienda. La dejación de funciones por parte de las diferentes administraciones públicas durante años ha sido un caldo de cultivo para que las mafias de la ocupación se
aprovechen de la situación. Existe una falta de vivienda protegida y social. Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo en el Boletín especial Vivienda Social 2020, en 2019 apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para alquiler y el
porcentaje de cobertura de vivienda social relativa a los hogares en España se sitúa en el 2,5 % frente al 9,3 % de media de la Unión Europea.


Igualmente, las familias no deberían destinar más del 30 % de sus recursos a pagar la hipoteca o alquiler de vivienda. Asimismo, los jóvenes también deberían tener mayores facilidades en el acceso a la vivienda, ya que la tasa de
emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años en España se sitúa en el 18,6 %, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.


Estos problemas se deben atajar con políticas activas de inversión en construcción de vivienda protegida y social, entre otras muchas acciones. El fenómeno de la ocupación lo que produce es que estas dificultades cada vez sean más grandes,
creando un fuerte impacto en la construcción de viviendas, una depreciación de estas, mayores desigualdades y problemas sociales, y, por tanto, agravando sustancialmente las dificultades para el acceso a la vivienda que sufren los españoles.



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Objeto de la Subcomisión.


Con base en el artículo 1.º de la Resolución, el Grupo Parlamentario VOX pretende que la Subcomisión cuya constitución se propone realice un informe sobre los siguientes 'asuntos concretos':


(i) Análisis de las distintas personas y entidades afectadas por el fenómeno de la ocupación, así como valoración del impacto social en los barrios en los que se implantan las mafias de la ocupación y también valoración del impacto económico
en los barrios afectados, sus entornos y en el mercado de la vivienda en general (construcción, vivienda protegida y social, incidencia en los arrendamientos, impacto en las emancipaciones...).


(ii) A tal efecto, convocatoria y comparecencias de asociaciones, comunidades de vecinos que conviven o han convivido con las organizaciones criminales de la ocupación, propietarios de vivienda y otras propiedades, arrendadores,
arrendatarios y cualquier otro tipo de persona o colectivo afectado por el fenómeno de la ocupación.


(iii) Creación de un registro de datos de históricos de zonas afectadas por la ocupación, así como un seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan.


(iv) Recopilación de datos de las distintas entidades e individuos (bancos, arrendadores, propietarios de vivienda y otras propiedades...) para la creación de un registro de personas condenadas por delitos de ocupación (con especial interés
a los arrendatarios reincidentes en delitos de ocupación).


(v) Con la información recopilada por la subcomisión, elaboración de un informe con las líneas imprescindibles para evitar el fenómeno de la ocupación, cuyas conclusiones y plan de acción servirán para reformar las leyes y elaborar distintas
iniciativas por el Congreso de los Diputados y por el Gobierno, en orden a alcanzar los fines expuestos en la Exposición de Motivos.


El Grupo Parlamentario VOX entiende que la creación de esta subcomisión para la proposición de medidas al Gobierno para frenar el fenómeno de la ocupación, así como su daño e impacto tanto en el ámbito social como en el de la vivienda en el
seno de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el instrumento idóneo y necesario para el análisis y fiscalización de los referidos 'asuntos concretos'.


Composición, reglas de organización y funcionamiento y plazo de finalización de los trabajos de la Comisión


De conformidad con el artículo 3.º de la Resolución, la composición y reglas de esta subcomisión se ajustarán a lo dispuesto para las ponencias y el plazo de sus trabajos será de seis meses desde el acuerdo de creación, sin perjuicio de las
prórrogas que, en su caso, puedan proponerse.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Macarena Olana Choclán, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX.


158/000016


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.


Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.


Acuerdo:


Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Sanidad y Consumo, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996 y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, entendiendo que, en relación
con la previsión contenida en el apartado relativo a la adopción de acuerdos, el procedimiento de votación no podrá quedar en ningún caso referido al sistema de



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consenso, por suponer éste un concepto jurídico indeterminado, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones en el seno
de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.


Exposición de motivos


El objetivo de la presente petición de creación de Subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo es analizar las experiencias promovidas por Gobiernos de distintos países en la regulación del cannabis para uso médico, así como
la evidencia científica existente al respecto.


Constatado el vacío legal en el Estado español en cuanto a la regulación del uso médico del cannabis, el grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formuló al Gobierno de España para su respuesta por escrito la siguiente pregunta ¿Cuándo tiene
pensado el Gobierno acometer la regulación del cannabis para uso médico en el Estado español, dotando a las y los pacientes de los mismos derechos y garantías que ya disfrutan miles de pacientes en otros países del entorno?


En su respuesta, el Gobierno afirmaba que el uso del cannabis con fines terapéuticos debe establecerse basándose en pruebas científicas sobre su calidad, seguridad y eficacia para usos médicos obtenidos mediante ensayos clínicos controlados.
Compartimos esta afirmación. Por ello, y dado que muchos Estados europeos como Francia, Portugal, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Croacia, Polonia o República Checa han establecido
alguna forma de programa de uso o acceso a los preparados de cannabis para el tratamiento de alguna enfermedad, y otros países no tan próximos pero con experiencias de largo recorrido temporal y ya consolidadas como Canadá, Israel, Estados Unidos,
Australia o Chile tienen en marcha programas de uso médico de cannabis, proponemos crear esta Subcomisión. Su objeto será conocer esas experiencias, así como escuchar las voces de cuantos agentes se considere oportuno para que, de forma rigurosa y
científica, nos sirva para avanzar en los cambios legislativos necesarios y dar respuesta a tantas y tantas personas y colectivos de pacientes, así como profesionales médicos y científicos que demandan su regulación.


Somos conscientes de que estamos ante un tema que debe analizarse de forma poliédrica, abordando distintas perspectivas y considerando al menos los puntos de vista de la salud pública y la seguridad jurídica. El fin prioritario debe ser
proteger la salud de las personas; nuestras iniciativas deben ir claramente dirigidas a ello y a mejorar la calidad de vida de las mismas.


El Grupo Parlamentario Vasco apuesta por poner en marcha procesos de escucha a los agentes implicados en cuestiones como la que nos ocupa, como paso previo a la regulación de las distintas materias. El objetivo de dichos procesos es dar la
repuesta más objetiva y acertada posible a cuestiones complejas que suscitan amplio debate social. Se trata de dar voz y poner oídos a experiencias ya existentes y a todo aquello que pueda enriquecer nuestra propia reflexión: bases jurídicas,
evidencia científica, dificultades técnicas para su implementación, etc.


De todo lo anteriormente expuesto se deriva nuestra propuesta de creación de la presente Subcomisión.


A) Objeto de la Subcomisión.


- La Subcomisión analizará las experiencias promovidas por distintos Gobiernos que tienen en marcha programas de uso médico de cannabis y escuchará a cuantos agentes y personas expertas se



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considere oportuno. A tal fin, podrán comparecer autoridades competentes de los citados países, así como cuantos agentes y personas expertas se considere oportuno; también podrá solicitarse cuanta documentación se considere necesaria.


- La Subcomisión realizará un Informe con perspectiva de comparativa internacional sobre la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas. Para su elaboración se
llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos. Dicho Informe será remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español, basado en las
experiencias de otros Estados, dotando así a las y los pacientes del Estado español de los mismos derechos y garantías que ya disfrutan miles de pacientes en otros países del entorno.


B) Composición.


La Subcomisión estará compuesta por el número de representantes de los grupos parlamentarios que la Comisión de Sanidad y Consumo determine en proporción a su representatividad.


C) Adopción de acuerdos.


La Subcomisión procurará alcanzar acuerdos por consenso y solo de no ser posible se aplicará el criterio del voto ponderado.


D) Plazo.


La Subcomisión deberá realizar el Informe correspondiente y presentar sus conclusiones en el plazo máximo de 6 meses dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996 sobre procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones en el seno de la Cámara. Una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Consumo, y si así lo acuerda la Mesa, el mencionado Informe, junto con las conclusiones de los trabajos de la Subcomisión,
se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2020.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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162/000436


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Julio Utrilla Cano, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la elaboración de un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos al año 2019, en España fallecieron 1.755 personas en accidentes de tráfico. Aunque es una disminución del 3 % de los fallecidos con respecto a los 1.806
del año 2018, sigue siendo una cifra muy elevada. Sin embargo, si se analizan los accidentes de tráfico en función del tipo de vía, los datos son los siguientes:


- En vías urbanas hubo 519 fallecidos, un 6 % más que en 2018.


- En vías interurbanas 1.236 muertos, lo que supone un 6 % menos que en el año 2018 (no obstante, 340 personas murieron en accidentes producidos en autopistas y autovías, es decir, un 5 % más que en 2018).


Por otro lado, se observa que los fallecidos en la ciudad se elevaron al 30 % del total y que la tasa de mortalidad fue de 37 fallecidos por millón de habitantes. Esta tasa es inferior a la media de la Unión Europea, que fue de 51 muertos
por millón de habitantes. Aun siendo un dato positivo, no debe relajar a las autoridades competentes en la toma de medidas para reducir los 1.755 muertos del año 2019. Los datos de 2019, indican que murieron en nuestro país 5 personas al día como
consecuencia de los accidentes de tráfico, una cifra que sigue siendo preocupante.


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Fuente: Base de datos CARE de la Comisión Europea, EUROSTAT



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Segundo. Existen colectivos más vulnerables que otros que necesitan especial atención una vez analizados los datos del año 2019. Los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, fueron el 53 % de los fallecidos en accidentes de
tráfico. En función del medio de desplazamiento, destacan las cifras relativas a los ciclistas fallecidos que fue de 80 en 2019 frente a 58 en 2018; la de los motoristas que fallecieron en 2019 ascendió a 466, un 11 % más que en 2018. Esta cifra
de motoristas fallecidos es la mayor desde 2010, mientras que la de ciclistas es la más elevada desde 2007. En relación con los peatones, fallecieron 381 frente a los 386 de 2018. Analizando las cifras, se observa que existe un problema en
especial con estos colectivos.


Otro colectivo vulnerable es el de los mayores de 65 años. Estas personas supusieron el 28 % de víctimas mortales. Especialmente relevante es el dato que habla de que el 82 % de las personas fallecidas en vías urbanas son usuarios
vulnerables. A la hora de renovar el plan de seguridad vial tipo, se debe prestar especial atención a estos usuarios.


Tercero. En cuanto a las causas de los accidentes la más frecuente es la relacionada con las distracciones que supone el 28 %. A este respecto a tenor por los resultados arrojados por la campaña de vigilancia realizada del 14 al 20 de
septiembre por la DGT, la mitad de las denuncias interpuestas relativas a distracciones en ese periodo de tiempo fue debido a la utilización del móvil mientras conducían. Especial hincapié deberán hacer las empresas en el uso adecuado de las
tecnologías en la vía pública, la concentración es esencial para evitar accidentes.


Cuarto. El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social define, en el apartado primero del artículo 156, el concepto de accidente de trabajo, señalando
que es 'toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena'. Igualmente, señala en el apartado 2.a que tiene consideración de accidente de trabajo 'los que sufra el trabajador al ir
o al volver del lugar de trabajo'. Estos últimos son los conocidos como accidentes in itinere.


A este respecto, según el último Informe de accidentes laborales de tráfico realizado por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), perteneciente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de los 617.488
accidentes de trabajo con baja que se produjeron en 2018, 71.886 fueron accidentes de tráfico, representando así el 11,6 % de los accidentes de trabajo totales. De estos 71.886 accidentes laborales de tráfico, 19.224 (26,7 %) fueron accidentes
laborales en jornada y 52.662 (73,3 %) accidentes in itinere.


En relación con los accidentes mortales, este informe del INSST indica que de los 725 accidentes de trabajo mortales que se produjeron en 2018, 260 son accidentes laborales mortales relacionados con el tráfico, lo que supone el 35,9 % del
total. De estos 260 accidentes laborales mortales relacionados con el tráfico, 116 (44,6 %) fueron en jornada y 144 (55,45 %) in itinere.


Si se comparan los datos anteriormente mencionados, se ve un grave problema ya que los accidentes laborales de tráfico suponen el 11,6 % del total de accidentes laborales, pero son el 35,9 % de las muertes por accidentes de trabajo mortales.
En definitiva, una reforma de la cultura de seguridad vial en la empresa podría ayudar a reducir esta tasa tan elevada.


Quinto. Los accidentes de tráfico suponen un problema social, de salud y laboral como se ha manifestado anteriormente. Además de las víctimas y lesionados que se producen, también suponen un problema en relación con las bajas laborales.
De esta manera, los accidentes laborales de tráfico no solo producen un problema de seguridad en las empresas, sino que también suponen un impacto económico importante, tanto para las empresas como para la propia Administración.


En relación con los accidentes labores de tráfico, es de destacar el Informe sobre 'La Seguridad Vial Laboral en España' realizado por el Real Automóvil Club de España (RACE). Dicho informe señala que las bajas por accidentes viales
laborales suponen un coste medio para la Seguridad Social de 100.600.056 euros. Este coste está estrechamente ligado con el número de accidentes y los días de baja, por ello los accidentes leves, que son más numerosos, generan mayor coste que el
resto. Igualmente, se recoge en el informe que la media de baja es de 38 días respecto a los accidentes en misión 1, y de 39 días en relación con los accidentes in itinere.


1 Accidente sufrido por el trabajador en el trayecto que debe realizar como consecuencia de su trabajo, ya sea en la realización de una actividad de la empresa, o en el cumplimiento de órdenes o indicaciones ocasionales del empresario,
independientemente del medio de transporte utilizado.



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Fuente: Estadísticas sobre Accidentes de Trabajo (Ministerio de Trabajo) y Parque automovilístico (DGT).


Años: 2008-2016


El mismo informe, con base en las estimaciones del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, estima que en España los accidentes viales laborales supusieron un coste medio anual de 2.000 millones de euros entre los años 2008 y 2016. Siendo el
61 % de los costes relativos a accidentes leves, el 23,5 % a accidentes mortales y el 15,5 % restante a los accidentes graves.


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Fuente: European Commission, guía Road Safety Country Overview-Spain {2016)- European Road Safety


Observatory. Estimación de los costes sobre las Estadísticas de Accidentes de Trabajo (Ministerio de Trabajo). Años: 2008-2016


Sexto. Por otro lado, el citado informe sobre 'La Seguridad Vial Laboral en España', indica que un 60 % de los trabajadores recibe formación sobre protocolos de incendios y evacuaciones pero únicamente el 27 % recibe formación en Seguridad
Vial. Si ya es llamativo este dato, lo es aún más que en el año 2017 se produjeron 14 veces más accidentes laborales viales que los causados por incendios.



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Fuente primera imagen: Encuesta realizada a trabajadores por cuenta ajena (GAD3 2.º semestre 2018). Fuente imagen segunda: Estadística sobre Accidentes de Trabajo (Ministerio Trabajo, 2017)


Séptimo. Los accidentes de tráfico son un problema para cualquier sociedad, y la Unión Europea no es una excepción. A este respecto es de destacar La Carta de Seguridad Vial, promovida por la Comisión Europea y aprobada en 2004, que recoge
la importancia de reducir los accidentes de tráfico y la mortalidad relacionada con ellos. Asimismo, la Comisión Europea, ha señalado que la seguridad vial es 'una responsabilidad compartida' entre todos los agentes públicos y privados. Además
plantea como reto evitar todas las víctimas mortales del tráfico (visión cero). Con el objetivo de erradicar las muertes relacionadas con la seguridad vial, la UE ha articulado un marco piloto en materia de seguridad vial para los años 2021 a 2030.


Por otro lado, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14, bajo la rúbrica 'derecho a la protección frente a los riesgos laborales', señala que 'los trabajadores tienen derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo'. Igualmente, el apartado 2 dispone que 'en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo'. Dicho derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos labores incluye implícitamente la seguridad vial laboral, pues afecta y es parte de la seguridad en el trabajo.


Octavo. Actualmente, y a pesar de la existencia de un plan estratégico de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020 y de un Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa, elaborados por la DGT, no se ha implantado una cultura de seguridad vial
en las empresas.


De esta situación es responsable la Administración, en primer lugar por no fomentar esta cultura de seguridad vial en las empresas de forma adecuada. Tampoco se han establecido campañas efectivas sobre seguridad vial en la empresa y no se
ha aportado suficiente información, ni a las empresas ni a los trabajadores, por lo que ha habido una dejadez desde la Administración. Por otro lado, no se han establecido criterios claros ni se han buscado soluciones en relación con las posibles
bonificaciones fiscales a las empresas que implanten este plan. La situación de crisis actual hace difícil que las empresas afronten un gasto más, pero si se dota a las empresas de bonificaciones fiscales por su implantación y si se les informa con
datos y de forma clara del impacto económico que suponen los accidentes laborales de tráfico, las empresas serán más propensas a implantar el citado plan.


Una solución a este problema es la elaboración de un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa entre las Administraciones competentes y las organizaciones empresariales más representativas, con el objetivo de actualizar y adaptar el
citado plan a la nueva realidad en materia de seguridad vial, así como implantarlo, de manera definitiva, en las empresas para reducir los accidentes laborales de tráfico. La información a los empleados, el uso de herramientas tecnológicas para la
recopilación de datos, la formación y el diálogo continuo son indispensables para que este plan salga adelante.



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En conclusión, desarrollar la seguridad vial en la empresa desde la prevención de riesgos, exige, además de la máxima colaboración entre todas las Administraciones competentes, la participación de todos los sectores afectados: empresas,
sindicatos, organismos técnicos especializados y los propios trabajadores 2.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora de la seguridad vial en el ámbito laboral:


1. Elaborar, en coordinación con las distintas Administraciones competentes y las organizaciones empresariales más representativas, un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa, con el objetivo de actualizar y adaptar el citado plan a
la nueva realidad en materia de seguridad vial.


2. Diseñar campañas divulgativas de concienciación de la seguridad vial en las empresas.


3. Reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que implementen este plan y reduzcan la siniestralidad laboral, tal y como recoge el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.


4. Promover la implantación de cursos de formación de seguridad vial en la empresa para crear una cultura preventiva en relación con la seguridad vial.


5. Promover la elaboración de un plan específico para colectivos vulnerables en lo relativo a la seguridad vial como son ciclistas, motoristas o peatones.


6. Promover el establecimiento de fórmulas para beneficiar económicamente a las empresas, con el fin de que los costes de implantación de este plan sean tenidos en cuenta a efectos de exenciones fiscales o de otro tipo.


7. Promover fórmulas de apoyo a las empresas para la implantación de aplicaciones y otras herramientas tecnológicas, a fin de simplificar la recopilación de datos, así como su distribución.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Víctor Manuel Sánchez del Real, Francisco José Alcaraz Martos, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Luis Gestoso de Miguel,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000437


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la creación de un plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de viajeros, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Uno de los sectores que ha sido duramente golpeado por la crisis económica derivada de la situación ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en Wuhan, es el de los servicios, entre los que se encuentra el sector del
transporte. El desastre del sector turístico unido a la desconfianza de los viajeros, las restricciones de movilidad, los rebrotes y la improvisación y falta de coordinación del Gobierno con las Comunidades Autónomas está abocando al sector a la
ruina. Así lo demuestran los últimos datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los cuales indican que en el mes de agosto, de los 3.802.814 desempleados, 2.670.601 pertenecían al sector servicios, es decir, más del 70 %
de las personas en paro pertenecen a este sector. Cabe recordar que el sector de transporte


2 Plan Tipo de Seguridad Vial de la Empresa 2011. DGT.



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por carretera tiene una importancia estratégica fundamental para el desarrollo económico y social en España, contribuyendo, en gran medida, al crecimiento económico y a la creación de empleo.


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Fuente: Datos de los registros del Servido Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo y Economía Social


Segundo. En lo relativo a los datos del transporte de viajeros, de acuerdo con la última Encuesta de Transporte de Viajeros (TV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de julio, publicada el 14 de septiembre, en julio de 2020
el transporte público de viajeros descendió un 47,4 % con respecto al mismo periodo de 2019, el transporte urbano un 44,6 % y el interurbano un 46,8 %.


Siguiendo con esta encuesta, el transporte discrecional descendió un 87,7 % en relación con julio de 2019 y el especial un 37,3 %. Dentro del especial, el transporte escolar descendió un 87 % y el laboral un 31 %. Estas cifras demuestran
la enorme crisis a la que se enfrenta el sector, que no ve un futuro claro. Hasta la nefasta gestión en relación con la apertura de colegios por parte del Gobierno y la falta de coordinación y comunicación con las comunidades, están poniendo en
riesgo lo que puede ser un balón de oxígeno para el sector.


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Fuente: Estadística de Transporte de Viajeros (TV) de julio de 2020 del Instituto Nacional de Estadística



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Tercero. Las asociaciones y empresarios del sector de transporte discrecional, compuesto en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, llevan avisando desde hace meses que se deben tomar medidas urgentes, pues en caso contrario se
verán abocados a la ruina. La situación actual es insostenible. De hecho, desde el sector se manifiesta que, de seguir así la situación, en los próximos meses se van a cerrar empresas, va a haber concurso de acreedores y todo esto conllevará una
pérdida de empleo que cifran entre el 70 % y el 80 % de los aproximadamente 50.000 puestos de trabajo que genera el sector.


Cuarto. Como en el resto de los sectores, el del transporte discrecional y especial no es una excepción, requiere de la ampliación de los plazos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) más allá del 30 de septiembre.
Además, ya no es solo el hecho de ampliar los plazos; la forma de hacerlo es fundamental. El hecho de avisar con suficiente antelación, en vez de improvisar medidas cada cierto tiempo, serviría para dotar al sector de una tranquilidad que
aumentaría su margen de maniobra.


Quinto. El aplazamiento de los pagos de impuestos a nivel nacional como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como ya han hecho Bélgica o Portugal, o el Impuesto sobre Sociedades (IS), así como el aplazamiento o flexibilidad de los
impuestos contemplados en el sistema tributario español gestionado por los ayuntamientos, como el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), es
fundamental para aumentar el capital de las empresas. Unido a esto, se encuentra la posibilidad de ampliar los plazos de devolución de los préstamos ICO, así como cualquier medida que dote de liquidez a las empresas.


El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en el capítulo V de medidas en el ámbito del transporte por carretera,
establece en la sección 1, bajo la rúbrica 'moratorias para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús', unas medidas entre las que se encuentra una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los
contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús de hasta un máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley. Si bien es una medida que viene demandando el
sector es insuficiente por sí sola, ya que se debería complementar con las expuestas anteriormente.


Sexto. La gran mayoría de las empresas del sector del transporte discrecional son Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), alrededor de 3.000 según las cifras del sector, sin olvidar que el 80 % son empresas familiares. Muchas de estas
empresas tienen una larga tradición familiar, que de no tomarse medidas urgentes verían como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de sus trabajadores se convierten en Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) y como muchas
empresas irían a la quiebra o concurso de acreedores.


No hay que perder de vista que, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su último informe del mes de agosto de 2020 relativo a las 'Cifras PYME', indica que en España hay 2.853.080 empresas que son PYMEs, es decir, el 99,8 %
del tejido empresarial de España está compuesto por PYMEs que dan empleo a 10.099.411 trabajadores, lo que supone aproximadamente el 65,4 % del total del empleo del país.


Séptimo. Uno de los grandes problemas que está habiendo en los transportes públicos en general es la desconfianza por parte de los viajeros a utilizar estos medios de transporte, debido al miedo y la desconfianza de los usuarios por la
falta de previsión e información por parte del Gobierno y las diferentes administraciones. Es necesario, por tanto, diseñar campañas de comunicación para transmitir la seguridad en el uso del transporte discrecional de viajeros y, de esta manera,
generar confianza en el usuario.


Octavo. El artículo 15 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, bajo la rúbrica de 'programación y planificación', señala expresamente lo siguiente:


'1. La Administración podrá programar o planificar la evolución y desarrollo de los distintos tipos de transportes terrestres, a fin de facilitar el desarrollo equilibrado y armónico del sistema de transportes.


2. Los programas o planes contendrán especialmente previsiones sobre las siguientes cuestiones: a) Los servicios o actividades de gestión pública directa. b) El diseño general o parcial de la red de transportes regulares o de sus ejes
básicos en el transporte de viajeros por carretera y de la Red Nacional Integrada en el transporte ferroviario. c) Las restricciones o condicionamientos para el acceso al mercado, si procedieran. d) Las prohibiciones o restricciones de transporte
en zona o zonas



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determinadas, si procedieran. e) Las medidas de fomento y apoyo al transporte o a determinadas clases del mismo, si procedieran'.


En definitiva, el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial español deber ser uno de los principales objetivos del actual Gobierno. El sector de transportes discrecional de viajeros requiere, en consecuencia, de un paquete de
medidas de fomento y apoyo al transporte discrecional que tenga en cuenta sus peculiaridades, a fin de proteger su actividad y estructura empresarial.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación, en coordinación con las comunidades autónomas y los representantes del sector del transporte discrecional de viajeros, un plan de fomento y apoyo al transporte discrecional de
viajeros que tenga en cuenta las peculiaridades del mismo ante la crisis económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, concretamente, las siguientes:


- Prorrogar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada por causas derivadas del COVID-19 para las empresas vinculadas al sector hasta junio de 2021, como instrumento decisivo para evitar la pérdida de empleos y dotar al
sector de cierta estabilidad y certidumbre.


- Diseñar campañas de comunicación para transmitir la seguridad en el uso del transporte discrecional de viajeros y, de esta manera, generar confianza en el usuario.


- Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas de crédito ICO para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.


- Promover acuerdos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que flexibilicen las condiciones de los pagos de los tributos locales a las empresas del sector, mientras dure la crisis ocasionada por la COVID-19.


- Creación de planes para al mantenimiento del empleo, así como medidas para fomentar la contratación indefinida.


- Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en el sector de transporte discrecional de viajeros, enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a fin de
evitar contagios.


- Bonificaciones de las cuotas de autónomos y de las cotizaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, para reducir los gastos y aumentar las posibilidades de contratación de empleados.


- Mantener las medidas adoptadas hasta la recuperación del sector. Para ello, será necesario mantener reuniones periódicas de seguimiento con sus principales representantes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000438


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de la Acción Exterior del Estado, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. De esta manera comienza el Preámbulo de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado (en adelante, 'Ley 2/2014'). Del mismo se



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desprende la necesidad de que España, por su tamaño, peso y vocación internacional, tenga la correlativa influencia en el ámbito internacional a través de la acción exterior del Estado. Pero para que esa influencia se plasme de forma
efectiva, se ha de desarrollar una política uniforme, centrando los esfuerzos de todos los agentes que operan en la acción exterior del Estado para la consecución de unos objetivos claros, unívocos y realistas. Y todo ello debe ir necesariamente
acompañado de la proyección de una imagen de España como marca fiable, una representación fiel de la imagen del Estado.


La Ley 2/2014 se debe a cinco exigencias fundamentales que, a su vez, han de conformar los principios rectores de la acción exterior del Estado. A saber:


- La promoción de los valores e intereses de España a fin de consolidar su presencia internacional y fortalecer su imagen en el mundo.


- El afianzamiento y fortalecimiento de la credibilidad de España en el exterior.


- El incremento de nuestra participación en el proceso de integración europea, promoviendo una acción exterior en consonancia con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de
Acción Exterior.


- La coordinación de la acción exterior de España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.


- La adecuada asistencia y protección a los españoles y el apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas extra fronteras.


Segundo. Como consecuencia de la globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas internacionales, la acción exterior ha devenido de vital importancia para la seguridad y defensa nacionales, la salvaguarda de los
españoles en el extranjero, el aumento de la exportación de bienes y servicios, la atracción de capitales con los que financiar nuestra economía, la facilitación de la implantación y expansión de nuestras empresas en el extranjero y un sinfín de
ámbitos.


A este respecto, la coyuntura de Europa se presta muy favorable para que España aumente su peso e influencia en el viejo continente, pues la salida de un peso pesado como el Reino Unido, puede ser una oportunidad única.


En tal sentido se pronunció el Comisario Europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger, quien, en el Foro de la Nueva Economía, celebrado el pasado 5 de marzo, señaló que España está llamada a salir fortalecida en la Unión
Europea con la marcha del Reino Unido.


Y a la oportunidad europea se añade la global. Y es que la creciente rivalidad política y comercial entre EEUU y China, la crisis en Oriente Medio, las migraciones masivas, el terrorismo o la digitalización, son desafíos que transcienden
las capacidades y dimensiones nacionales. Aisladamente, los Estados miembro no son ni serán capaces de dar respuesta a estos desafíos, de manera que la UE debe promocionar su posición para tratar de contrarrestar su cada vez más insignificante
influencia en el tablero global. Es aquí donde España, con una política clara, definida, concisa y, a la postre, efectiva, debe liderar esta incursión de la Unión Europea en el tablero político-comercial global.


Tercero. Pese a la existencia de una coyuntura europea y mundial favorable, estas, por sí solas, no harán que España gane la influencia y el peso que le corresponden. Es necesario definir una estrategia de acción exterior congruente con
los intereses actuales de España. Y ello debe hacerse con especial atención a los principios rectores de coherencia, eficacia y transparencia.


En la actualidad, la acción exterior del Estado se articula por una amplia diversidad de instituciones, organismos y actores. Ello hace necesario que en aras de la eficacia, se dote de coherencia a la misma. Esta labor es del Gobierno,
pues es quien debe definir con claridad los objetivos de la acción exterior española y quien, a su vez, ha de trasladar los mismos a los distintos agentes que actuarán en su difusión. Así se establece en el apartado segundo del artículo 6 de la Ley
2/2014:


2. El Gobierno aprobará la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales de Acción Exterior, los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España, el Plan Director de la Cooperación Española y los demás
instrumentos de planificación que se consideren necesarios para definir, promover, desarrollar y defender los intereses de España en el exterior.


De esta manera, se alcanza a su vez la necesaria transparencia que debe caracterizar a cada una de las actuaciones desarrollada con erario público y que está plasmada como principio rector de la Acción Exterior del Estado en el apartado f),
apartado segundo, del artículo 3 de la Ley 2/2014.



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Pues contando con unos objetivos definidos, a desarrollar por unos agentes informados e instruidos, deben darse, necesariamente, unos resultados. Y esos resultados se valorarán conforme a unos criterios objetivos de evaluación de las
diversas actuaciones de la política exterior, permitiendo a los ciudadanos hacer un juicio valorativo, objetivo, y sustancial, de la política exterior desarrollada por el ejecutivo, cumpliéndose así con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13
de la Ley 2/2014:


2. Las entidades mencionadas en el apartado anterior, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, proporcionarán información al departamento ministerial del que dependan o al que estén adscritas, sobre sus actuaciones
en el exterior, fines y objetivos de las mismas, adecuación a las directrices y documentos de planificación y resultados obtenidos, que se incorporarán a los informes que periódicamente se elaboren sobre Acción Exterior del Estado, de conformidad
con la normativa vigente.


Cuarto. De cuanto se ha expuesto en el apartado anterior, cabría pensar que todos las medidas, objetivos, y principios de la Acción Exterior del Estado ya se cumplen, al estar legalmente contemplados en la normativa vigente, y ser, por
tanto, de obligado cumplimiento para los poderes públicos.


Sin embargo, la última Estrategia de Acción Exterior data de febrero de 2015 -tiene un plazo de vigencia de 4 años, ex. art. 35.4 de la Ley 2/2014- y, el último Informe Anual de Acción Exterior disponible, es el correspondiente a la
aplicación de la estrategia del ejercicio 2016. Otro nuevo incumplimiento de la Ley 2/2014, pues su artículo 37 señala que se deberá dar cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos
logrados y de los recursos aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, y con participación de los organismos y entidades
públicas dependientes de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, así como de las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales.


Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y adecuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de Acción Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y
cambios en el contexto internacional.


El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado', a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política
Exterior. Asimismo, se remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento.


La elaboración de este informe reviste especial trascendencia pues, al margen de los objetivos que detalla la propia norma que lo regula, es imprescindible para facilitar la transparencia y el control ciudadano de la proyección exterior de
la administración española. Es el instrumento al servicio de nuestra ciudadanía y nuestra democracia para evaluar la acción política exterior y, por tanto, su fin último es ser remitido a las Cortes Generales, en las que la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, deberá comparecer para dar cuenta del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior.


La falta de cumplimiento de la legalidad, en cuanto que dejación de funciones por parte del Gobierno es manifiesta, y supone, necesariamente, una falta de transparencia para con los ciudadanos, que quedan huérfanos del poder de control sobre
los poderes públicos y, en el caso que nos ocupa, sobre todo lo que concierne a la acción exterior de España.


Quinto. La Ley 2/ 2014 era, sin lugar a dudas, una norma muy necesaria, pues derogaba el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior, una norma devenida obsoleta y que no regulaba
elementos esenciales para un efectivo control sobre la acción exterior española.


Lamentablemente, los instrumentos aportados por esa norma, pese a regularse de forma clara y concisa en la misma, son incumplidos reiteradamente por el ejecutivo desde el año 2016. A lo anterior, se añade la inexistencia de una correlación
entre presencia e influencia en el exterior.


En tal sentido, como muy acertadamente señala D. Pablo Rupérez Pascualena, en su artículo, Presencia, papeles, procesos y pasta: cuatro claves para aumentar la influencia de España en Bruselas, escrito originalmente como nota de discusión
para el seminario 'Pensar y actuar en red. Hacia un concepto expansivo de la influencia de España en el mundo y en Europa', organizado por el Real Instituto Elcano el pasado 28 de mayo, existe una confusión entre presencia e influencia en la UE.
Son dos cosas que pueden estar relacionadas (a veces no lo están). Pero son dos cosas muy diferentes.



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La presencia, entendida sobre todo como presencia de españoles en las instituciones europeas, es una cuestión objetiva, mesurable. Se puede medir por niveles, instituciones o departamentos, estudiar su evolución en el tiempo y compararla
entre países usando indicadores como la población o el PIB. En resumen, se puede contar, aunque al haber muchas formas de contarla puede estar sujeta a diversas interpretaciones, a veces intencionadas.


[...]


La influencia, sin embargo, es otra cosa completamente diferente. [...] No es directamente mesurable y no es fácilmente definible, pero sí es claramente perceptible. Todos tendemos a saber quién la tiene y quién no. Y, como la elegancia,
creo que la influencia está construida a lo largo del tiempo, y está hecha de grandes gestos y gastos, pero también en gran medida de muchos pequeños detalles.


En relación a la primera, la Comisión Europea emplea un 'índice guía' nacional para calcular cuál debe ser la representación de cada país en las instituciones europeas, mediante la ponderación entre PIB y población. Según el índice, España
debería tener un porcentaje de referencia de un 8,9 %. Actualmente, España tiene un 8 % del personal de las instituciones europeas, de manera que está algo por debajo del índice, si bien, tiene una representación considerable.


Pero, ¿se traduce esa presencia en influencia?


La respuesta es, lamentablemente, negativa. Para que ello ocurriera, amén del cumplimiento de las disposiciones legales abordadas en los expositivos anteriores y de desarrollar una Estrategia de Acción Exterior clara y concisa, fijando
objetivos alcanzables, deberíamos tratar de imitar ciertas políticas de good practice a nivel nacional, cuya traslación al plano internacional es muy efectiva. Así, y atendiendo al artículo de D. Pablo Rupérez Pascualena, debemos fijarnos en tres
referentes europeos: Alemania, Francia e Italia.


Haremos aquí mención en exclusiva al país germano, cuyas políticas al efecto han dado resultados de indubitada efectividad. Entre ellas, Alemania desarrolla un apoyo sistemático y organizado (con financiación incluida) desde la
administración central. Por ejemplo, celebrando una gran conferencia anual en Berlín en la que se invita a los funcionarios alemanes en las instituciones, para presentarles las prioridades nacionales y a los interlocutores de referencia. O
concediendo contratos breves para que los alemanes que han aprobado ya un concurso para trabajar en las instituciones, pero aún no han logrado un puesto concreto, puedan trabajar un tiempo en los departamentos de asuntos europeos de distintos
Ministerios, y así mejoren su CV y su agenda de contactos. [...] los propios alemanes en las instituciones organizan y cuidan entre ellos su propia red de contactos, por ejemplo, con encuentros periódicos o comidas mensuales de jefes de unidad que
por turno organiza uno de ellos.


Sexto. Todo lo anterior, pone de manifiesto la necesaria aprobación de una Estrategia de Acción Exterior para los próximos cuatros años, la publicación de los informes anuales de la acción exterior del Estado, así como la implementación de
medidas que mejoren la influencia de España en el exterior. Más si cabe, tras el daño que ha producido a la imagen de España en el exterior la negligente gestión de la pandemia realizada por el Gobierno.


En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que apruebe la Estrategia de Acción Exterior correspondiente a los próximos cuatro ejercicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2/2014.


2. Que, en atención al artículo 37 de la referida Ley, publique los Informes Anuales de Acción Exterior de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en el 'Boletín Oficial del Estado', a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior, y procediendo a su remisión a las Cortes Generales, para su conocimiento.


3. Que, previos los estudios preceptivos al efecto, elabore un proyecto de acción exterior, dirigido específicamente a la proyección de España en la Unión Europea, a fin de recuperar el peso y la influencia que nos corresponde, más, si
cabe, en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión.


4. Que promueva la celebración de una conferencia anual en la que se invite a los funcionarios españoles en las instituciones europeas, para presentarles las prioridades nacionales y a los interlocutores de referencia.



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5. Que promueva la celebración de contratos de prácticas y/o temporales para que los ciudadanos españoles que hayan aprobado ya un concurso público para trabajar en las instituciones europeas, pero aún no hayan logrado un puesto concreto o
tomado posesión del mismo, puedan trabajar en los departamentos de asuntos europeos se cualesquiera organismos del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000439


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la ejecución de medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. El virus SARS-CoV-2 (COV1D-19), originado en la provincia de Wuhan (República Popular China) y la reacción tardía del Gobierno de someter a la población española a uno de los confinamientos más estrictos de toda Europa, ha generado
en España la peor crisis de las últimas décadas, con un fuerte impacto sanitario, económico y social. Tanto durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como en la actualidad, se han hecho evidentes dos
aspectos: por un lado, que el Gobierno es incapaz de tomar medidas efectivas para frenar los contagios a pesar de establecer las medidas más restrictivas de todo el continente y, por otro lado, la importancia vital del transporte de mercancías para
abastecer a los ciudadanos de alimentos y otros productos esenciales. Este sector es esencial para el normal funcionamiento de la sociedad en sus diferentes tipologías, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo o por cualquier otra vía
alternativa. Debería ser una prioridad para cualquier administración dotar de medios suficientes a este sector, no solo para abastecer a la población, sino también como uno de los motores para la recuperación económica.


Segundo. En el ámbito del comercio internacional, el transporte marítimo de mercancías es el método más utilizado para trasladar productos de un país a otro. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), aproximadamente el
80 % del total de las mercancías transportadas en todo el mundo se hace por vía marítima, por lo que la importancia de este medio de transporte en los acuerdos comerciales internacionales es esencial. Tanto el Secretario General de la OMI, Kitack
Lim, como el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, han reconocido el encomiable trabajo de la gente del mar durante la pandemia del COVID-19, y han instado a los gobiernos a hacer todo lo posible para ayudarlos en estos
momentos difíciles.


Tercero. El dato indicado en el punto anterior refleja el estrecho vínculo entre comercio y transporte marítimo. Según el Informe Trimestral de Comercio Exterior del cuarto trimestre de 2019, anterior a la crisis económica y sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el acumulado de 2019 las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron un valor de 290.089,1 millones de euros, y las importaciones se situaron en 322.068,7 millones de euros. Estas cifras indican la importancia
del comercio exterior en la economía española y, por extensión, la importancia del transporte marítimo en esta.


Cuarto. En cuanto a las cifras del transporte de mercancías en España, según el informe anual 2019 (anterior a la crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19) del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE),
elaborado por la Secretaría General de Transportes, el volumen global de mercancías transportadas en el año 2018 superó los 2.000 millones de toneladas, de los cuales 1.472 millones de toneladas correspondieron a transporte nacional (71,8 %) y 577
millones de toneladas a transporte internacional (28,2 %).



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En lo relativo al transporte nacional, 52 millones de toneladas se transportaron por vía marítima, es decir, el 3,5 %. En el transporte nacional predomina, sin lugar a duda, el transporte por carretera con 1.396 millones que representa el
94,9 % del total.


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No obstante, las cifras más significativas son las del transporte internacional. De los ya citados 577 millones de toneladas, 460 corresponden al transporte marítimo. Es decir, el 79,7 % de las toneladas transportadas en 2018 entre España
y el extranjero utilizó la vía marítima, remarcando, una vez más, la importancia del transporte marítimo en el comercio internacional español.



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En definitiva, estamos ante un sector estratégico y de gran importancia para la economía de nuestro país. Un sector que hasta el año 2019 estaba en crecimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que tras el impacto
sanitario y económico ocasionado por el brote epidémico del COVID-19 se encuentra, actualmente, en peligro.


Con el objeto de mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico provocado por el COVID-19, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, estableció una
serie de medidas excepcionales para tratar de dar respuesta a dicho problema. Dichas medidas respondían a una eventual reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos habilitantes otorgados en los puertos con el objetivo de que las
Autoridades Portuarias pudieran alterar los tráficos mínimos establecidos en los referidos títulos. Igualmente, se adoptaron medidas específicas respecto de la tasa de ocupación y la tasa del buque. Finalmente, las citadas medidas fueron
reformadas por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con el fin de permitir a organismos gestores de puertos o autoridades
competentes flexibilidad en el cobro de tasas por infraestructuras portuarias en el contexto del brote COVID-19.


Estas medidas van en la buena dirección puesto que dan liquidez a las empresas y fomentan la recuperación del sector. Pero son insuficientes para dar un impulso definitivo al mismo, pues deberían prolongarse más allá del 2020 e incluso
deberían reducirse, aún más, las tasas para impulsar el transporte marítimo.


Quinto. Por otro lado y en relación con el transporte marítimo de mercancías, adquiere una importancia significativa la llamada multimodalidad e intermodalidad. La multimodalidad e intermodalidad es la conexión existente entre los
diferentes medios de transporte con el objetivo de aumentar la eficacia de la distribución de mercancías, reduciendo los tiempos de entrega. En los últimos años, la intermodalidad ha registrado datos positivos, presentando tasas de crecimiento
superiores al global del transporte de mercancías en España, como señala el informe de la OTLE de 2019. Sin embargo, es necesario, tras el impacto negativo del COVID-19, seguir fomentando y defendiendo la intermodalidad en el sector del transporte
de mercancías, tanto marítima-carretera como marítima-ferroviaria.


Siguiendo con los datos del informe de la OTLE relativos a la multimodalidad, en el año 2018 las mercancías que accedieron a los puertos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal por carretera representaron el 93,9 % y el 6,1 % restante
por ferrocarril, lo que viene a reflejar las malas conexiones ferroviarias con los puertos del Estado. Es, por tanto, un prioridad fomentar y agilizar las obras del llamado Corredor del Mediterráneo para activar y reforzar la conexión de la
infraestructura ferroviaria con los



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puertos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, impulsando y mejorando, por consiguiente, el transporte multimodal e intermodal de mercancías en España.


Sexto. Como en muchos de los procesos administrativos en España, la excesiva burocracia y la lentitud y trabas en el transporte entre puertos españoles, ralentiza los servicios portuarios. Se entiende por servicios portuarios, según el
artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 'las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los
puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las
Autoridades Portuarias'. Por tanto, tienen la consideración de servicios portuarios el servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el transbordo de mercancías. Sangrante es el
caso de Canarias, ya que para transportar cualquier mercancía de la península a Canarias las cargas impositivas, así como las trabas administrativas llevan al usuario a no utilizar este medio de transporte salvo que no tenga otro remedio.


Asimismo, como en todos los medios de transporte y en la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización adquieren una especial importancia. La digitalización serviría para reducir el tiempo invertido en los trámites administrativos e
incluso simplificarlos. El uso de sistemas de geolocalización es esencial para saber en todo momento la ubicación de la carga y que el cliente esté permanentemente informado con la posición de su carga actualizada. Por último, es importante que
los puertos tengan buenos servicios de atención a los clientes y un sistema de seguimiento digital de las opiniones de los usuarios para establecer una base de datos con el fin de mejorar los posibles errores.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora del transporte marítimo de mercancías:


- Prorrogar la reducción de las tasas por infraestructuras portuarias recogidas en el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda.


- Promover el establecimiento de un sistema de digitalización de documentos para aligerar los procesos administrativos y reducir la ineficacia en la gestión administrativa.


- Promover un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un sistema de geolocalización de la mercancía para que se tenga localizada la carga, tanto en el origen como en el trayecto y en el destino, y no haya problemas de extravíos.


- Flexibilizar y disminuir las trabas burocráticas y procesos administrativos en los servicios portuarios, que ralentizan de manera significativa el funcionamiento y normal desarrollo del transporte por vía marítima.


- Mejorar la conexión intermodal con otros medios de transporte, especialmente en los principales puertos del Estado, para una conexión rápida con los centros logísticos. En este aspecto, cobra especial importancia el transporte
ferroviario. Es prioritario, por tanto, fomentar y agilizar la culminación de las obras del llamado Corredor del Mediterráneo para activar y reforzar la conexión de la infraestructura ferroviaria con los puertos del Sistema Portuario de Titularidad
Estatal, impulsando y mejorando, por consiguiente, el transporte multimodal e intermodal de mercancías en España.


- Promover la realización de inversiones en aquellas instalaciones portuarias en las que sea necesario para mejorar la infraestructura y que las operaciones se puedan realizar en condiciones óptimas.


- Favorecer la transparencia en la información a los usuarios de los costes de los procesos, así como implementar un sistema de mejora de servicio que recoja opiniones, quejas y reclamaciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D.ª Inés Cañizares Pacheco, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la
producción de empresas nacionales a España, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. A lo largo de las últimas décadas, una gran cantidad de empresas han trasladado, o bien, subcontratado directamente, la producción en China. Ello ha permitido a las empresas focalizarse en el diseño, encargando la producción de
los productos que fabrican a plantas productivas asiáticas.


Así ha ocurrido en numerosos sectores productivos, como son la juguetería, la electrónica, la informática o el calzado y textil. Y todo ello, sin necesidad de edificar plantas productivas, pues en China existe una amplia oferta de
proveedores que cuentan con las instalaciones necesarias para la producción en masa. De esta forma, los costes productivos se reducen considerablemente, permitiendo tanto una venta más barata del producto en España, como un incremento del beneficio
neto sobre el mismo.


Así, mientras la Unión Europea perdía un 9 % de su peso en la actividad manufacturera global -y 10 millones de empleos vinculados-, Japón un 4,6 % y Estados Unidos un 6,2 % (del 2000 al 2014), China ampliaba su mercado, arrebatando a la
competencia más del 17 % de la cuota total, convirtiéndose en 'la fábrica del mundo'.


Segundo. Los motivos para contratar la producción o producir directamente en el gigante asiático son numerosos. El análisis realizado por expertos de los diferentes sectores, plasmados en el Especial de Expansión 'Negocios españoles en
China', indican que, en primer lugar, como señalábamos anteriormente, poder desviar la producción sin necesidad de ser propietario de una fábrica, permite una considerable reducción de los costes que, a su vez, facilitan una mayor inversión en
innovación y desarrollo. Por otro lado, el coste del material y la mano de obra son mucho más baratos que en Occidente, reduciendo coste y precio e incrementado beneficio.


A este respecto, debe tenerse en consideración que un elevado porcentaje de nuestro tejido productivo está integrado por actividades que requieren un elevado número de horas por cada 1K€ de VAB (Valor Añadido Bruto), lo cual explica nuestra
baja productividad, y el claro riesgo de internacionalización -que ya padecemos- de parte de nuestro tejido productivo a zonas de menores costes laborales. Y, a lo anterior, se añade el hecho de que un 98 % de nuestras empresas tienen entre 1 y 50
empleados, lo cual tiene tres consecuencias principales:


1.º Se incrementa el riesgo de afección en situaciones de dificultad de financiación.


2.º Se reduce la capacidad exportadora.


3.º Se reduce el poder de decisión y dificulta las inversiones en I+D+i.


Distribución porcentual de las empresas españolas según número de empleados:


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Todo ello motiva que las empresas españolas desvíen o subcontraten la producción en China, tanto las grandes como las pymes que, como en la mayoría de sectores, conforman la amplia mayoría de los mismos. Así, en el sector de la juguetería,
por ejemplo, la empresa valenciana Falomir trabaja con diversas empresas chinas que producen piezas o componentes: 'Hoy no se puede sobrevivir sin estar donde se produce más barato', señalaba el director comercial de la firma, José María
Castellano, en el referido Especial de Expansión.


En el caso de la juguetería, señala el Especial, muchos componentes eran producidos en Alicante, pero las importaciones chinas y el bajo coste de la producción asiática, provocó que muchas de las empresas desviaran la producción a Asia.
Incluso aquellas que preferían la producción nacional en los pequeños talleres, tuvieron que decantarse por la producción China al quebrar o cerrar estos como consecuencia de perder gran parte del volumen de negocio.


A ello, como avanzábamos, se suma el hecho de que en China, existen muchas regiones en que los sueldos mensuales no superan el 5 % del salario mínimo interprofesional vigente en España, lo que supone que el coste de la producción disminuya
considerablemente.


En cuanto a la electrónica, la producción en China ha permitido a empresas ofrecer productos a precios mucho más baratos y competitivos. 'Es un país con grandes fábricas de productos de tecnología, que nos ofrecen tiempos de respuesta muy
rápidos, además de costes laborales ventajosos', señalaba el director de Nuevos Negocios de Infinity, Julián Najera-Alesón, a Expansión.


Sin embargo, y por el momento, las empresas dedicadas a la producción de calzado, mantienen gran parte de su producción en España porque según manifiestan, la calidad de la fabricación nacional es mucho mayor.


No obstante, poco a poco, van abriendo las puertas a la producción en China, pues los costes de la producción española son difíciles de asumir. Así, Wonders produce entre un 3 % y 5 % de su producción en el exterior, concretamente en China
y Vietnam, y subcontrata parte del proceso de fabricación en Rumania, señala Expansión.


El objetivo es 'ganar en competitividad y mantener la calidad', afirma el director de Exportación de la firma, Jorge Carbonell. No obstante, el problema de subcontratar en países lejanos 'es la pérdida de un servicio rápido para tus
clientes que demandan productos de moda para tenerlos a la venta en un plazo de 15 días', según Carbonell. Panama Jack ha importado este año 50.000 pares de China, lo que supone el 5 % de la producción total. El 95 % restante se fabrica en España.
El presidente y propietario, Antonio Vicente, prefiere 'bajar la facturación a sacrificar la calidad del producto', aunque no descarta que 'en el futuro, una pequeña parte de la producción vaya a China siempre que se salvaguarde la calidad',
explica. De momento, admite que estudian el mercado y la competencia.


Tercero. Cada día son más las empresas que contratan la producción en China, pues el consumidor se ha acostumbrado al sello Made in China. Anteriormente, la fabricación China podía llegar a ser una disuasión para el consumidor, pero hoy en
día está más que aceptada.


Por otro lado, la fabricación China no es todo ventajas. La distancia y los plazos que la misma conlleva es un impedimento importante, que las empresas difícilmente pueden solventar.


Otro factor determinante son los controles sobre los criterios productivos, laborales y sociales de los fabricantes, que han de cumplir con las especificaciones determinadas legalmente por la Unión Europea o los Estados Unidos para tener
acceso a sus respectivos mercados. En el mismo sentido, las condiciones laborales son otro criterio por el que las empresas occidentales que producen en China deben velar y, no son pocos, los casos denunciados por desempeñar los trabajos en
condiciones infrahumanas.


Cuarto. Recientemente, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció que prepara un plan de incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus fábricas en Asia a que regresen a las Américas, incluyendo
Latinoamérica y el Caribe, según reseñaba Infobae.


'Estamos esencialmente creando una iniciativa de 'regreso a las Américas'', indicó Mauricio Claver-Carone, asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca y aspirante a presidir el Banco Inter americano de Desarrollo
(BID).


Este proyecto podría generar inversiones desde 30.000 millones hasta los 50.000 millones de dólares en los países del continente. Aunque Claver-Carone no nombró ninguna empresa en particular, adelantó que ya se habían iniciado
conversaciones al respecto. Y añadió que la crisis provocada por el Covid-19 supuso un factor determinante para terminar de convencerse de que había llegado de tratar de atraer la producción fuera de China.



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La infraestructura, la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales de enfoque de esta iniciativa. De esta manera, Estados Unidos busca ganar terreno en América Latina, donde China se ha venido posicionando desde 2015
con grandes inversiones y préstamos por más de 40.000 millones de dólares, según datos del Diálogo Interamericano.


Quinto. Muchas empresas, a inicios de la pandemia de Covid-19, comenzaron a elaborar planes de contingencia y a trasladar su producción a otros países como Tailandia, Filipinas y, sobre todo, destinos de proximidad como Portugal, Marruecos,
Turquía e incluso España. No obstante, desde las organizaciones textiles consultadas por Radio Nacional de España son claros: esta crisis del coronavirus no ha hecho más que acelerar un proceso que llevaba tiempo en marcha. 'Ya trabajábamos una
parte en Asia y otra de proximidad porque es bueno para la economía circular y para evitar el riesgo', explican desde FEDECON.


Las empresas reconocen haberse dado cuenta de que producir en China no es tan beneficioso como se pensaba: 'Tiene una parte muy positiva y es que tienen un coste muy atractivo, pero una parte muy negativa y que es un problema: adelantar la
demanda, es decir, intentar adivinar qué vas a vender', sostienen desde ACOTEX, además de asegurar que las 'cantidades mínimas de fabricación son muy altas'. 'Fabricando en proximidad es cierto que fabricas más caro, pero también que tienes que
producir menos y, si te equivocas, no lo haces tanto', reconocen en ACOTEX.


Y es que el Covid-19 ha puesto de relieve la excesiva dependencia de China que tienen las empresas y mercados de Occidente. 'Está demostrando la debilidad de la cadena de suministro global: está muy focalizada en Asia y debería estar más
diversificado para no debilitar tanto la economía global', reflexiona Marta Castells de TEXFOR.


Por otra parte, las patronales expresan que 'esto no hace más que acentuar la política de implantar y equilibrar entre lo que se hace fuera y lo que se hace dentro' y reconocen que esto podría ser una oportunidad para recuperar el 'tejido
empresarial textil' de España.


Pero no solo el tejido empresarial textil, sino el del calzado, la juguetería, la electrónica y un largo, etc.


Sexto. La pandemia del Covid-19 y la crisis económica consecuencia de la misma, que no ha hecho más que comenzar, pueden suponer una oportunidad para que España se convierta en un productor de referencia a nivel mundial, y la dependencia
del gigante asiático disminuya.


En este sentido se pronunciaba el comisario de Comercio Interior, Thierry Bretón, en plena pandemia, señalando la importancia de romper la dependencia de China, buscando diversificar las fuentes de suministro y recuperar industrias
desmanteladas: 'Hemos ido demasiado lejos en la globalización. Esto tiene que cambiar', señaló ante la Eurocámara. Según el francés, la dependencia es 'extrema', de ahí la necesidad de promover el plan para la reactivación industrial. Ello
conllevaría, indicaba, que los países europeos puedan ganar autonomía e independencia estratégica.


Pero, para alcanzar esa meta es indispensable que, además de factores ya existentes como la calidad y la proximidad, haya incentivos fiscales importantes que no solo hagan retornar a España la producción 'exportada' por empresas nacionales,
sino también la instauración de empresas extranjeras que produzcan en nuestro país.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar un plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España, así como la instauración de la producción de empresas
extranjeras en territorio nacional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez e Inés Cañizares Pacheco, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias



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y D. Tomás Fernández Ríos, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de un Plan de mantenimiento y conservación de las carreteras para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. La situación sanitaria, social y económica que actualmente sufre España como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de la gestión por parte del Gobierno, es completamente insostenible. A este respecto, el sector de la
construcción y, en concreto, la infraestructura cobra un papel esencial para ser un motor que sirva para dinamizar la economía y para crear puestos de trabajo.


En este sentido, no solo es importante a nivel económico y social la creación de nueva infraestructura, también es fundamental el mantenimiento y conservación de la ya existente. La importancia del mantenimiento de la infraestructura ya
construida radica, en primer lugar, en la sociedad, no deja de ser un servicio social, ya que el hecho de tener infraestructuras de transporte en condiciones óptimas mejora la calidad de vida de los ciudadanos y mejora la seguridad vial. Por otra
parte, además de crear puestos de trabajo y mejorar la economía, la inversión en conservación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte supone un ahorro en el largo plazo, ya que si se conservan y mantienen adecuadamente estas
infraestructuras esenciales desde el punto de vista estratégico y de movilidad, no sería necesario realizar grandes inversiones de reforma en el futuro.


Segundo. La inversión que realiza España en conservación y mantenimiento de las carreteras, es muy inferior en comparación con los países de nuestro entorno. Según un informe de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX), titulado 'Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido', que analiza los modelos y prácticas de conservación y explotación de carreteras en estos cinco países, España está en
el vagón de cola en inversión en conservación de la red de carreteras.


Analizando los datos, se observa que no solo es que en España el presupuesto de conservación sea muy inferior al 2 % del valor del patrimonio que aconseja el Banco Mundial, sino que la inversión en conservación de carreteras, expresada en
euros por kilómetro de carretera, es prácticamente la mitad que Italia, y menos de la mitad que Francia y Alemania. Así, en 2017 España invirtió una media de 22.489 €/km equivalentes, frente a los 41.537 €/km de Italia, los 45.318 €/km de Francia o
los 49.229 €/km de Alemania. Y, por supuesto, muy lejos queda Reino Unido, que invierte 108.141 €/km equivalentes en conservación y mantenimiento de carreteras.


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Tercero. El marco regulatorio de la Red de Carreteras del Estado lo constituyen la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y el Real Decreto 181/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras,
que sigue vigente en aquellos aspectos que no contradigan a la Ley 37/2015.


En este contexto se definen las competencias de cada Administración. Así, por un lado, las vías que forman parte de la Red de Carreteras del Estado (RCE) son aquellas que dan servicio al tráfico de largo recorrido, unen núcleos importantes
de población y también proporcionan servicio al tráfico que se dirige a los principales enclaves de conexión entre España y los países fronterizos, centros de logística... Por otro lado, a las Administraciones autonómicas y locales les corresponde
encargarse de la distribución del tráfico desde la red de largo recorrido hasta diferentes enclaves de sus territorios, de acuerdo con las normas de las autonomías.


En competencias de carreteras también la Constitución española, en su artículo 148, apartado 5, recoge que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en 'los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable'.


Esta diferenciación en el ámbito de las competencias es importante a la hora de establecer criterios de inversión. La conservación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) depende de la Dirección General de Carreteras que pertenece al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, por tanto, es competencia del Gobierno.


Así, en el artículo 4.g del Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se expone que corresponde a la Dirección General de Carreteras
'la completa conservación de las carreteras del Estado y la gestión de la calidad del servicio público viario en ellas, a través de las actividades de ayuda a la vialidad, la vialidad invernal y de las actividades de mantenimiento básico, así como
la programación y control de las actuaciones de conservación y vigilancia de la vía'.


La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 30 de julio de 1987 establece la organización y funcionamiento del Sistema de transporte terrestre en España, especialmente del transporte por carretera. La conservación y
mantenimiento de las carreteras cuya competencia pertenece a comunidades autónomas, diputaciones o cabildos depende de estas administraciones y no del Gobierno. Pero el Gobierno no puede eludir responsabilidades, puesto que sí puede promover esta
conservación y mantenimiento y proveer a estas administraciones de los recursos necesarios para llevarlo a cabo.


Cuarto. Relacionado con el punto anterior, se enmarcan los datos del último Anuario Estadístico, el de 2018, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este anuario se recoge que la longitud de la red nacional
de carreteras es de 165.624 km, de los que 26.403 (15,9 %) están a cargo del Estado, 71.313 (43,1 %) a cargo de las comunidades autónomas y 67.908 (41 %) a cargo de las diputaciones y cabildos.


En cuanto al tipo de vía, de los 17.228 km de vías de gran capacidad, el 69,8 % son competencia del Estado frente al 23,3 % de las comunidades autónomas y el 6,9 % de las diputaciones y cabildos; y en cuanto a los 148.396 km de carreteras
convencionales, el 9,7 % son competencia del Estado, el 45,3 % de las comunidades autónomas y el 45 % restante de las diputaciones y cabildos.


Por último, es interesante reflejar, en relación con la distribución de las vías de gran capacidad, que de los 17.228 km de vías de gran capacidad totales mencionados anteriormente, el 17,2 % son autopistas de peaje, el 73,3 % autovías y el
9,5 % restante son carreteras multicarril.


Como se observa analizando estos datos, en relación con las vías de gran capacidad, la gran mayoría, casi el 70 %, son competencia del Estado y, en relación con las carreteras convencionales, más del 90 % son competencia de las comunidades
autónomas, diputaciones o cabildos. Estos datos relacionados con el tipo de vía y las competencias son importantes a la hora de establecer un marco normativo armonizado y unificado, así como para determinar las fórmulas de financiación en función
de si pertenecen a la Red de Carreteras del Estado o son de competencia territorial.



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Quinto. La Asociación Española de la Carretera (AEC) publicó en julio un informe acerca de las 'Necesidades de inversión en Conservación 2019-2020', en el que se auditaba el estado de las carreteras españolas. Las conclusiones a las que
llega el informe son demoledoras: confirma el abandono de las carreteras españolas; indica que uno de cada diez kilómetros de carretera se encuentra en un estado muy deficiente; y refleja que el estado actual del pavimento es el peor de los
últimos 20 años.


El informe analiza tanto el estado de las carreteras que pertenecen a la Red de Carreteras del Estado como la situación de aquellas carreteras que son competencia de las comunidades autónomas y diputaciones. De acuerdo con este estudio, el
10 % de las carreteras presenta graves deterioros en más del 50 % de la superficie del pavimento, desde roderas hasta deformaciones, desintegraciones o agrietamientos gruesos.


Este análisis contiene dos datos muy significativos. El primero indica que en 2001 las carreteras gozaban de buena salud, pero que 18 años después el estado de las carreteras se ha deteriorado hasta acercarse al muy deficiente. El segundo
dato significativo es que entre el año 2009 y el 2019 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reducido en un 76 % los recursos que se destinan a la seguridad vial y conservación de carreteras del Estado.


Sexto. El informe valora de forma muy concreta la inversión que requiere este déficit en las infraestructuras terrestres y las valora en 7.463 millones de euros; 2.376 de estos millones irían destinados a la red gestionada por el Estado y
5.087 millones a la que gestionan los gobiernos forales y autonómicos.


Asimismo, el déficit acumulado entre 2017 y 2019 se incrementó en un 7,5 % en la Red de Carreteras del Estado, y un 5 % en las redes de las comunidades autónomas y diputaciones forales. El coste de este déficit se cifra en 1.200 millones de
euros de gasto extra anual como consecuencia del consumo extra de combustible (cifrado entre el 3 % y el 5 % del total) por el mal estado de las carreteras. También, algunas asociaciones del sector de los vehículos cifran en 300 millones de euros
el coste extra debido al mantenimiento del parque vehicular.


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Séptimo. El estudio destaca también el mal estado del pavimento de las carreteras españolas, muy cerca del muy deficiente, obteniendo la nota más baja desde hace 20 años. El déficit del pavimento asciende al 94 % del total, lo que
supondría una inversión aproximada de 7.000 millones de euros en las carreteras españolas, de los que más de 2.200 irían destinados a las carreteras competencia del Estado.


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Se destacan asimismo en el referido Informe los siguientes aspectos:


- Hay 374.000 señales verticales de código que hay que renovar (104.000 en carreteras del Estado), de las que el 72 % tiene el reflectante caducado.


- Existen 38.500 km de carretera cuyas marcas viales se deben volver a pintar (el 88,3 % en carreteras autonómicas y de las diputaciones forales.


- Las barreras metálicas de seguridad se mantienen desde 2017 y el balizamiento experimenta un empeoramiento.


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Octavo. El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-2024), expone lo siguiente: 'se racionalizarán las inversiones en las infraestructuras viarias en función de las necesidades reales de la



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sociedad española, poniendo el énfasis del esfuerzo inversor en la conservación y mantenimiento del patrimonio vial existente y en el refuerzo y mejora de la seguridad vial. Al objeto de responder de forma efectiva a estas necesidades, se
diseñará un nuevo modelo para la conservación y explotación de la Red de Carreteras de Interés General del Estado'. Igualmente, se manifiesta que hay 160 sectores de conservación en la Red de Carreteras del Estado y que, aunque se tratarán de
reducir, esta circunstancia hace ineficaz el sistema.


Por otra parte, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) presentado en 2017 y que preveía una inversión de 5.000 millones de euros mediante una colaboración público-privada, está paralizado. Se evidencia de nuevo que España
carece de un plan específico y eficiente para la conservación y el mantenimiento de las carreteras.


Noveno. El Estado de las carreteras influye de forma considerable en otros factores. La seguridad vial es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta al realizar inversiones en conservación. Un buen mantenimiento y conservación de
estas, va a reducir tanto el número de accidentes como de muertos. No se debe olvidar que según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2019 hubo en España 1.755 fallecidos en accidentes de tráfico, 104.077 accidentes de
tráfico con víctimas, 139.379 heridos, 8.605 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. La estrategia 'Sistema Seguro' quiere reducir a la mitad los fallecidos en accidentes de tráfico para el año 2030, por lo que una buena medida sería mejorar
la conservación de las carreteras e invertir en ello.


Por otro lado, las infraestructuras viarias españolas son un patrimonio valorado en aproximadamente 215.000 millones de euros, por lo que si no se invierte en su conservación este patrimonio se devalúa y deteriora. Igualmente, el informe de
la Asociación Española de la Carretera, expuesto con anterioridad, recoge también que, en los últimos 10 años, la falta de conservación de las carreteras ha producido la emisión de por lo menos 25 millones de toneladas más de CO2 a la atmósfera.


Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora de las infraestructuras viarias:


1. Adopción de un Plan específico de mantenimiento y conservación de las carreteras españolas para mejorar su estado deficitario actual, en el que se incluyan los siguientes aspectos:


a) Estudio exhaustivo de la red viaria para cuantificar con exactitud el actual déficit en inversión a fin de revertir el estado deficitario actual.


b) Búsqueda de vías de financiación, en el marco del artículo 19 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, a través de recursos que provengan de las siguientes vías:


b.1) Los Presupuestos Generales del Estado.


b.2) Los Fondos Europeos, especialmente los relacionados con las ayudas a la recuperación tras la crisis de la COVID-19.


b.3) Asignación de fondos de mantenimiento en función de un porcentaje respecto al valor total del activo.


b.4) Otras vías de financiación alternativas que sean viables.


c) Promover la participación y colaboración de la iniciativa privada en este plan de conservación en el marco del artículo 9.4 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.


d) Adjudicación estable de materiales, recursos humanos y gestión para un correcto mantenimiento y conservación de las carreteras.


e) Implantación de una metodología sistemática, basado en guías de buenas prácticas y normativa técnica, así como una coordinación y unificación de prácticas a nivel nacional a la hora de tomar decisiones relacionadas con la conservación y
el mantenimiento.


f) Establecimiento de mejoras concretas en la infraestructura de las carreteras, las cuáles implicarían las siguientes acciones:


f.1) Mejora del estado del pavimento cuya situación actual es la peor de los últimos 20 años.



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f.2) Renovación de las señales de tráfico que se encuentran en mal estado, especialmente aquellas que tienen el reflectante caducado.


f.3) Repintar las marcas viales a fin de mejorar la seguridad vial.


f.4) Mejora en el balizamiento.


g) Realizar un seguimiento de las operaciones de conservación y mantenimiento realizadas a fin de conocer la calidad del servicio prestado al usuario.


h) Apostar por la investigación e innovación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la
producción Agraria Española, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Tras el brote del SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en la provincia de Wuhan (República Popular China), el mundo está viviendo una época de incertidumbre y recesión económica, marcada principalmente por los intentos de los gobiernos
de frenar la expansión de la enfermedad y evitar el colapso de los sistemas sanitarios nacionales. Las decisiones que cada país ha impuesto a sus ciudadanos han afectado en mayor o menor medida a todos los sectores económicos, entre los cuales
también se encuentra el sector agrario.


Uno de los aspectos más importantes del sector agrario es la capacidad de transportar los productos desde las zonas de producción hasta las zonas de venta y consumo. En este sentido, la exportación de ciertos productos a otros países se ha
visto seriamente afectadas. Alimentos como el vino o el aceite (que ya de por sí están sufriendo un impacto negativo debido a los aranceles impuesto por EEUU) están notando una disminución de las exportaciones hacia zonas como Asia, uno de los
continentes más afectados por el virus.


A nivel europeo, la disminución de la demanda por motivo de la pandemia en mercados como el inglés o el alemán, importantes receptores de productos hortofrutícolas españoles, han reducido notablemente las exportaciones del sector, afectando
de forma significativa el mantenimiento de la producción nacional.


Segundo. En 2019, la renta agraria española, el valor generado por la actividad de la producción agraria en nuestro país, experimentó un descenso del 8,6 %, respecto del año anterior. Según las últimas estimaciones, en 2018, el sector
hortofrutícola representó el 55 % de la producción vegetal con diecisiete mil setecientos veintitrés millones de euros.


Al mismo tiempo que descendía la producción española, la importación de frutas y hortalizas de países terceros extracomunitarios creció un 18 % solo entre los meses de enero y septiembre. El principal país proveedor fue Marruecos, con 507
millones de euros (un 15 % más que en 2018), siendo España uno de los principales mercados de destino de las exportaciones marroquíes, a pesar incluso de que el cultivo y los calendarios de producción coinciden entre los dos países. A día de hoy,
los productos marroquíes se han consolidado en el mercado español y representan el 36 % del total comprado a países no comunitarios, y el 25 % del total de la importación española: solo en frutas y hortalizas, España importó más de cuatrocientas
treinta mil (430.000) toneladas de frutas y hortalizas marroquíes.



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Además, esta tendencia de dependencia de los productos marroquíes también se está consolidando a nivel europeo. Por ejemplo, la importación en la Unión Europea de tomate de Marruecos ha crecido un 26 % en los últimos cinco años, con más de
cuatrocientas ochenta y un mil setecientas seis (481.706) toneladas, mientras que la exportación española de tomate retrocedió un 20 %.


Tercero. Al mismo tiempo que crece esta dependencia europea de productos agroalimentarios extracomunitarios, se da una circunstancia paradójica. La situación actual de la estructura de la cadena agroalimentaria en la Unión Europa 3 permite
tener alimentos y productos de calidad, saludables y con numerosos controles sanitarios y de trazabilidad. Por estos motivos, la Unión Europea decidió prohibir una serie de pesticidas, al tener efectos perjudiciales tanto para el ecosistema
(contaminación de aguas o la alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, de aves y peces) como para la salud de las personas (aumentar el riesgo de padecer enfermedades como el párkinson o el cáncer y afectar los sistemas endocrino y
reproductivo del ser humano).


No obstante, en 2018, la Unión Europea vendió más de ochenta y un mil seiscientas (81.600) toneladas de algunos pesticidas prohibidos en territorio comunitario a ochenta y cinco países de América, África y Asia.


Los principales países receptores de estos pesticidas son Estados Unidos, Brasil, Colombia y Ecuador en América; Sudáfrica y Marruecos en África; y la India e Indonesia en Asia. El objetivo de estos países es luchar contra las plagas, las
malas hierbas, los insectos y los microorganismos que ponen en riesgo el monocultivo, pese a que algunas sean claramente nocivas para la salud. Sin embargo, su uso en la producción agroalimentaria tiene un efecto rebote en el consumidor europeo,
dado que los alimentos tratados con estos pesticidas son exportados a la Unión Europea, por lo que la prohibición comunitaria no funciona.


De esta forma, se da una contradicción en la Unión Europea y un comportamiento injusto, ya que se abren las fronteras a productos agrarios de terceros países que compiten de manera desleal porque utilizan sustancias activas que han sido
prohibidas a los agricultores europeos. En definitiva, las políticas agrarias de la Unión Europea requieren un cambio de rumbo.


Cuarto. Hasta su salida, el Reino Unido lideraba la exportación de estas sustancias químicas nocivas con más de treinta y dos mil (32.000) toneladas, seguido por Alemania (ocho mil toneladas) y Francia (siete mil toneladas y media). Así
pues, se da un comportamiento inadmisible en la Unión Europea, dado que esos mismos países son los que lideran la prohibición de todo tipo de sustancias fitosanitarias y pesticidas y, al mismo tiempo, los producen, los exportan y originan que
importemos o consumamos alimentos tratados con ellos, como ocurrió con el plaguicida DDT (Dicloro difenil tricloroetano).


Además, algunos países europeos como Francia, ya se han comprometido a prohibir la exportación de plaguicidas no permitidos en la Unión Europea.


Quinto. Por ello mismo, es urgente modificar la legislación europea a fin de incorporar el principio de reciprocidad y prohibir la importación de alimentos que hayan sido tratados con sustancias fitosanitarias y pesticidas prohibidos en
territorio comunitario.


En relación con dicho principio de reciprocidad, la importación en la Unión Europea de los productos de países terceros extracomunitarios viene amparada por unos instrumentos jurídicos conocidos como 'Tratados de Libre Comercio
Internacional' y en los que se afirma que, mediante el establecimiento entre sí de una unión aduanera, los Estados miembros se proponen contribuir, conforme el interés común, al desarrollo armonioso del comercio en el que se les exijan los mismos
requisitos a ambas partes.


No obstante, a pesar de la lógica, nos encontramos con que la mayor parte de los Tratados que firma la Unión Europea se están firmando con países que perjudican a la agricultura mediterránea, ya que son países eminentemente agrícolas y
especialmente citrícolas, con monedas devaluadas (Marruecos, Egipto, Sudáfrica ... ), con salarios mínimos interprofesionales muy bajos y con mano de obra que en numerosas ocasiones roza la esclavitud.


3 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º
1907/2006. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(10-09-1998).



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En este sentido, encontramos acuerdos como la Unión para el Mediterráneo (2008), que genera una zona de libre comercio entre la Unión Europea y otros países de Mediterráneo; el Proyecto Toshka en Egipto o el Plan Verde en Marruecos para
transformar enormes extensiones de desierto en regadíos; los Acuerdos de Adhesión entre la Unión Europea y otros países en materia de librecambio comercial con países como Turquía, Sudáfrica, Namibia o Lesoto, grandes competidores agroalimentarios
y hortofrutícolas con España; o el Acuerdo MERCOSUR con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.


Así pues, se debe incorporar de nuevo también el principio de preferencia comunitaria en la legislación de la Unión Europea, ya que los productos agroalimentarios europeos gozan de los más estrictos requisitos fitosanitarios y laborales, y
son de mejor calidad. Además, incrementar los controles de los productos que entran en suelo comunitario para evitar fraudes legales respecto al origen en el etiquetado, control de plagas y terminar con la competencia desleal de terceros países.


El Gobierno también debe reforzar los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF), para intentar proteger a los productores españoles, extremando los controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros países que
fundamentalmente tienen su entrada en nuestro país por los diferentes Puertos del Estado. Se debe extremar la vigilancia del volumen de las importaciones y denunciar ante la Unión Europea aquellos casos en los que se superen las cantidades
acordadas y aquellos países, como los Países Bajos, que suelen ser muy flexibles con los productos importados en la Unión Europea.


Sexto. Por último, debemos tener presente que este sector se enfrenta a tres problemas adicionales, como son Rusia, EEUU y Reino Unido. El primero impulso en 2014 un embargo (veto ruso) en respuesta a las sanciones de la Unión Europea por
el conflicto ucraniano. El segundo ha establecido aranceles a determinados productos agroalimentarios españoles en respuesta a las subvenciones encubiertas a la industria aeronáutica europea (caso Airbus). El tercero supone un problema como
consecuencia de su salida de la Unión. Es por tanto necesario que se adopten medidas que ayuden a revertir esta situación.


Nuestra soberanía alimentaria no puede estar en manos de otros países. Los poderes públicos no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario y
hortofrutícola español y europeo (que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente) y defender a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno de mayor reconocimiento.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar en el seno de la Unión Europea un cambio de la normativa comunitaria para prohibir la entrada e importación de productos agroalimentarios que hayan sido tratados con pesticidas prohibidos en territorio comunitario.


Para ello se deberá exigir a la Unión Europea la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, al mismo tiempo que se establezca el principio de
reciprocidad y no se permitan residuos de principios activos prohibidos en la Unión Europea.


2. Denunciar ante los Organismos Competentes de la Unión Europea aquellos casos en que las importaciones no respeten la normativa española y europea en cuanto a las cantidades acordadas y el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.


3. Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de tasas arancelarias, aranceles
compensatorios lógicos que igualen los costes de producción y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario, a fin de garantizar la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria.


4. Aumentar la dotación de personal y material de los Puestos de Inspección Fronterizos en los Puertos del Estado, principalmente, en aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de terceros países.


5. Vigilar el volumen de las importancias agrícolas sujetas a contingentes y precios de entrada.


6. Establecer, entre otros, un mecanismo de información actualizada y continua con las administraciones y los agentes sociales de los contingentes de importación de productos agrícolas



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establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países y que hayan entrado en la Unión Europea en los últimos años.


7. Seguimiento independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los Tratados que se deberá solicitar con tiempo suficiente a la producción de
daños.


8. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. La Unión Europea debe
aplicar las defensas comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en el campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles
compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas.


9. Incrementar los controles sobre las importaciones para evitar que se comercialicen como 'origen España' productos que, aunque se envasen en nuestro país, no son de origen español. Además, garantizar el correcto etiquetado del origen y
variedad del producto.


10. Promover, en el seno de la Unión Europea, una nueva política arancelaria y comercial con Estados Unidos y Rusia que tenga como fin principal evitar los perjuicios que sufren nuestros exportadores para acceder a los mercados
internacionales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Julio Utrilla Cano y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la coordinación del Sistema de Seguridad Nacional en materia de Ciberseguridad,
para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (en adelante, 'Ley de Seguridad Nacional'), nace con el propósito de coordinar las respuestas de las Administraciones Públicas ante las nuevas amenazas y riesgos a las que
se enfrenta nuestro país. Como señala la Exposición de Motivos de la referida Ley, concretamente su párrafo séptimo, 'la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a
garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos; concepto que, hasta la fecha, no había
sido objeto de una regulación normativa integral'. Las respuestas del Estado en esta materia deben observar una serie de principios básicos, recogidos en el apartado segundo del artículo cuatro de la Ley, que serían las siguientes:


- Unidad de acción.


- Anticipación.


- Prevención.


- Eficiencia.


- Sostenibilidad en el uso de los recursos.


- Capacidad de resistencia y recuperación.


- Coordinación.


- Colaboración.



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Junto a estos principios, la Ley de Seguridad Nacional establece, en su artículo 10, los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional:


'Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad
energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente.'


Asimismo, la Estrategia de Seguridad Nacional (en adelante 'ESN'), elaborada en el año 2017, vuelve a hacer hincapié en 'la necesaria sinergia que debe existir entre todos sus componentes y elementos integrantes' del sistema de Seguridad
Nacional. La ESN también establece una serie de objetivos generales que se ajustan a los principios rectores mencionados ut supra, y que son los siguientes:


- Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis.


- Promover una cultura de Seguridad Nacional.


- Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales.


- Impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico.


- Fortalecer la proyección internacional de España.


Entre estos objetivos, el impulso al desarrollo de un avance tecnológico seguro es, sin lugar a dudas, un tema que ya no puede ser catalogado como emergente.


Segundo. El ejemplo paradigmático es el caso de la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa ('DARPA', por sus siglas en inglés), del gobierno de los Estados Unidos de América.


Con más de sesenta años de historia, DARPA nace del compromiso de Estados Unidos de ser el iniciador y no la víctima de sorpresas tecnológicas estratégicas.


En su informe 'Strategic Framework 2019' 4, DARPA destaca que 'en el frente tecnológico, la Nación debe mantener su superioridad en sistemas y componentes que una vez estuvieron disponibles casi en exclusiva para las Fuerzas Armadas, y que
ahora aparecen en el mercado global'.


En el caso particular de la ciberseguridad se especifica que 'La mercantilización y disponibilidad inmediata de armas con tecnología puntera, unido al desarrollo de nuevas tecnologías por todo el mundo son cambios históricos. No obstante,
la mera posesión de hardware y software avanzado ya no es una garantía de éxito militar ni económico. Cada vez más, es la nación o el actor no estatal que realiza el uso más rápido e inteligente de aquellas tecnologías quien dominará, o al menos
estará preparado, para instigar una disrupción extrema'.


Por tanto, el objetivo de DARPA no es otro que 'crear nuevos conceptos que cambien el juego, tecnologías y capacidades para la guerra en los dominios terrestre, marítima, aérea, espacial, ciber y humano'.


Para ello, DARPA se concentra en cuatro objetivos:


1. Defender la patria.


2. Disuadir y prevalecer contra adversarios de alto nivel.


3. Proseguir esfuerzos de estabilización.


4. Avanzar en la investigación fundamental en ciencia y tecnología.


En relación con el primer objetivo, DARPA pone el foco de atención en torno a la disuasión y defensa cibernética. En este sentido, el mayor problema que detecta la agencia es la extrema dificultad de atribuir la autoría de actos maliciosos
en el ciberespacio. Al objeto de resolver esta problemática, DARPA ha creado un Programa de Atribución Mejorado (Enhanced Attribution Program). Esta iniciativa tiene por finalidad aumentar la capacidad del gobierno para identificar a los autores
de actos ilícitos en el domino del ciberespacio, desarrollando técnicas y herramientas que permiten descifrar la procedencia de los ataques.


4 https://www.darpa.mil/attachments/DARPA-2019-framework.pdf



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Tercero. En el marco del Derecho Internacional es preciso destacar el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, entre los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás Estados signatarios,
ratificado por España en el año 2010. En dicho Convenio se reconoce 'la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal común encaminada a proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, entre otras formas, mediante la
adopción de la legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional'.


Asimismo, el citado Convenio reconoce la necesidad de una cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los legítimos intereses en la utilización y el desarrollo
de las tecnologías de la información.


Como se demuestra ut supra, el objeto del convenio es homogeneizar las medidas punitivas que se establecen frente a los delitos realizados en el ciberespacio.


Cuarto. Volviendo al plano nacional, tras la mención a la Estrategia de Seguridad Nacional, es de obligada referencia la Estrategia de Ciberseguridad 2019 (en adelante 'EC'), documento de carácter sectorial que tiene por objeto 'establecer
la posición de España ante una nueva concepción de la ciberseguridad en el marco de la Política de Seguridad Nacional'.


Según la EC, el ciberespacio 'es un espacio común global caracterizado por su apertura funcional y su dinamismo. La ausencia de soberanía, su débil jurisdicción, la facilidad de acceso y la dificultad de atribución de las acciones que en él
se desarrollan definen un escenario que ofrece innumerables oportunidades de futuro, aunque también presenta serios desafíos de seguridad'.


La mejor prueba de esto, se encuentra en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, que destaca que 'El número de ciberincidentes, su alcance, continua y rápida evolución, sofisticación y severidad de su impacto sigue aumentando anualmente
a escala global, tendencia a la que contribuye la falta de concienciación y formación en ciberseguridad'.


Y continúa: 'Además, se prevé que, en los próximos años, la ciberamenaza se agrave por la irrupción de las nuevas tecnologías de progresiva implantación, como la computación cuántica, el blockchain, el Internet de las cosas (IoT), el Cloud,
el 5G y la inteligencia artificial'.


Para evitar que continúe esta escalada, el Informe destaca como uno de los principales retos de la ciberseguridad 'la valoración precisa de la amenaza, para lo que es necesario la correcta atribución de los ciberataques, la detección del
modus operandi y de las técnicas, tácticas y procedimientos de los autores, así como determinar el interés del agresor en las víctimas reales o potenciales, para detectar patrones que permitan la prevención de futuros ataques'.


Este último párrafo, se encuentra en perfecta sintonía con lo descrito anteriormente sobre la problemática que la agencia estadounidense DARP A identifica en materia de ciberseguridad. En ese mismo sentido, el Informe de Seguridad Nacional
recalca la importancia de 'reforzar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis, recuperación, respuesta, investigación y defensa activa frente a las ciberamenazas, así como potenciar la coordinación a todos los niveles del Sistema
de Seguridad Nacional'.


En resumen, y en atención a los documentos oficiales reseñados, pareciese que desde el Gobierno central existiera la certeza de que el principio de unidad de acción unido al de coordinación, son los preceptos indispensables para una
estructura de ciberdefensa eficaz y eficiente.


Quinto. En esa misma línea de actuación, el Tribunal Constitucional (en adelante 'TC'), en su Sentencia 142/2018, de 20 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra
la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.


En su sentencia, el TC declaró 'que son inconstitucionales y nulos el apartado 1; el inciso 'con relación a las personas físicas o jurídicas situadas en Cataluña' del apartado 3; el inciso 'planificar, gestionar, coordinar y supervisar la
ciberseguridad en Cataluña, estableciendo la capacidad preventiva y reactiva necesaria para paliar los efectos de los incidentes de ciberseguridad que afecten al territorio de Cataluña, así como las pruebas que puedan organizarse en materia de
ciberseguridad y continuidad' de la letra b) del apartado 4, todos ellos del artículo 2 de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña', apreciando, además, que 'la ciberseguridad se integra en las competencias
estatales en materia de seguridad pública y de telecomunicaciones'.


No obstante, en la ya citada Estrategia de Ciberseguridad, concretamente en su línea de acción 2, la quinta medida que se propone es el 'Desarrollo del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la



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Administración General del Estado que mejore las capacidades de prevención, detección y respuesta, e impulsar el desarrollo de centros de operaciones de ciberseguridad en el ámbito autonómico y local'.


Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Desarrollar un 'Programa de Atribución' que permita facilitar la identificación de la autoría de actos y/ o actuaciones en el ciberespacio tipificados como delitos, tomando como referencia el modelo desarrollado por la Agencia para
Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).


2. Impulsar la creación de empresas privadas nacionales especializadas en el ámbito de la ciberseguridad.


3. Promover la cooperación con el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia.


4. Dotar de mayores recursos materiales y personales al Centro Nacional de Inteligencia, al objeto de potenciar las capacidades del Centro en materia de ciberseguridad, así como potenciar la coordinación a todos los niveles del Sistema de
Seguridad Nacional de conformidad con el artículo 4 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.


5. Proporcionar datos, herramientas y bases de datos para apoyar la lucha contra la ciberdelincuencia.


6. Potenciar las relaciones de España con otros Estados y con organizaciones internacionales y comunitarias competentes en la lucha contra la ciberdelincuencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Julio Utrilla Cano y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000444


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Víctor Manuel Sánchez del Real y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por RTVE de su obligación de defensa y difusión de los principios
constitucionales y, en particular, de la Monarquía, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. RTVE tiene la obligación legal de defender la monarquía.


1. El artículo 3.2 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal dispone:


'En el ejercicio de su función de servicio público, la Corporación RTVE deberá: a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales (...)'.


De manera consecuente con lo anterior, el artículo 8 del Mandato-marco a la Corporación RTVE ('Defensa y Difusión de los Valores Constitucionales') establece:


'La Corporación RTVE mantendrá una posición activa en la defensa y difusión de los valores recogidos en nuestra Constitución y se atendrá en la elaboración y difusión de sus contenidos a los principios que definen el ordenamiento jurídico
vigente y, muy especialmente, al Título Preliminar y al Título Primero de la Constitución Española'.



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Asimismo, el artículo 25 ('Cobertura Institucional y Comunicaciones Oficiales') del mismo Mandato-marco preceptúa que:


'La Corporación RTVE realizará un seguimiento y cobertura informativa de las actividades oficiales del Jefe del Estado, Su Majestad el Rey [y] el Príncipe de Asturias (...)'.


2. El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 señala, en su artículo 1.3:


'La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria'.


Este precepto se desarrolla y completa en el Título II ('De la Corona'), cuyo primer artículo, el 56, dispone:


'El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (...)'.


3. Se observa que el Rey de España es caracterizado en la Carta Magna como el símbolo de la unidad y permanencia de la Patria española. En consecuencia, la defensa de la Monarquía que hoy encabeza Felipe VI se constituye en uno de los
principios constitucionales cuya 'defensa y difusión' se encomiendan a RTVE como 'servicio público esencial para la comunidad y para la cohesión' de la sociedad española (artículo 2.1 Ley 17/2006).


4. La televisión y la radio públicas deben, en este sentido, participar del propósito expuesto por Su Majestad el Rey ante las Cortes Generales en su discurso de proclamación, el 19 de junio de 2014:


'La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza (...) y velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y
transparente'.


Segundo. El rey y su familia han sido ninguneados de forma deliberada por la televisión de todos los españoles.


5. A pesar de las obligaciones señaladas en el Expositivo anterior, el Rey y su familia han sido ninguneados en la televisión y la radio públicas desde el inicio de la emergencia sanitaria, justo cuando el país más necesitaba los valores de
unidad y estabilidad que representa la Monarquía.


6. Durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en España, Sus Majestades don Felipe y doña Letizia y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, llevaron a cabo casi dos centenares de actividades entre visitas
institucionales (acudió al hospital de campaña de IFEMA, a diferencia de los miembros del Gobierno que, salvo la Ministra de Defensa, no han visitado un hospital), mensajes, reuniones y videoconferencias, audiencias, llamadas y otras gestiones.
Únicamente fue emitido su mensaje a la Nación del 18 de marzo.


7. Adicionalmente, Su Majestad Felipe VI puso a la Guardia Real a disposición de las Fuerzas Armadas en el marco de la Operación Balmis. También lideró la ayuda de corporaciones nobiliarias, órdenes militares, Reales Maestranzas, órdenes
internacionales con actividades en España y otras corporaciones caballerescas a Cruz Roja. Además, la Familia Real no ha gozado este verano de vacaciones, que han sustituido por visitas a numerosos lugares de la geografía española. Ello contrasta
con la estrategia seguida por el Presidente del Gobierno, que pasó la práctica totalidad del mes de agosto disfrutando de una agenda institucional vacía en los palacios de La Mareta (Lanzarote) y Las Marismillas (Doñana, Huelva).


8. Las referencias efectuadas por la Corporación RTVE a los hechos enumerados son escasas, por no decir inexistentes, en clara vulneración de sus obligaciones legales. Del seguimiento de los Telediarios de La 1, antaño líderes y referencia
informativa, no se podía deducir que España tuviese un Rey. Ni mucho menos, que su agenda institucional estuviese a diario plagada de actos. La información sobre las actuaciones de la Familia Real se circunscribía, como mucho, al minoritario Canal
24 Horas.


9. Incluso el programa Audiencia Abierta, que RTVE dedica semanalmente a proporcionar información sobre la Casa Real, quedó suspendido al inicio de la emergencia. Solo fue repuesto el 20 de junio, por lo que de ninguna manera cubrió la
actividad del Monarca durante el estado de alarma.



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10. Pero RTVE no solo ha ignorado a la Monarquía, sino que también ha realizado actuaciones de abierta hostilidad. Así, llama poderosamente la atención que en los días que siguieron al 14 de marzo se desató una actividad antimonárquica
instigada desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno y que impregnó a la televisión pública. Así, entre otros:


- El 18 de marzo de 2020, el Telediario de La 1 anunció el mensaje del Rey que sería emitido esa misma noche, acompañándolo de una gran profusión de imágenes de caceroladas contra el Rey Honorífico, don Juan Carlos.


- El 21 de marzo Informe Semanal emitió el reportaje con el título 'Monarquía en estado de alarma' y en el que, con un fondo de música de suspense, desgrana una serie de entrevistas con 'expertos' y detalla las polémicas por las que ha
atravesado la Monarquía española antes de que don Felipe accediera al trono. Todo ello se acompaña de expresiones como 'siempre según la Casa Real' o anuncios de derrumbe de la institución monárquica, además de por una amplia cobertura de opiniones
antimonárquicas (cacerolada incluida).


- El 18 de abril el programa La Paisana emitió un nuevo capítulo, presentado por doña Eva María Hernández Villegas ('Eva Hache'), en el que la cómica incluyó en su monólogo la siguiente frase:


'Es como si te apellidaras Barbón y en lugar de dedicarte a ser Rey y hacer regatas pues te dedicas, pues yo qué sé, a trabajar'.


- El 27 de mayo el minuto de silencio de la Familia Real por las víctimas de COVID19 fue interrumpido por la Corporación para dar paso a los homenajes celebrados en otros lugares de España.


Tercero. RTVE debe promover y difundir el valor constitucional de defensa de la monarquía.


11. La estrategia de silenciamiento mediático del Rey y de su familia perpetrada durante el estado de alarma no tiene parangón en la democracia española. Y, sin duda, fue deliberada y buscada por el Gobierno. En la hora más grave que
España ha vivido desde la Guerra Civil, y que aún no ha terminado, la estrategia comunicativa del Ejecutivo ha borrado al 'símbolo de la unidad y permanencia' del Estado de sus terminales mediáticas de titularidad pública. Al contrario, se ha
querido potenciar la figura del Presidente del Gobierno, que cada sábado mantenía tediosas ruedas de prensa desde el Palacio de La Moncloa.


12. RTVE debe continuar promoviendo y difundiendo los valores constitucionales, entre los que se encuentra la defensa de la Monarquía como forma política del Estado y como institución anclada en la Historia que aglutina a todos los
españoles en su condición de ciudadanos libres e iguales.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta a la administradora única provisional de la Corporación RTVE a adoptar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que corresponden a la Corporación RTVE, de acuerdo con la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la
radio y la televisión de titularidad estatal y con el Mandato-marco a la Corporación RTVE, de 'promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales', entre los que se encuentra la defensa de la Monarquía como 'forma política del
Estado español' y, de esta manera, de 'realizar un seguimiento y cobertura informativa de las actividades oficiales del Jefe del Estado, Su Majestad el Rey [y] el Príncipe de Asturias'. En particular:


1. Los Servicios Informativos de las radios y televisiones públicas (y, en especial, las ediciones del Telediario de La 1, en tanto que programa informativo con mayor audiencia de la casa) darán cuenta puntual de las actividades
institucionales llevadas a cabo por los miembros de la Familia Real.


2. Potenciar el número y duración de los formatos, como Audiencia Abierta, dedicados a dar a conocer en profundidad las competencias, el funcionamiento y la acción cotidiana del Jefe del Estado en una Monarquía parlamentaria como la
española.


3. Elaborar un plan de cobertura, seguimiento, defensa y difusión de la Monarquía, como concreción del deber de 'promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales'. Deberán redactarse planes similares para la promoción
del conocimiento y la difusión del resto de valores constitucionales



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recogidos en el Título Preliminar, con especial atención a la indisoluble unidad de la Nación española, a la sujeción de todos a la Constitución y al ordenamiento jurídico y a la igualdad entre todos los españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Víctor Manuel Sánchez del Real, José María Figaredo Álvarez-Sala y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor Guido González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso de Muñumer, D. Rubén Manso Olivar y D. Rodrigo Jiménez Revuelta en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de las
retenciones a cuenta e ingresos a cuenta en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. En el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre la Renta de no Residentes, el concepto 'retención a cuenta' se define como' Cantidades que se detraen al contribuyente por el pagador de determinadas
rentas, por estar así establecido en la ley, para ingresarlas en la Administración tributaria como 'anticipo' de la cuota del Impuesto que el contribuyente ha de pagar (Fuente AEAT)'.


Están sometidas a retención las rentas de trabajo y de otras actividades económicas, rendimientos de capital mobiliario rendimientos de capital inmobiliario y determinadas ganancias patrimoniales.


Del mismo modo en el en el marco del Impuesto sobre Sociedades (IS) existe el concepto de 'ingreso a cuenta' que consiste en pagos fraccionados adelantados previos a la declaración anual del IS. Del mismo modo, las empresas están sometidas
a retenciones a cuenta principalmente en las rentas de capital mobiliario, rentas procedentes del arrendamiento o subarriendo de inmuebles urbanos, rentas obtenidas por las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, etc.


Segundo. El principal objetivo de las retenciones a cuenta del IRPF, Renta de no Residentes y determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas, es que el monto total de las retenciones practicadas se aproxime al
resultado final de la declaración anual de Renta.


El plazo para realizar la Declaración anual se establece en Orden del Ministerio de Hacienda, debido a que tanto la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, como el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, no indican los plazos de presentación de los plazos de declaración. Para el ejercicio 2019 la Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, determinó el lugar, forma y plazos de presentación. Normalmente, este
plazo se extiende desde el 1 de abril al 30 de junio, es decir 6 meses después de finalizado el periodo donde se han generado las rentas objeto de retención.


Cuando el contribuyente presenta la declaración anual del IRPF no debe abonar la totalidad del mismo ya que durante el ejercicio anterior le han sido detraídas de sus nóminas, ganancias de capital mobiliario etc, las citadas cantidades a
cuenta ingresadas a Hacienda por parte de la empresa empleadora, entidades financieras, arrendatarios, clientes y demás pagadores de rentas del contribuyente. Este sistema, implantado en 1978, implica que además de las obligaciones del
contribuyente, existen obligaciones para el retenedor que paga las rentas al contribuyente, consistentes en retener las cantidades establecidas y su posterior ingreso en Hacienda.



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Durante el ejercicio 2019, las retenciones a cuenta de las rentas y salarios generados sumaron un importe total de 84.970 MM €, cantidad que los contribuyentes debieron descontar de las obligaciones fiscales resultantes de la declaración del
IRPF, cuyo plazo de presentación concluyó en junio de 2020.


Tercero. Ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.


'El Impuesto sobre Sociedades grava la renta de las sociedades y demás entidades residentes en todo el territorio español. (Fuente: AEAT). Grava los beneficios que obtienen las empresas durante un ejercicio fiscal y está regulado por la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.


El IS cuenta con la figura de los ingresos a cuenta. Se trata de un ingreso que debe hacer la empresa a favor de Hacienda, a través del Modelo 202 de pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, durante los meses de abril, octubre y
diciembre. Estos pagos fraccionados pueden realizarse bien aplicando un porcentaje sobre la cuota íntegra del Modelo 200 del ejercicio anterior, o bien sobre los beneficios producidos en el año en curso, opción esta última obligatoria para grandes
empresas y optativa para el resto. El problema es que los plazos para poder acogerse a esta opción son muy ajustados, debiéndose presentar a través del Modelo 36 la intención de acogerse a esta modalidad de pago fraccionado.


En un ejercicio como el actual, inmersos en una grave crisis económica, en la que los resultados empresariales están sufriendo importantísimas reducciones, las empresas que tengan que hacer frente a ingresos a cuenta con base en los
resultados del ejercicio anterior sufren un doble impacto negativo:


- Las empresas ven reducida su liquidez por el pago de unos impuestos sobre unos beneficios que no se corresponden con el ejercicio presente.



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- Cuando liquiden el Impuesto sobre Sociedades del año 2020, en julio de 2021, muchas de ellas tendrán derecho a una devolución, por ser mayores los ingresos a cuenta que el resultado final del Modelo 200. Legalmente, las devoluciones
pueden retrasarse meses, ya que según lo expuesto en el artículo 23 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, el plazo de resolución es de 6 meses, hecho que puede suponer falta de
tesorería en las empresas.


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El total de los ingresos a cuenta alcanzó en el año 2019 un monto total de 22.331 MM €.


El importe total de las retenciones a cuenta en el marco del Impuesto sobre Sociedades alcanzó en el año 2019 los 3.318 MM €.



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Cuarto. La pandemia Covid-19 ha tenido unos drásticos efectos tanto sobre la salud de la población, con más 861.000 infectados y 50.000 muertes, como sobre el tejido empresarial de nuestro país.


Las medidas de confinamiento y de cierre de fronteras han dado lugar a un menor consumo por parte de las familias, lo cual repercute directamente en la actividad del comercio. El confinamiento ha supuesto un duro golpe para el comercio
minorista, excepto, como es lógico, el de alimentación, el cual experimentó un notable aumento al inicio del confinamiento a consecuencia de la acumulación de alimentos por parte de la población.


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Este menor consumo interior y la limitación a las exportaciones ha sido devastador para la actividad de las empresas. El mes de abril, el primero donde la población estuvo confinada en su totalidad, representó una brutal caída de la
actividad de la industria española, la cual representa el 16% del PIB nacional. Especialmente grave fue la caída de la producción de 'bienes de equipo', sector con un marcado carácter exportador en nuestra economía.


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Del mismo modo el cierre de fronteras ha sido devastador para el motor económico de nuestro país: el turismo. Supuso, durante abril y mayo, la ausencia de turistas internaciones. La apertura de fronteras no ha cumplido las expectativas de
recuperación del turismo fundamentalmente por las recomendaciones de países de no viajar a España. En julio, los turistas extranjeros gastaron un total de 2,450 MM €, un 79 % menos que en el mismo mes de 2019.


Evolución interanual de principales magnitudes del sector hotelero


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El claro reflejo de la gravedad de la situación es el drástico aumento de la tasa de paro, amortiguado parcialmente por el mecanismo de los ERTE,s ( alrededor de 800.000 trabajadores), que impide incrementos superiores del número de parados.


Recientemente, el Gobierno ha empeorado su previsión de caída del PIB, estableciéndolo en un -11,2 % en el año 2020, lo que pronostica un incremento de número de parados, una reducción de la actividad empresarial y tensiones en las cuentas
públicas.


Quinto. En este escenario será fundamental que tanto las familias como las empresas puedan optimizar el uso de sus recursos financieros de cara a poder afrontar situaciones de desempleo, ERTE,s, necesidad de inversiones, etc. Eliminar o
reducir las retenciones a cuenta en el IRPF y los ingresos a cuenta, en el caso del Impuesto sobre Sociedades, ayudaría a incrementar la liquidez de familias, empresas y autónomos.


Estas medidas reducirían los costes de gestión asociados a la Administración Tributaria y a los contribuyentes ya que disminuirían notablemente los 'actos' de presentación de declaraciones.


Asimismo, debido a los medios tecnológicos existentes y al intercambio de información entre la Administración Tributaria y los diferentes pagadores de rentas, estas medidas no afectan a los mecanismos de control de los ingresos a los que
tiene derecho la Administración Tributaria (salvo tal vez para el caso de determinadas rentas a no residentes, donde la retención es liberatoria, es decir, igual a la tarifa del impuesto).


Estas medidas contribuirían a crear un régimen tributario más justo, ya que hay un importante número de contribuyentes exentos de pagar el IRPF que, sin embargo, sufren retenciones y presentan la declaración con el simple fin de
recuperarlas. Algunos contribuyentes, y este fenómeno se producen solo en rentas muy bajas, no presentan la declaración y pierden las mismas, lo cual supone un pago indebido del impuesto.


Sexto. De cara a eliminar el incremento del déficit público originado por estas medidas, al no disponer el Estado de estos recursos durante el periodo que media entre el ingreso de la retención o pago a cuenta y la declaración del empresas.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


a) Eliminar o reducir las retenciones a cuenta de la Agencia Tributaria, de manera transitoria para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, reguladas por el Artículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos



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sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio realizando el pago ( en caso de Declaración a pagar) en el momento de presentación de la Declaración anual de IRPF (Modelo 100) desde abril hasta el 30 junio del año
siguiente al ejercicio en el cual se han generado las rentas objeto del impuesto.


b) Eliminar o reducir los ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de manera transitoria para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, reguladas en el Artículo 128 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En el
marco de este Impuesto, eliminar o reducir las retenciones a cuenta.


c) Permitir al Tesoro Público la emisión de deuda a corto plazo de cara a financiar el déficit que estas medidas provocarían.


d) Plantear el adelanto de presentación del Modelo 100 y del Modelo 200 tres meses respecto al plazo actual.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso de Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
Nacional de recuperación e impulso del sector turístico, para que se debata en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. Antes de la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en la provincia de Wuhan (República Popular China), el turismo representaba el 12 % del PIB, con casi 150 mil millones de Euros según la Cuenta Satélite
del Turismo Español (CSTE) -sistema que permite medir el impacto del turismo sobre la economía nacional-, el 13 % del empleo y, a su vez, contribuía con un saldo de 48 mil millones de euros a la balanza de pagos de nuestra economía. Durante 2019,
nos visitaron más de 84 millones de turistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), haciendo de España el segundo país del mundo como destino turístico después de Francia. Según el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza,
España en 2019 fue, por tercer año consecutivo, el líder mundial en competitividad turística, por delante de Francia o Alemania.


Según el citado Foro, el liderazgo de España se debía, entre otras cuestiones, a los excelentes recursos culturales y naturales, unidos a una formidable red de infraestructuras 5. Asimismo, España era el cuarto país del mundo en el ránking
de celebración de eventos deportivos y congresos, tras Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.


Con una economía como la española, donde el turismo es uno de sus pilares y un destacado motor económico y de desarrollo social (en 2017 el turismo representó el 11,8 % del PIB y en 2018 sostuvo el 13,5 % del empleo 6), la aparición del
SARS-CoV-2 ha sido catastrófica a todos los niveles. En su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del pasado día 9 de septiembre, el Secretario de Estado de Turismo, el Sr. Valdés Verelst, reconoció pérdidas del 75
% para el sector. Por otro lado, EXCELTUR 7, asociación sin ánimo de lucro formada por 28 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, en su última 'revisión del impacto del COVID-19 sobre el sector turístico español' de 18
de agosto de 2020, señaló que la caída de actividad turística directa más indirecta (PIB


5 'Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo 2019' elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum).


6 'Tourism Trends and Policies 2020' elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


7 Meliá, Iberia, Globalia, NH Hotel Group, Iberostar, Riu, Google, Amadeus o Renfe, entre otros.



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Turístico) para el conjunto de 2020 ascendería a 98.753 millones de euros (es decir, 15.620 millones de euros más de caída que los 83.134 millones de euros que ya se preveía en el escenario de junio, antes de los actuales rebrotes y
consecuentes restricciones de movilidad). Ello supondría cerrar 2020, un 64,7 % inferior a los niveles de actividad turística de 2019.


Impacto conjunto año 2020


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Fuente: Exceltur / Alianza para la Excelencia Turística


Segundo. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARVS-CoV-2, supuso la paralización del turismo en España, provocando un
fuerte impacto económico en el sector. Según la Encuesta de Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), que tiene como objetivo principal proporcionar estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes en España que llegan a
nuestro país, entre enero y julio de 2020 España recibió 13 millones de turistas internacionales, un 72 % menos que en 2019. Asimismo, según datos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) el tráfico de pasajeros aéreos registró una caída
interanual del 76,2 %, (-61,8 % nacional y 80 % el internacional).


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Fuente: Exceltur / Alianza para la Excelencia Turística.


Respecto al empleo, Exceltur señala en su último informe, anteriormente referido, que el negativo efecto sobre el mismo, se elevaba a cierre de julio de 2020, a 823 mil empleados menos que en 2019. Según el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), los datos citados derivan de las caídas de contratación de un -67 % en el alojamiento, un -87 % en agencias de viajes, un -81 % en transporte aéreo, un -46 % en restauración y un -45,2 % en establecimientos de ocio.


Tercero. Ante esta situación, el Gobierno presentó el 18 de junio del presente año el conocido como 'Plan de Impulso del sector turístico'. Este plan, lejos de contentar a los representantes del sector,



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supuso un fuerte varapalo para las expectativas que tenían los profesionales del turismo. El plan estaba pensado para una situación muy optimista, con clara recuperación del turismo ante la próxima apertura de fronteras y se suponía, como
así lo dice su propio nombre, que constituiría un impulso orientado a la competitividad, la sostenibilidad y formación de los operadores en líneas generales.


Paralelamente, se publicaron varios protocolos sanitarios o guías de medidas para la reducción del contagio por COVID-19 en el sector turístico. Estas guías, elaboradas a imagen y semejanza de las realizadas previamente por las asociaciones
representativas del sector, ante la inacción del Gobierno, dieron origen a la creación, por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, del distintivo 'Responsible Tourism', cuya ejecución en la práctica y, según el sector, supuso un completo
malogro, al concederse sin ningún tipo de control.


Sin embargo, a pesar de los 'loables' objetivos del plan, la realidad que está viviendo el sector ha sido completamente distinta a la esperada. Tras la pérdida de vigencia del estado de alarma el pasado 21 de junio, y la asunción por parte
de las comunidades autónomas de la gestión de la crisis sanitaria en sus respectivas circunscripciones, se ha vivido una multiplicidad de normas que, sin bien tendrían una cierta coordinación con el Gobierno, a través del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud ('CISNS'), en la práctica ha dado lugar a situaciones completamente distintas en apenas unos kilómetros de diferencia, creando confusión e incoherencia en la toma de decisiones por parte de los administraciones
competentes, rompiendo, a su vez, la unidad de mercado.


Por su parte, dentro de las competencias del Gobierno (Sanidad Exterior, artículo 149.1 16.º de la Constitución española), una vez abiertas las fronteras exteriores, no se exigió tests para la detección del virus, ni en origen ni en destino:
únicamente rellenar un documento de contacto estándar que no aporta ningún tipo de información sobre el estado de salud del viajero, y control de temperatura y visual del mismo. Además, la falta de medidas urgentes y necesarias, como la ampliación
de los ERTEs más allá del 30 de septiembre, o la ampliación de las prórrogas en moratorias de pago de deudas, han causado que el sector viva en un clima de desconfianza respecto a la recuperación, siendo muchos los negocios que se vieron obligados a
cerrar definitivamente o a no retomar la actividad durante el verano.


Cuarto. Ante la aparición de los primeros rebrotes por COVID-19, el pasado 14 de agosto, tras la reunión extraordinaria del CISNS, se aprobaron una serie de actuaciones coordinadas en salud pública. Entre las medidas adoptadas destacaron
el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo) y la limitación de horario en los servicios de hotelería en toda España, sin perjuicio, además, de las diferentes medidas
extraordinarias que se han adoptado en determinadas comunidades autónomas. Asimismo, el incremento de los rebrotes llevó a otros países a adoptar restricciones a los viajes con destino a España, como el Reino Unido, que estableció una cuarentena
obligatoria para todos los viajeros procedentes de España y la recomendación de no viajar si no era estrictamente necesario. El Reino Unido, principal emisor de turistas a España, no fue el único y gran parte de países europeos actuaron de forma
análoga. Todas estas medidas restrictivas han perjudicado, más si cabe, la confianza del turista extranjero.


Es imposible prever con exactitud las catastróficas consecuencias que la crisis económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 está causando en el sector turístico. Si al inicio de la epidemia el Gobierno actuó tarde, negando la
evidencia, haciendo oídos sordos a lo que nos decían otros países afectados como Italia y no estableciendo controles sanitarios en las fronteras exteriores de España, hoy se suma la amenaza de adoptar nuevas medidas restrictivas ante los rebrotes
del COVID-19, por parte tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Es evidente, por tanto, la falta de coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas, provocando, así, el aumento de la desconfianza en
la recuperación económica de España y del sector turístico. Todo ello está causando la desaparición de un sector esencial para nuestro PIB y para nuestra imagen internacional como país que durante décadas ha ocupado posiciones de liderazgo a nivel
mundial. Si no llega el turismo a España, la economía estará condenada a depender de la financiación exterior 8.


Quinto. La crisis que vive el turismo arrastra a otros subsectores que, en gran medida, dependen del mismo, como el transporte (Transporte aéreo, marítimo y terrestre, agencias de viajes y los operadores turísticos, VTC, taxis, etc.),
hostelería y restauración, asistencia de seguros y viajes, ocio, exposiciones y congresos, entre otros.


8 https://www.eleconomista.es/economía/noticias/10640021/ 07/20/Si-no-llega-el-turismo-extranjero-Espana-vuelve-a-estar-condenada-a-depender-de-la-financiacion-exterior-.html.



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En cuanto a la hostelería, la crisis económica y sanitaria del COVID-19 está golpeando, igualmente, de forma muy severa al sector. La adopción de nuevas medidas sanitarias, como la limitación de horarios en los servicios de hostelería en
toda España, y la amenaza de ciertas comunidades autónomas de adoptar nuevas restricciones (caso paradigmático es la Comunidad de Madrid), ha provocado que muchos de estos negocios sean inviables, tanto por la falta de clientes y de turistas como
por la falta de un plan alternativo ante la nueva situación.


Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Hostelería que realiza trimestralmente la Confederación Empresarial de Hostelería de España ('Hostelería de España'), entre los meses de abril y junio estuvieron empleados en el
sector 400.000 trabajadores menos que en los mismos meses del año anterior, 1,4 millones frente a 1,8 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Asimismo, el impacto del COVID-19 se ve reflejado en la facturación de los
establecimientos hosteleros que en el primer semestre del año supuso un 50,5 % menos que el año anterior, con las mayores caídas en los meses de abril y mayo, de un 94,4 % y 87,1 %, respectivamente.


En cuanto al número de turistas que visitaron nuestro país en el segundo trimestre del año, no alcanzó los 205 mil personas, frente a los 24 millones de turistas que se recibieron en el mismo trimestre de 2019. Como consecuencia, se han
dejado de recibir, según el Observatorio de la Hostelería, al menos 11.800 millones de euros que se alcanzaron en el mismo periodo de tiempo del año pasado.


Asimismo, respecto a la ocupación en el alojamiento turístico también contrastan los datos con los registrados un año atrás, con 4,3 millones de pernoctaciones entre los meses de abril y junio, frente a los cerca de 127 millones que se
alcanzaron en 2019.


Ante esta situación, y debido a los rebrotes que están teniendo lugar en las últimas semanas, las previsiones del conjunto del año arrojan cifras muy negativas, con pérdidas de 65.000 negocios hosteleros que pueden ascender a 85.000 en el
peor de los casos, y entre 900.000 y 1,1 millones de empleos menos, entre directos e indirectos. Asimismo, la facturación podría suponer descender por encima del 50 %, con pérdidas de hasta 67.000 millones de euros 9.


Sexto. Asimismo, dentro de la hostelería, el sector del ocio nocturno, como actividad complementaria al turismo, ha sido uno de los sectores económicos más castigados por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. De acuerdo con los
datos de empresarios y asociaciones del sector del ocio nocturno, desde marzo del presente año el 60 % de los establecimientos no ha abierto y los que lo han podido hacer, lo han hecho en unas condiciones pésimas. Según estas mismas fuentes, se
calcula que el 70 % del sector está en serio riesgo de desaparición. Además, se prevé un descenso de la facturación en el global del ejercicio de un 80 % menos que el pasado.


Hay que recordar que el sector del Ocio Nocturno es clave para el turismo y la cultura, pues agrupa a 25.000 empresas de distinto tamaño, factura aproximadamente 20.000 millones de euros al año, y genera más de 250.000 empleos, 28.000 de los
cuales son autónomos vinculados a las artes escénicas, entre ellos músicos, cantantes, bailarines y técnicos de imagen y sonido, entre otros. Asimismo, este sector atrae a los turistas, ya que más del 30 % de los clientes de estos locales
pertenecen a este colectivo, ya sean extranjeros o nacionales. No hay que olvidar, como señala el sector, que numerosos turistas eligen su destino en función de la oferta de ocio nocturno, siendo el mismo un complemento turístico de cada región.


En definitiva, existe un riesgo claro de desaparición del sector, estimando la patronal que presentarán concurso de acreedores cerca del 80 % de los negocios de ocio nocturno. Además, alegan que las medidas adoptadas por el Gobierno, en
coordinación con las comunidades autónomas, a través del CISNS, como el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo), se adoptaron sin tener en cuenta la opinión de los
empresarios, y sin ofrecer ningún plan alternativo ni paquete de ayudas, sociales y económicas al sector. Además, se está demostrando que las citadas medidas, pensadas exclusivamente desde el punto de vista sanitario sin tener en cuenta otros
posibles factores, no están siendo efectivas por dos motivos: el primero, que los rebrotes y el número de contagios siguen al alza en España a pesar del cierre del ocio nocturno y, en segundo lugar, el impacto económico y social que están
provocando al sector las citadas medidas, puede causar su ruina. Por el contrario, se han realizado campañas que vinculan el ocio nocturno con el incremento de contagios.


A esto se suma la previsible subida de impuestos anunciada por el Gobierno, o el estado de las moratorias para el pago de determinadas deudas cuando no tienen actividad o la misma es prácticamente nula, que hace que el sector viva mucho más
que una crisis. El sector del ocio nocturno está abocado a la desaparición si no se toman medidas urgentes, no ya de impulso, sino de mantenimiento y recuperación.


9 Observatorio de la Hostelería, 2.º trimestre de 2020. Confederación Empresarial de Hostelería de España.



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Séptimo. Otro segmento especialmente afectado por la caída del turismo ocasionado por la crisis del COVID-19 es el de las agencias de viajes. Por citar algún ejemplo que sirva para ilustrar el drama del sector basta decir que las cerca de
4.000 agencias de viaje oficiales este mes de agosto han facturado 590.000 euros, mientras que en el mismo periodo de 2019, la facturación alcanzó los 350 millones de euros, un 99,8 % menos. Diversos problemas aquejan a este segmento, pero el hecho
de que la normativa les haga responsables solidarios de la devolución de los viajes contratados y que han sido cancelados o anulados les ha sumido en la más completa ruina: están obligados a devolver cantidades que no han cobrado a título
particular (sino que han sido ingresadas a sus proveedores -aerolíneas, touroperadores, etc-) quienes no les han reintegrado aún estas cantidades, viéndose obligados las agencias a adelantar dichas cantidades cuando llevan 6 meses sin apenas
ingresos y teniendo en consideración los escasos márgenes en su modelo de negocio. Incluso se han visto obligados a devolver los gastos de gestión de los viajes del IMSERSO, con lo que los ingresos no han existido. De no tomarse las medidas
adecuadas, muchas agencias están en riesgo de desaparecer.


Octavo. Por otro lado, el sector del transporte también juega un papel importante en el turismo. Si bien desde las Administraciones se han facilitado ayudas al transporte aéreo, los servicios de transporte discrecional, que tanto dependen
del turismo, han sido los grandes olvidados. La grave crisis del sector es claramente apreciable con los datos de la Encuesta de Transporte de Viajeros (TV) del INE del mes de julio, publicada recientemente, según la cual el transporte discrecional
descendió un 87,7 % en relación con julio de 2019.


Las asociaciones y empresarios del sector de transporte discrecional, compuesto en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, llevan avisando desde hace meses que se deben tomar medidas urgentes. La situación actual es insostenible.
De hecho, desde dicho sector se manifiesta que, de seguir así la situación, en los próximos meses se van a cerrar empresas, va a haber concurso de acreedores y todo esto conllevará una pérdida de empleo que cifran entre el 70 % y el 80 % de los
aproximadamente 50.000 puestos de trabajo que genera el sector


Noveno. Además de lo expuesto, no hay que olvidar el turismo interior por residentes. Son muchas las circunstancias que hacen que el turismo de residentes sea un elemento clave, pues es prácticamente la mitad del turismo. Así, durante los
meses de verano, las fiestas patronales de los municipios son un reclamo importantísimo para el turismo: feriantes, espectáculos musicales y culturales, corridas de toros y otros eventos taurinos hacen que los municipios vivan un florecimiento
puntual de sus economías. Estos sectores, especialmente maltratados por el Gobierno y las comunidades autónomas desde la pérdida de vigencia del estado de alarma, no pueden quedar fuera de los planes turísticos que se desarrollen y deben ser objeto
de una especial atención. La inmensa mayoría están constituidos, igualmente, por PYMEs y autónomos, con escaso margen de beneficios y sin otra actividad complementaria, por lo que son negocios especialmente vulnerables, máxime cuando, como es el
caso, las fiestas patronales, ferias y otros eventos, han sido suspendidos durante este verano (v. gr. Los Sanfermines, entre otros miles).


Y es que, durante el verano, hemos visto que el sector del turismo interior ha resistido mejor que otros a las presentes circunstancias. Sin embargo no es suficiente, y tal como indicaba en el mes de julio la directora de la Comisión
regional de Europa de la OMT: 'España y algunos países del sur de Europa han tenido cierta tendencia a la pasividad' y recomendaba 'que planifiquen mejor y sean más proactivos'. Lo mismo reclama la Mesa del Turismo, la Confederación Española de
Agencias de Viajes, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos e incluso la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en autocares, ANETRA, HOSTELERIA ESPAÑA, entre muchos otros.


Por todo ello se hace necesario establecer políticas decididas que permitan la supervivencia del sector turístico y de aquellas otras ramas económicas que están íntimamente relacionadas con el mismo; políticas que deben estar en
coordinación con aquellas administraciones con competencias en las diversas materias con el fin de establecer un plan único en todo el territorio nacional, que evite las desigualdades, ahorre esfuerzos y dé una imagen de unidad en el exterior.
Estos planes deben incluir a todos los sectores afectados que tengan relación con el turismo, estableciendo medidas concretas para cada uno de los segmentos, en función de sus necesidades concretas. Solo de esta forma, cuando la crisis haya
concluido, se habrán conservado los niveles de calidad y competitividad que han hecho de España la primera potencia mundial del turismo, conservando gran parte de los puestos de trabajo que presenta el sector y la riqueza que crea.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las comunidades autónomas y los diferentes representantes del sector del turismo en España, un Plan Nacional de recuperación e impulso del sector turístico,
así como de los sectores íntimamente relacionados con el mismo, a fin de articular un conjunto de ayudas y medidas económicas y sociales para mitigar el impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19. A tal fin se proponen las siguientes
actuaciones:


1. Promover, a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, la aplicación de los mismos criterios en todo el territorio nacional, pues el sistema actual genera diferencias entre las diferentes comunidades autónomas que no favorecen la
solución a los grandes problemas.


2. Proponer iniciativas y acciones para la mejor promoción exterior del turismo español y para la mayor eficiencia y optimización de la cooperación entre las Administraciones públicas y el sector privado, con el objetivo de contribuir a la
mejor comercialización de los productos y destinos turísticos españoles.


3. Apoyar la comercialización exterior del turismo español


4. Inclusión en los planes del sector turístico a todos los sectores relacionados directamente con el mismo, a fin de no perder competitividad ni calidad.


5. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % al IVA turístico, a los servicios de hostelería, al sector del ocio nocturno, así como a la entrada a los espectáculos culturales (teatros,
circos, festejos taurinos, conciertos, etc.).


6. Prorrogar y flexibilizar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada por causa derivadas del COVID-19 para las empresas vinculadas al turismo, como instrumento decisivo para evitar las pérdidas de empleos y dotar al sector
de cierta estabilidad y certidumbre, hasta el mes de junio de 2021.


7. Establecer acuerdos con las comunidades autónomas y Ayuntamientos para que flexibilicen las condiciones de los pagos de tributos locales a empresas relacionadas con el turismo mediante fraccionamientos, con plazos amplios mientras dure
la crisis ocasionada por el SARVS-CoV-2.


8. Instar a los Ayuntamientos y otras administraciones competentes a flexibilizar horarios de apertura y consumo, así como de requisitos para la instalación de terrazas en el caso de la hostelería. En ese sentido, será necesario fijar los
aforos en función de la distancia de seguridad.


9. Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas ICO y créditos al 0 % de interés para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.


10. Promover el incremento del período de carencia para la devolución de préstamos, incluidos los créditos ICO y los avalados por el Estado, para evitar dañar más aún si cabe la liquidez de las empresas del sector.


11. Eliminar la tributación por IRPF de cheques restaurante y recuperar el gasto deducible para profesionales, autónomos y empresas de hostelería, lógicamente con justificación por motivos empresariales o profesionales mediante declaración
responsable.


12. Creación de planes para al mantenimiento del empleo, especialmente de los colectivos más vulnerables, así como medidas para fomentar la contratación indefinida.


13. La aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como la Directiva Bolkestein, con el objetivo de conseguir
una mayor simplificación en los procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios y un sistema de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como la puesta en marcha de
nuevos establecimientos y reorganización de los existentes.


14. Inclusión de taxis, VTC, transporte discrecional, coches de alquiler sin conductor y cualquier tipo de transporte público ligado de forma significativa con el sector dentro de los planes para recuperar el sector turístico.


15. Establecer nuevos protocolos sanitarios y de detección del COVID-19 con los touroperadores y compañías áreas. Es imprescindible el establecimiento de estrictos controles de entrada a España, mediante la exigencia de test de detección
en origen y a la llegada.



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16. Revisión y, en su caso, modificación de las guías de seguridad para aplicar protocolos anticontagio del COVID-19, ampliando a otros sectores de ser necesario.


17. Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en el sector turístico y en los servicios de hostelería, enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a
fin de evitar contagios.


18. Promover el establecimiento de incentivos para el turismo interior.


19. Diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción de la hostelería, recabando de la ayuda de todos los agentes del sector y administraciones implicadas, con el fin de ofrecer una imagen unitaria. Estas campañas
deberán incidir, además de la excelencia y el alto valor añadido del sector, en el riguroso cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria, con el objetivo de tranquilizar a los usuarios, tanto nacionales como extranjeros.


20. Dotar a las administraciones competentes de mayores recursos económicos con el fin de que se creen nuevas líneas de apoyo a los comercios para el gasto económico que supone la implantación de medidas sanitarias y de seguridad requeridas
y que repercuten en la protección y salud del personal trabajador y de los usuarios.


21. Eliminar trabas burocráticas y trámites administrativos en aras de facilitar a las empresas la instalación de sistemas electrónicos, aplicaciones informáticas y cualquier tipo de iniciativa digital tendente a facilitar el cumplimiento
de los protocolos de seguridad sanitarios.


22. Apostar por la formación y la digitalización como elementos claves en la competitividad del sector


23. Mantener las medidas adoptadas hasta que la recuperación del sector.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María Ruiz Solás de la Cabeza, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


162/000447


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ángel López Maraver, D. Pedro Requejo Novoa, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley instando al Gobierno a impulsar
cualquier forma de hidrógeno de bajas emisiones que sea eficiente, para su discusión en Pleno.


Exposición de motivos


Primero. El hidrógeno (H) es el elemento más abundante del universo y el décimo quinto de la superficie terrestre. Principalmente se encuentra en forma de gas hidrógeno (H2) y, además, formando parte de compuestos químicos, como el agua o
la mayoría de compuestos orgánicos, incluyendo los hidrocarburos. En condiciones normales de presión y temperatura es inflamable, no tóxico, inodoro, incoloro y más ligero que el aire.


Dado que no se encuentra aislado en la naturaleza, es necesario producirlo mediante:


- Electrólisis del agua de mar, descomponiendo la molécula del agua y separando el hidrógeno del oxígeno mediante el aporte de electricidad. Si la electricidad utilizada es de origen renovable, el hidrógeno producido se conoce como
hidrógeno verde.


- El proceso de reformado de hidrocarburos, generalmente gas natural, calentando el gas y produciendo, mediante el uso de un catalizador, una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. En una segunda reacción, el monóxido de carbono se
combina con vapor para producir dióxido de carbono y más hidrógeno, obteniendo una mezcla de C02 y H2. El proceso global tiene un rendimiento energético del 65 % aproximadamente. El que se obtiene de esta manera se conoce como hidrógeno gris,
salvo que el proceso vaya seguido de la captura y fijación de C02, en cuyo caso se denomina hidrógeno azul o hidrógeno de bajas emisiones. Cuando se produce el reformado de biogás (en lugar de gas natural) o la



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conversión bioquímica de biomasa también podremos hablar de hidrógeno renovable si se cumplen los requisitos de sostenibilidad.


Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire, libera energía generando solamente vapor de agua como producto de la combustión.


No se considera una fuente primaria de energía -como los combustibles fósiles-, sino un vector energético que puede utilizarse para transformar, transportar y almacenar energía. Precisamente el último uso es clave en un escenario de
producción masiva de energías inagotables debido al inherente desfase entre producción y consumo. Así, el hidrógeno puede almacenarse como gas a presión y como líquido o distribuirse a través de las ya existentes infraestructuras gasistas.


En la actualidad, la industria es el principal usuario de hidrógeno en España, con un consumo en torno a 500.000 toneladas anuales, producidas fundamentalmente a partir de gas natural. Sin embargo, el potencial del hidrógeno proporcionando
energía limpia y asequible es enorme para el transporte a larga distancia, la navegación y la aeronáutica, la industria intensiva en procesos de alta temperatura o para el sector residencial calentando nuestros hogares. Habiéndose triplicado su
demanda desde 1975, existe el convencimiento de que el hidrógeno será un valioso vector energético cuya demanda seguirá creciendo.


Demanda global de Hidrógeno, en millones de toneladas (1975-2018)


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El Consejo del Hidrógeno (Hydrogen Council en inglés), organismo que nace en el Foro Económico Mundial de Davos 2017, cree que en el año 2050 el hidrógeno podría cubrir las necesidades energéticas de cerca de una quinta parte del mundo 10,
estimándose que el hidrógeno verde alcance el 8 % del consumo mundial de energía según cálculos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) 11. En este contexto, sería una de las alternativas más atractivas en la transición energética
para cumplir con los compromisos internacionales asumidos, cuya combustión genera tres veces más energía por kilo que la gasolina.


10 El hidrógeno se postula como el combustible del futuro. (15/11/2017). ABC. Recuperado de: https://www.abc.es/motor/reportaies/abci-hidrogeno-postula-como-combustible-futuro-201711150137_noticia.html


11 IRENA (Septiembre 2019) Hydrogen: A renewable energy perspective. ISBN : 978-92-9260-151-5 Recuperado de: https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Hvdrogen-A-renewable-energv-perspective.



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Segundo. La estrategia europea, 'Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra' 12, (en adelante la Estrategia), señala que la prioridad de la UE es el desarrollo del hidrógeno renovable, y que de cara a 2050, este se
debe desplegar progresivamente a gran escala, paralelamente al despliegue de la nueva generación de energía renovable, a medida que madura la tecnología y disminuyen los costes de sus tecnologías de producción. Sin embargo, reconoce que a corto y
medio plazo, se necesitan otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono, principalmente para reducir rápidamente las emisiones derivadas de la actual producción de hidrógeno y apoyar el uso paralelo y futuro del hidrógeno renovable.


Esta pone de manifiesto que, a fecha actual, ni el hidrógeno renovable ni el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con bajas emisiones de carbono son competitivos en términos de costes con el hidrógeno a partir de combustibles fósiles.
Los costes estimados del hidrógeno a partir de combustibles fósiles, que dependen mucho de los precios del gas natural, y sin tener en cuenta el coste de las emisiones de CO2, se sitúan en torno a 1,5 EUR/kg para la UE. Los costes estimados del
hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de carbono son de unos 2 EUR/kg, y los del hidrógeno renovable de entre 2,5 y 5,5 EUR/kg. Hoy en día, se necesitarían precios de entre 55 y 90 EUR por tonelada de CO2 para que
el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono fuera competitivo con respecto al hidrógeno a partir de combustibles fósiles.


También destaca que los costes del hidrógeno renovable están bajando rápidamente. Los costes de los electrolizadores ya se han reducido en un 60 % en los últimos diez años y se espera que se reduzcan a la mitad en 2030 en comparación con
los de hoy gracias a las economías de escala. En regiones en las que la electricidad renovable es barata, se espera que los electrolizadores puedan competir con el hidrógeno a partir de combustibles fósiles en 2030. Estos elementos serán factores
clave del desarrollo progresivo del hidrógeno en toda la economía de la UE.


El Consejo de Hidrógeno también confía en que la continua ampliación de la producción y distribución de hidrógeno conduzca a una disminución del 50 % de los costes para 2030 para muchas aplicaciones de hidrógeno, si se acompaña de las
adecuadas políticas de apoyo y se invierten unos 70.000 millones de dólares que se calculan necesarios para que el hidrógeno sea competitivo -lo equivalente al 5 % del gasto anual mundial en energía- 13.


Lograr un hidrógeno verde competitivo en costos a partir de la electrólisis requiere el despliegue de 70 GW agregados de capacidad de electrolizadores, con una brecha de financiación acumulada implícita con una producción de hidrógeno gris
de 20 mil millones de dólares. En transporte y en calefacción las inversiones necesarias son de 30.000 millones y 17.000 millones, respectivamente.


Para apoyar las inversiones, la Comisión puso en marcha la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio, que desempeñará un papel relevante facilitando y aplicando las acciones de la Estrategia europea y apoyando las inversiones para aumentar la
producción y la demanda de hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono.


Tercero. El 6 de octubre del presente año 2020, el Ejecutivo aprobó la Hoja de ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, (en adelante Hoja de Ruta del Hidrógeno) documento que tiene por objeto proporcionar las señales
adecuadas para fomentar el desarrollo de esta tecnología en España.


El despliegue del hidrógeno a 2030 fija una potencia instalada de electrólisis con fuentes de energía renovable de 4 GW, lo equivalente a un 10 % del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE. Asimismo, prevé que un
cuarto del consumo de hidrógeno industrial tenga origen renovable, establece una red de hidrogeneras y un parque de 5.000 vehículos ligeros y pesados alimentados con pila de combustible para el transporte de mercancías.


La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que en la próxima década el desarrollo del hidrógeno verde generará para la economía española más de 2.300 millones de euros anuales (hasta llegar a un total de 23.600
millones) con la creación de 30.000 puestos de trabajo 14.


12 Comisión Europea (8 de julio 2020). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las regiones. Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente Neutra.
(COM(2020) 301 final) Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?url=CELEX:52020DC0301&from=ES.


13 Llamas, F. (21.01.2020). Los costes del hidrógeno caerán bruscamente y antes de lo que se esperaba. El Mundo. Recuperado de: https://www.elmundo.es/motor/2020/01/21/5e26el3c21efa072158b45f4.html.


14 PIERGIORGIO M. S. (27 de septiembre de 2020). El hidrógeno creará un valor añadido de 23.600 millones en España en el 2030. 'La Vanguardia'. Recuperado de:
https://www.lavanguardia.com/economia/20200927/483689810156/transicion-energetica-hidrogeno-valor-anadido-espana.html.



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Sin embargo, la Hoja de ruta del Hidrógeno no contempla la producción de todas las formas de hidrógeno, incluido aquel de bajas emisiones o hidrógeno azul, pese a que la Estrategia europea lo considera necesario para el despliegue de un
mercado del hidrógeno renovable, que aún tiene un largo recorrido hasta ser competitivo y coste eficiente.


Cuarto. Este año, por primera vez, el hidrógeno iba a ser usado para alimentar la antorcha olímpica durante su travesía por Japón en el marco de unos Juegos Olímpicos aplazados por razones sanitarias. Se trata de una anécdota que simboliza
el número creciente de países que están apostando por este gas. La Unión Europea ha establecido como objetivo crear oportunidades de producción de hasta 10 millones de toneladas del llamado hidrógeno verde de cara al año 2030. Esto se debe a que
prácticamente la totalidad de las cerca de 70 millones de toneladas de hidrógeno que se producen en el mundo cada año proceden, por ahora, del gas o del carbón (hidrógeno gris). Francia ha anunciado en los últimos meses inversiones millonarias de
hasta 7.000 millones de euros para implementar el uso del hidrógeno como combustible. Portugal y Australia también lo han fijado como prioridad. Alemania adoptó una estrategia nacional de hidrógeno a principios de junio que ha dado subsidios que
ascienden a los 9.000 millones de euros para hacer que esta fuente de energía sea comerciable.


La industria, por su parte, también está afrontando nuevos retos y dinamizando la producción de este elemento. Destacamos H-vision, un proyecto que pretende acelerar la descarbonización del puerto de Rotterdam y la industria local
produciendo hidrógeno azul a partir de gas natural y gas combustible de refinería y capturando y almacenando el CÜ2 en campos de gas bajo el Mar del Norte. Incluyendo la infraestructura necesaria y las adaptaciones técnicas de los usuarios
industriales, la inversión total se estima en alrededor de 2 mil millones. Iberdrola anunció este verano que construirá la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial de Europa en Puertollano (Ciudad Real), con una inversión de 150 millones
de euros y 700 empleos. Talgo presentó recientemente su primer prototipo de tren con pila de combustible de hidrógeno para cercanías y media distancia. Airbus puso sobre la mesa un plan para estrenar en el 2035 el primer avión comercial de cero
emisiones, unas aeronaves híbridas que usan combustión de hidrógeno y pilas de combustible de hidrógeno que generan energía eléctrica y complementan la turbina principal. El constructor aeronáutico europeo trabaja en tres conceptos de aviones
propulsados por hidrógeno para 2035. La compañía está explorando todas las opciones de hidrógeno para determinar qué vía de hidrógeno podría desempeñar un papel clave en la ampliación de la tecnología de emisión cero a aviones más grandes.


Quinto. El impulso de otras clases de hidrógeno podría suponer un paso intermedio para el desarrollo pleno de las tecnologías de H2 renovable. El hidrógeno verde todavía es una tecnología que no está madura y queda un largo recorrido hasta
que sea competitivo y coste-eficiente; y sin embargo el hidrógeno azul o hidrógeno de bajas emisiones está mucho más avanzado y más cerca de convertirse en una tecnología competitiva.


Si el objetivo de una Europa climáticamente neutra, contemplado en el Acuerdo de París, ratificado por la UE el 5 de octubre de 2016, en vigor desde el 4 de noviembre del mismo año, invita a intensificar los esfuerzos y medidas de apoyo para
reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, no habría razón para esperar años a que una tecnología madure cuando tenemos otras disponibles ahora. La disponibilidad de hidrógeno azul permite a la industria reducir las emisiones mientras
fortalece nuestra posición competitiva y evita distorsiones en el mercado europeo.


Cualquier iniciativa debería llevarse a cabo bajo el principio de neutralidad tecnológica, incluyendo todas las fuentes de energía y tecnologías que permitan una contribución sustancial a uno o varios de los objetivos propuestos, evitando
favorecer unas en detrimento de otras. De este modo no se obstaculizará el desarrollo de tecnologías que en igualdad de condiciones podrían ser más competitivas y eficientes en términos tanto económicos como medioambientales.


Concluyendo, y tal y como señala la Estrategia europea, la prioridad política será establecer el marco regulador de un mercado de hidrógeno líquido y operativo, e incentivar tanto la oferta como la demanda en los mercados principales,
incluso mediante la reducción de la diferencia de coste entre las soluciones convencionales y el hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono, así como mediante normas adecuadas sobre ayudas estatales.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar todas las formas de hidrógeno que reduzcan emisiones y sean eficientes, estableciendo el marco regulatorio de un mercado de hidrógeno claro, estable y predecible, de modo que las inversiones cuenten con la necesaria seguridad
jurídica y se aprovechen las ayudas públicas provenientes de los distintos fondos de la UE particularmente enfocadas a proyectos relacionados con el clima.


2. Promover una fiscalidad atractiva de todas las formas de hidrógeno que reduzcan emisiones y sean eficientes, competitiva con los países de nuestro entorno, con el fin de poder captar las grandes inversiones que demanda la transición
energética y crear las condiciones que faciliten la atracción de talento en este campo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Mireia Borrás Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Jesús Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX


162/000448


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en el Pleno, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas desplazadas por causas medioambientales.


Exposición de motivos


El cambio climático no tiene los mismos efectos en todo el planeta ni las mismas consecuencias a largo plazo para todo mundo. La relación entre el clima, el hambre, la pobreza y los conflictos provoca que la inseguridad alimentaria se pueda
convertir en una causa de desplazamientos, según apunta el informe de 2019 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A finales del pasado año, 135 millones de personas de 55 países padecían inseguridad alimentaria aguda y el 80
% de las poblaciones desplazadas del mundo residían en estos.


Ya hay más de 64 millones de personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático, según Naciones Unidas, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que en 2050, en un mundo de 9.000 millones de
personas, habrá entre 200 y 250 millones de personas desplazadas por motivos ambientales.


El cambio climático es un 'multiplicador de amenazas': contribuye a la inestabilidad económica y política, además de agravar sus efectos; intensifica desastres de aparición repentina, como inundaciones y tormentas, y también desastres de
aparición paulatina, como sequías y desertificaciones. A su vez, estos desastres hacen que se pierdan cosechas, aumente el hambre y se agraven las condiciones de hacinamiento en los centros urbanos. Estas crisis enardecen el desasosiego político y
recrudecen los efectos de la guerra, lo cual produce más desplazamientos.


La población global sometida a desplazamientos forzosos se ha incrementado de manera sustancial durante los últimos dos decenios, cuando entre 1999 y 2011 las cifras de desplazados fluctuaban de forma estable. En 2013 se produjo la primera
solicitud de asilo por razones climáticas, por parte de loane Teitiota, ciudadano de Kiribati. Formulada a Nueva Zelanda, dicha solicitud fue rechazada ya que el requisito internacional para obtener la condición de refugiado no integraba el motivo
medioambiental como causa de asilo: el cambio climático no se incluye como definición de 'daño grave' en virtud de la Convención de Ginebra sobre el estatus de los refugiados.


Estimaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático ponen de manifiesto que, en ausencia de medidas de mitigación, es probable que el cambio climático desborde la capacidad de



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adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos. La magnitud del cambio climático podría llegar a un punto en que no fuera ya posible una adaptación efectiva, o lo sería con un costo social, medioambiental y económico muy alto.


Sequías e inundaciones, nuevas enfermedades y la desaparición de especies son solo algunas de las facturas que paga la naturaleza y quienes viven de ella en los países desindustrializados de menor renta per cápita, los más vulnerables al
calentamiento global, que además son los más expuestos a la contaminación generada por grandes empresas extractivistas (deforestación, suelos contaminados, etcétera). El calentamiento global también aparece entre los factores que, junto con razones
geopolíticas, origina conflictos tan sangrientos como la guerra de Siria (la subida del precio del trigo, debido a la escasez de lluvias en países productores, influyó en el estallido de ese y otros conflictos ligados a la Primavera Árabe). De los
50 países más afectados por el cambio climático, 36 están en África.


En la esfera de la seguridad internacional, el cambio climático ya está incluido en las agendas de numerosos Estados; en el caso de España, la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 ya contemplaba el cambio climático como 'el gran desafío
ambiental y socioeconómico del siglo XXI que plantea retos de gran trascendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable, los importantes cambios en las condiciones de producción de alimentos, el incremento de la competencia por los
recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes naturales -inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor-. Estos cambios ambientales también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia,
agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados'.


También la OTAN en su Resolución 427 'El Cambio Climático y la seguridad internacional', insta a los gobiernos miembros de la Alianza a reconocer plenamente, en su política exterior y de seguridad, que los riesgos asociados al cambio
climático son importantes multiplicadores de las amenazas.


Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce la existencia de desplazados ambientales e indica que la migración y el desplazamiento serán probablemente las principales
consecuencias del cambio climático, debido a los cambios en los patrones de clima extremo y eventos climáticos, que podrán ser graduales o repentinos.


Las repercusiones del cambio climático se han dejado sentir de forma incesante en la movilidad humana. Sin embargo, los movimientos migratorios acompañados de la necesidad de asilo y refugio se están produciendo por razones alejadas de la
Convención de 1951. La Convención de Ginebra en su artículo 1, define 'refugiado' como la persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual y tiene un fundado temor de persecución a causa de su raza, religión
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticos. No puede, o no quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar a él, por temor a ser perseguido.


Uno de los principales problemas al que se enfrentan los refugiados climáticos es su invisibilidad. La Convención de Ginebra sobre los Refugiados Políticos no reconoce aún las causas climáticas para conceder el estatuto de refugiado. La
Organización Internacional para la Migración (OIM) prefiere hablar de 'migrantes ambientales' que define como aquellas personas que, por razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan negativamente a sus vidas, se ven
obligados a abandonar sus hogares habituales, ya sea temporal o permanentemente, y que se desplazan ya sea dentro o fuera de su país. Países como Suecia o Finlandia son algunos de los que sí dan protección a estos migrantes ambientales. La
consecuencia de esto es evidente: al no ser reconocidos carecen de derechos como refugiados y además, difícilmente se puede analizar su situación ni plantear respuestas ante ellas.


La falta de reconocimiento dentro del ámbito de la Convención de Ginebra de 1951 de este nuevo tipo de categoría de persona desplazada provocó que, tras la Conferencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento en el siglo XXI, que tuvo
lugar en Oslo en junio de 2011, Noruega y Suiza lanzaran la Iniciativa Nansen. Esta fue concebida como un proceso de consulta internacional que pudiese generar un consenso generalizado entre Estados interesados en abordar la cuestión de los
desplazamientos por razones medioambientales y del cambio climático. La iniciativa busca generar una agenda operativa cuya finalidad última es establecer consenso entre los Estados para la protección de los desplazados medioambientales en el
contexto de los desastres naturales y los efectos del cambio climático.


Los países industrializados son quienes más emisiones de gases de efecto invernadero han generado a lo largo de la historia con su modelo de producción y consumo: el 80 % de los GEI emitidos en los últimos 150 años provienen de los países
industrializados. Y lo siguen haciendo, junto con los 'países emergentes', como China, India o Brasil. Sin embargo, son principalmente los países situados en la zona



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intertropical los más afectados y amenazados por el cambio climático y donde, además, mayoritariamente se encuentran los países más empobrecidos: las consecuencias del cambio climático las están sufriendo sobre todo las personas más
desfavorecidas y quienes menos han contribuido al cambio climático. Por ello, la comunidad internacional, especialmente las potencias industriales, debe asumir su responsabilidad en este sentido.


Además, según datos del Women's Environmental Network, hasta el 80 % de las personas desplazadas por el clima son mujeres, mientras que las comunidades indígenas son a menudo las más expuestas a fenómenos como la desaparición de ecosistemas
a causa del aumento del nivel del mar o del deshielo del permafrost -la parte profunda del suelo de las regiones frías permanentemente heladas-.


Según señalan diversas organizaciones, las mujeres son doblemente vulnerables. Primero porque después de los desastres, además de salir a trabajar o buscar dinero, sobre ellas recae generalmente la responsabilidad de continuar con
preocupaban la educación y la alimentación de su familia. Además, por otra parte, son doblemente víctimas del cambio climático y de la pobreza extrema al ser invisibilizadas y olvidadas.


El cambio climático es una cuestión de derechos humanos y los estados y las empresas tienen que actuar ahora para evitar daños mayores y proteger a las personas y las comunidades. Es necesario reconocer que deben tomarse todas las medidas
posibles para evitar el desplazamiento, pero también apoyar estrategias que garanticen que la gente que se ve forzada a hacerlo, lo haga de forma segura, con dignidad y en sus propios términos.


Por ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Apoyar y promover la iniciativa Nansen, para impulsar las iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras por razones
medioambientales.


2. Cumplir los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, y aumentar los esfuerzos para ir más allá del mismo, para evitar que el calentamiento global siga contribuyendo a amplificar las desigualdades existentes que
provocan, en consecuencia, un aumento de los desplazamientos forzados.


3. Tener en cuenta, a la hora de diseñar planes y programas de acogida, la especial vulnerabilidad de las mujeres ante los impactos del cambio climático que aumentan el riesgo de desplazamientos.


4. Garantizar los recursos suficientes a estos planes y programas para el adecuado cumplimiento del compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover
la inclusión de las personas refugiadas, desplazadas internamente y apátridas en los marcos nacionales de desarrollo, de manera que se incluya a las personas desplazadas por los impactos del cambio climático.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2020.-Juan Antonio López de Uralde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


162/000449


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas necesarias para garantizar la protección de los
derechos y la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


Sorprende que desde determinados sectores y formaciones políticas se culpabilizase a los niños, niñas y adolescentes migrantes tutelados, de la autoría de los altercados, actos vandálicos y saqueos que



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se cometieron durante aquellas jornadas. No es la primera vez que estos menores, mal llamados 'menas' (acrónico de menores extranjeros no acompañados), sean utilizados como chivos expiatorios de la criminalidad. Llama la atención esta
fijación, no obstante, dado que no existe ningún fundamento que permita concluir con tal asertividad que estos menores cometan los delitos que de manera recurrente algunos les imputan.


Los pocos datos disponibles a nivel nacional se refieren al conjunto de los menores extranjeros, sin diferenciar aquellos no acompañados que son tutelados por las comunidades autónomas. La estadística oficial muestra que no hay una relación
directa entre el aumento del número de niños, niñas y adolescentes que migran solos y los índices de delincuencia. Las memorias de la Fiscalía recogen que en el periodo que va entre 2012 y 2018, mientras el número de menores extranjeros no
acompañados pasó de 3.261 a 13.796, un crecimiento del 323 %, el número total de menores extranjeros que fueron detenidos e investigados cayó un 32 %, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En la memoria de 2018,
de hecho, la Fiscalía concluía que no puede establecerse ninguna relación entre esta mayor presencia de estos menores no acompañados, que registró niveles máximos ese año (más de 7.000 entradas) y la evolución de la criminalidad entre los menores de
origen extranjero, ya que los que el número de los que fueron detenidos e investigados cayó a mínimos de la serie histórica.


Sin embargo, esta falta de pruebas no parece hacer mella en una creencia que combina el temor y la inseguridad que genera la criminalidad que se produce, sobre todo, en entornos socioeconómicos vulnerables, con los prejuicios y la
intolerancia que son azuzados desde determinados sectores políticos populistas, que tratan de rentabilizar el miedo convirtiéndolo en odio a través de un colectivo vulnerable al que poder culpabilizar. Así sucede, por desgracia, con estos menores
tutelados. Pero resulta muy difícil dibujar a todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes como criminales. Por ese motivo, para que ese proceso de estigmatización resulte efectivo, previamente se ha despojar a estos menores de su
infancia y su adolescencia, como primer paso para despojarlos de su personalidad. No por menores se hace referencia a ellos siempre tras el parapeto de un acrónimo, 'mena', como si al utilizar este término con profusión se lograse encubrir que en
realidad se está hablando de niños, niñas y adolescentes, que están sometidos a la tutela de la administración porque están solos y no cuentan con ningún familiar ni referente adulto en nuestro país, al que llegan en circunstancias muy difíciles, a
veces tanto como las que les llevaron a abandonar su lugar de origen.


Todo esto, por supuesto, no quiere decir que muchos de estos menores no vivan en condiciones muy complicadas, lo que exacerba las posibilidades de que algunos de ellos acaben incurriendo en comportamientos que sean calificables como algún
tipo de infracción, en su mayoría leves, como hurtos y lesiones. Unas situaciones que ni mucho menos son exclusivas de los menores extranjeros, sino que afecta sin importar su origen todos los adolescentes y jóvenes que viven en entornos
socioeconómicos más vulnerables. Estas dificultades, por otra parte, crecen cuando se trata de menores tutelados por la administración en centros residenciales, ya que unen a las asociadas circunstancias específicas de vulnerabilidad las que se
derivan de la situación de desamparo en la que se encuentran, no pocas veces por causas muy traumáticas.


Por si lo anterior no fuera suficiente, las privaciones que padecen estos menores se ven acrecentadas por la falta manifiesta de medios humanos y materiales suficientes para garantizar su adecuada atención en los centros en los que residen.
Son numerosos los casos, constatados entre otros por el Defensor del Pueblo, en el que estos menores viven hacinados, en centros que no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad, climatización o ventilación óptimas -algo especialmente
preocupante en un contexto como el actual, marcado por la emergencia sanitaria causada por la crisis de la COVID-19- y en los que los profesionales que prestan servicios en los mismos se ven habitualmente desbordados en número respecto de los
jóvenes tutelados que tienen bajo su responsabilidad y a los que no siempre pueden vigilar o atender de manera personalizada como querrían y sería conveniente.


Esta falta de medios obedece, en primer lugar, a una inversión que tradicionalmente ha estado muy por debajo de los niveles suficientes para atender las necesidades existentes, sobre todo en momentos en los que la presión sobre los centros
se ve acrecentada por el incremento en el número de estos menores no acompañados que llegan a territorio español. También al escaso apoyo que hasta hace no demasiados años se prestaba al acogimiento familiar como opción preferente para la atención
de estos menores. Ahora bien, esta falta de inversión también se aprecia respecto de las políticas que deberían ponerse en marcha para promover su inclusión social y facilitar su tránsito a la vida adulta. Estas no siempre existen, o son
insuficientes o ineficaces, lo que provoca que para muchos de estos jóvenes,



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algunos de los cuales han vivido durante la mayor parte de su vida en España, se enfrenten a un punto de inflexión vital cuando cumplen la mayoría de edad: ese momento en el que dejan de estar bajo la protección de la administración,
expuestos a una sociedad que en muchos aspectos les resulta extraña y para la que ellos también lo son y para las que, por desgracia, muchas veces no se les ha preparado para poder labrarse un futuro por sus propios medios.


Pero las carencias en la atención que se dispensa a estos menores también se deben la falta de implicación, coordinación y colaboración entre las instituciones públicas, que ha provocado que no pocas veces los territorios más expuestos a la
llegada de migrantes -Ceuta y Melilla, Canarias, Andalucía o Baleares-, en la mayoría de casos únicamente con finalidad de tránsito hacia otro destino definitivo, sean quienes tengan que hacer frente en solitario, con sus medios propios y sin ayuda
ni apoyo por parte del resto de comunidades autónomas ni del Estado, de la atención de estas personas. Una asunción de responsabilidades, muchas veces fortuita, que resulta más compleja en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, no
solo por las cautelas, precauciones que han de tomarse y las especialidades que han de seguirse en los procesos para su identificación, sino también por la tutela que se constituye para estos menores a cargo de la administración que queda encargada
de esta acogida.


También en estos procedimientos de acogida resulta patente la falta de medios para asegurar una atención adecuada y con todas las garantías debidas en todo momento y circunstancia. Desgraciadamente, no siempre es así, como atestigua el
trato sufrido por niños, niñas y adolescentes que, una vez recibidas por las autoridades, son separados para su identificación de las personas que identifican como sus padres, madres o familiares. Una actuación traumática que, aun cuando la
relación de parentesco no fuese cierta, resulta en todo caso innecesaria. Algo similar puede decirse respecto de los procedimientos para la determinación de la edad de estos menores, no pocas veces demasiado invasivos y poco respetuosos con la
presunción de minoría de edad que debería regir este tipo de actuaciones.


Desde Ciudadanos consideramos necesario, por supuesto, que se doten los recursos y los medios humanos y materiales que sean necesarios para garantizar una adecuada atención de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, tanto
en el momento de su acogida como en su posterior estancia en centros de menores tutelados. Pero no creemos que los problemas que aquejan a las políticas desplegadas respecto a estos menores guarden relación únicamente con una falta estructural de
recursos. Resulta igualmente preciso un replanteamiento profundo del modelo de acogida, protección, atención e integración que se ofrece a todos estos niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir descargando toda la responsabilidad en un modelo
fragmentado, descoordinado y despersonalizado.


Desde Ciudadanos creemos que tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo, donde el Estado asuma directamente las competencias en la primera acogida de estos menores, incluida la realización de las oportunas pruebas para su identificación y la
atención de sus necesidades básicas, así como posteriormente encargarse de la determinación y posterior traslado de estos menores a los recursos disponibles de las comunidades autónomas, existentes en todas ellas y repartidos por todo el territorio
formando un entramado integrado y coordinado, primando en todo momento el acogimiento familiar siempre y tan pronto como sea posible en todos los casos. Un modelo, también, en el que se apueste de manera decidida por la integración ya incluso antes
de iniciar el tránsito a la vida adulta, con la finalidad de que estos menores, en todo lo posible, puedan vivir su infancia y adolescencia y desarrollarse de forma libre y plena.


Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos y la atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, incluidas
las tendentes a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos prioritarios:


1. Garantizar la protección de estos menores frente a las campañas de estigmatización, los discursos de odio y los delitos discriminatorios de los que son víctimas de modo recurrente, empezando por desterrar el uso del término 'mena' en la
documentación, información y comunicación institucional, así como en las declaraciones que efectúen cargos públicos.


2. Potenciar el acogimiento familiar, tanto temporal como, sobre todo, permanente, como opción preferente para procurar la protección, cuidado y atención de estos niños, niñas y adolescentes, así como



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la más adecuada para promover su plena inclusión social, estableciendo los incentivos adecuados para atraer cada vez más familias de acogida.


3. Asegurar la adecuada dotación de recursos y medios humanos y materiales en los centros residenciales de menores tutelados de responsabilidad pública, de modo que estas instalaciones reúnan las condiciones óptimas de habitabilidad
(seguridad, salubridad, climatización, ventilación, etc.) y cuenten con el personal necesario para atender de manera adecuada y personalizada a los niños, niñas y adolescentes que residan en ellos.


4. Impulsar una revisión profunda del modelo de acogida, atención y protección de menores migrantes no acompañados, de modo que el Estado asuma las competencias sobre la primera acogida de estos niños, niñas y adolescentes, así como sobre
la posterior distribución de responsabilidades sobre los mismos entre las diferentes comunidades autónomas, en función de criterios objetivos y buscando un reparto equilibrado atendiendo a los recursos disponibles y las responsabilidades asumidas
por cada una.


5. Desarrollar políticas eficaces para la integración social de estos niños, niñas y adolescentes, ya con anterioridad a que se inicie el tránsito hacia la vida adulta propiamente dicho, a través de acciones para la inserción social y
formativa desplegadas en el marco de itinerarios personalizado para cada uno de estos menores, elaborados desde los servicios sociales comunitarios, en coordinación con los centros escolares y en colaboración con las entidades del Tercer Sector de
Acción Social en el ámbito de la infancia y la adolescencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES


COMUNIDADES AUTÓNOMAS


093/000007


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(93) Convenios entre comunidades autónomas.


Autor: Senado.


Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León.


Acuerdo:


Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN


En Arija (Burgos), a 27 de octubre de 2020


REUNIDOS


De una parte, el Exorno. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, nombrado por Real Decreto 409/2019, de 28 de junio, en ejercicio de las competencias que le confiere el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.


Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León, nombrado por Real Decreto 429/2019, de 11 de julio, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 27.1 del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León y el 6.5 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.


MANIFIESTAN


Que la diversidad de asuntos que las comunidades autónomas deben abordar en el ámbito de sus competencias, aboga, desde la perspectiva de una mayor eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades, por el mantenimiento de relaciones
basadas en los principios de colaboración y cooperación.


Que las Comunidades Autónomas de Cantabria y de Castilla y León comparten elementos tanto territoriales, históricos, económicos como culturales, que facilitan la realización de programas y proyectos comunes en beneficio de sus habitantes,
permitiendo así conseguir un futuro de progreso y desarrollo.


Que la colaboración se encuentra implícita en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado, implantada por la Constitución y, por ello, las relaciones interautonómicas de colaboración y cooperación se encuadran dentro
del marco constitucional del estado de las autonomías.


El artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que 'La Comunidad de Castilla y León podrá establecer relaciones de colaboración en asuntos de interés común con otras comunidades autónomas, especialmente con las
limítrofes y con aquellas con las que le unen vínculos históricos y culturales'.


En el mismo sentido, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, establece que 'La Comunidad Autónoma de Cantabria podrá celebrar convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de su
competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145, apartado 2, de la Constitución'.


Que ambas partes, conscientes de la necesidad de prestarse asistencia activa y estrecha cooperación para el ejercicio eficaz de sus competencias, y decididos a promover esta colaboración interautonómica, proceden a formalizar el presente
Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes


CLÁUSULAS


Primera: Sanidad.


Asistencia Sanitaria.


El objeto del presente Convenio en el ámbito de la salud es favorecer una adecuada prestación sanitaria a los habitantes de las zonas limítrofes entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria. Por tanto, será de aplicación
exclusiva a las poblaciones concretas y comprenderá una determinada cartera de servicios.


Las materias, objeto de colaboración, serán las siguientes:


1. Atención Primaria.


2. Atención Hospitalaria.


3. Atención Sanitaria en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.


4. Prestación radiológica programada.


5. Colaboración en el Programa de Trasplante pulmonar.



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1. ATENCIÓN PRIMARIA.


La cartera de servicios ofertada será la de Atención Primaria de la comunidad prestadora del servicio.


a. Desde la zona básica de salud (ZBS) de Valle de Valdebezana (Burgos), se atenderá a las poblaciones de Rucandio, Soto de Rucandio, Espinosa de Brida, Quintanilla de Rucandio y Renedo de Brida, entidades pertenecientes al municipio
cántabro de Valderredible (población TIS: 15 personas).


b. Desde la localidad cántabra de Mataporquera se atenderá a la población de la entidad local Quintanas de Hormiguera (población INE2018: 12 habitantes), perteneciente al municipio palentino de Aguilar de Campoo.


c. Desde la localidad cántabra de Valderredible se atenderá a la población de la localidad palentina de Lastrilla (población INE 2018: 7 habitantes).


2. ATENCIÓN HOSPITALARIA.


a. En el complejo asistencial de Burgos se atenderá a las poblaciones de Rucandio, Soto de Rucandio, Espinosa de Brida, Quintanilla de Rucandio y Renedo de Brida, entidades pertenecientes al municipio cántabro de Valderredible. La cartera
de servicios ofertada será la propia del centro hospitalario y comprenderá la atención de urgencias, la atención en régimen de hospitalización y la atención ambulatoria especializada. En caso de precisar traslado entre centros de diferente
comunidad, este correrá a cargo de la comunidad de origen del paciente. Los traslados dentro de una misma comunidad correrán a cargo de la comunidad que esté prestando la asistencia.


b. En el Hospital Tres Mares de Reinosa (Cantabria) se atenderá a las poblaciones palentinas de las ZBS de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga y la burgalesa del Valle de Valdebezana (total población TIS: 12.219 personas). La cartera
de servicios ofertada será la propia del centro hospitalario y comprenderá la atención en urgencias y la atención en régimen de hospitalización en Medicina Interna. En caso de precisar derivación a otro centro, estos pacientes serán remitidos como
norma a los hospitales correspondientes de la Comunidad de Castilla y León.


La asistencia prestada en el Hospital Tres Mares se compensará de acuerdo con la Orden por la que se fijan las cuantías de los Precios Públicos de los Servicios Sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Salud, vigente en cada momento.


Respecto a la atención en urgencias, solo se compensará la derivada por los facultativos de atención primaria de las Zonas Básicas de Castilla y León afectadas por este Convenio.


Si por algún motivo el paciente fuera remitido para recibir asistencia más especializada a otro centro de la Comunidad de Cantabria, el centro preferente para la derivación será el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Queda
expresamente excluida la atención ambulatoria especializada. En caso de precisar traslado entre centros de diferente comunidad, este correrá a cargo de la comunidad de origen del paciente. Los traslados dentro de una misma comunidad correrán a
cargo de la comunidad que esté prestando la asistencia.


c. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y con carácter excepcional para aquellos supuestos en los que no sea posible derivar a los pacientes a localidades próximas y siempre tras valoración y autorización previa de la
Dirección-Gerencia del centro, se podrá prestar apoyo al Hospital Santiago Apóstol en la especialidad de Cirugía Torácica.


d. Farmacia hospitalaria para pacientes externos: La prescripción de la farmacia hospitalaria para pacientes externos podrá ser realizada por los profesionales de los hospitales referidos, facilitando la dispensación el hospital de
referencia de la comunidad autónoma en la que resida el ciudadano.


En los apartados 2.b y 2.c. resultarán de aplicación los sistemas de compensación que en su caso procedan de acuerdo con la normativa de aplicación.


3. ATENCIÓN SANITARIA EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO.


La atención a las urgencias y emergencias sanitarias que ocurran en las poblaciones limítrofes entre ambas comunidades se resolverá según los siguientes criterios:


La coordinación de los recursos de los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) se efectuará por los centros coordinadores de Urgencias (CCU) de ambas comunidades, teniendo en cuenta lo siguiente:


a. La gestión global del incidente será a cargo del Centro Coordinador de la comunidad autónoma en la que se ha producido el incidente, que podrá solicitar al otro Centro Coordinador el recurso considerado más adecuado a la atención inicial
del paciente.



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b. Cada Centro Coordinador mantendrá la autoridad sobre sus propios recursos.


c. Existirá comunicación directa de los responsables de ambas Centrales de Coordinación para intercambiar información relativa al incidente.


d. El traslado del paciente al centro sanitario será consensuado entre ambos centros coordinadores, teniendo en cuenta siempre la patología que presenta el paciente.


Los dispositivos de atención urgente de Atención Primaria darán la siguiente respuesta:


a. La entidad local menor de Quintanas de Hormiguera (población: 12 habitantes), perteneciente al municipio palentino de Aguilar de Campoo, podrá ser atendida por el SUAP de Mataporquera.


b. Las localidades de Rucandio, Soto de Rucandio, Quintanilla de Rucandio, Espinosa de Brida y Renedo de Brida podrán ser atendidas por el PAC del Valle de Valdebezana ubicado en Soncillo.


c. El transporte sanitario entre diferentes comunidades correrá a cargo de la comunidad de origen del paciente. Los traslados dentro de una misma comunidad correrán a cargo de la comunidad que esté prestando la asistencia.


4. PRESTACIÓN RADIOLÓGICA PROGRAMADA.


El Hospital Tres Mares dispone a día de hoy de un TAC convencional, realizándose en el hospital todo tipo de TAC con o sin contraste, excepto TAC aórticos, TAC coronarios, TAC de troncos supraaórticos y TAC corporal de baja dosis.


El presente convenio contempla la posibilidad de la prestación radiológica programada de prioridad ordinaria de las tomografías axiales computerizadas (TAC) incluidas en la cartera del Hospital Tres Mares para los habitantes de la Zona
Básica de Salud de Aguilar de Campoo (población TIS 2019: 8.444 personas). Esta prestación se realizará bajo las siguientes condiciones:


a. Solicitud: Las solicitudes se enviarán según instrucciones que se indiquen desde el Hospital Tres Mares. La petición deberá estar correctamente rellenada por el facultativo, incluyendo como mínimo la prueba solicitada, la descripción
del cuadro clínico y la sospecha diagnóstica. El paciente debe estar correctamente identificado, así como disponer de datos de contacto actualizados. Quedan expresamente excluidas las solicitudes de prioridad preferente y urgente.


b. Transporte: En caso de precisar transporte sanitario, tanto de ida como de vuelta, este correrá a cargo de la Comunidad de Castilla y León.


c. Tiempos de demora: La demora en la prestación será la misma que para el resto de la población de Cantabria.


d. Inaplicabilidad de garantías de tiempos máximos de respuesta: En caso de demora, los pacientes de Castilla y León solo podrán invocar la aplicación de las garantías de tiempos máximos en su comunidad de origen, que gestionará la
ejecución de la prestación, garantizada con arreglo a sus medios y con los recursos de su territorio. Queda, por tanto, expresamente excluida la posibilidad de aplicación de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria.


e. Imagen e Informe del resultado: Se habilitará el acceso a los Sistemas de Información del Servicio Cántabro de Salud al SACYL para la descarga en sus propios sistemas de las pruebas realizadas a los pacientes de la Comunidad de Castilla
y León en el Hospital Tres Mares.


f. Compensación económica: Se compensará económicamente de acuerdo con la Orden por la que se fijan las cuantías de los Precios Públicos de los Servicios Sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Salud, vigente en cada momento. La
gestión económico financiera de esta prestación (TAC) en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León será competencia de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia y en la Comunidad de Cantabria de la Gerencia del Hospital Tres Mares.


5. COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRASPLANTE PULMONAR.


Se seguirá colaborando en el Programa de Trasplante Pulmonar con el Centro Trasplantador de Cantabria del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.


Salud Pública, Ordenación e Investigación Sanitaria.


Ambas administraciones son conscientes de la importancia de la Salud Pública como parte del Sistema Sanitario, toda vez que sus actuaciones contribuyen a la eficiencia del sistema por incidir sobre el conjunto



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de la población, actuando incluso sobre la población sana para mantener o mejorar su estado de salud, siendo sus efectos significativos en términos de indicadores sanitarios y de rentabilidad económica al disminuir la demanda asistencial.


El patrón de salud ha evolucionado en los últimos años, de forma que las patologías actualmente prevalentes son las relacionadas con las enfermedades crónicas y degenerativas frente al patrón tradicional de las enfermedades infecciosas, lo
que hace necesario establecer sistemas de información específicos que monitoricen los determinantes de la salud, los cambios en los hábitos de vida y sus consecuencias en el estado de salud.


La necesidad de impulsar la promoción de hábitos saludables, diseñando programas de actuación que incidan sobre los factores de riesgo con mayor impacto en salud, así como el desarrollo de nuevas estrategias de intervención en materia de
prevención de peligros biológicos, químicos y físicos.


Ambas administraciones consideran de interés la colaboración en las siguientes materias:


- Los sistemas de información sanitaria.


- La vigilancia epidemiológica.


- La promoción y educación para la salud.


- La prevención de las enfermedades y las deficiencias.


- La promoción de la sanidad ambiental.


- La promoción de la salud laboral.


- La promoción de la seguridad alimentaria.


- La ordenación e inspección sanitaria.


- La ordenación e inspección farmacéutica.


- La investigación biosanitaria y biotecnológica.


- La formación de los profesionales de salud pública.


- Policía sanitaria mortuoria.


Las actuaciones concretas a desarrollar en cada materia serán objeto de desarrollo a través de un programa de actuación específico, que deberá incluir la definición del objeto que se persigue, su descripción, así como la distribución de
tareas y responsabilidades en su ejecución.


Segunda: Educación y Formación.


Colaborar en la realización de actuaciones de interés común en el ámbito de la educación, con la finalidad última de mejorar la calidad y la equidad en la prestación del servicio público educativo y optimizar los recursos existentes en ambas
comunidades. Los ámbitos materiales, que serán objeto de análisis para, en su caso, articular la colaboración irán dirigidos a:


- Posibilitar que los alumnos de localidades limítrofes de ambas comunidades puedan disfrutar de todos los derechos de que goza el alumnado de la propia comunidad autónoma, relativos principalmente a admisión en centros y servicios
complementarios de comedor, transporte, ayudas al estudio y, en su caso, residencia.


- Compartir experiencias en materia de planes de apoyo a la relación Universidad-Empresa, Internacionalización en materia de l+D+i y de los modelos de financiación de los respectivos sistemas universitarios.


- Intercambiar experiencias de fomento de la lectura y la comprensión lectora, fundamentalmente en los procesos de lecto-escritura en 1.º y 2.º de Educación Primaria.


- Intercambiar experiencias de implantación y evaluación de centros y enseñanzas plurilingües compartiendo los avances logrados que se vayan produciendo en este campo.


- Facilitar la participación de las escolares de ambas comunidades en programas de intercambio, educación ambiental, convivencias en centros, actividades extraescolares, actuaciones o exposiciones artísticas, entre otras.


- Cooperar en materia de evaluaciones del Sistema Educativo, experiencias de calidad, programas y herramientas que contribuyan a mejorar la gestión educativa y proyectos de innovación educativa.


- Cooperar e intercambiar información acerca de buenas prácticas de convivencia de los centros y programas para la formación y participación de las familias y el alumnado en el sistema educativo.



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- Cooperar en la formación del profesorado y de la Inspección Educativa compartiendo proyectos y experiencias de cambio metodológico e innovación educativa; especialmente aquellas que incidan de manera significativa en la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.


- Cooperar en la dotación de recursos humanos en los centros limítrofes.


- Colaborar en el nombramiento de Tribunales en los procedimientos de ingreso y acceso a los Cuerpos Docentes indicados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


- Habilitar los mecanismos que permitan a los ciudadanos de ambas comunidades autónomas realizar el reconocimiento y la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías de formación no formal.


- Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas y gestión de calidad y acciones de innovación y desarrollo tecnológico con las empresas, a través de los centros integrados de ambas comunidades.


- Intercambiar información sobre los cursos de actualización técnica y formación tecnológica del profesorado de Formación Profesional convocados anualmente, así como habilitar los mecanismos que permitan la participación y asistencia del
profesorado de una de las comunidades en los cursos de formación organizados por la otra.


- Habilitar los mecanismos que permitan la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) para los títulos de Formación Profesional y del módulo de Prácticas Profesionales no Laborales (MP) para los certificados de
profesionalidad en ambas comunidades para el alumnado de Formación Profesional, especialmente en los casos de cercanía geográfica.


- Habilitar mecanismos de cooperación para la realización de prácticas profesionales no laborales (PNL) por parte del alumnado de ambas comunidades que haya realizado acciones de formación profesional para el empleo del ámbito laboral.


- Habilitar mecanismos de cooperación para el control de la formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje cuando la misma haya sido autorizada por una de las comunidades autónomas y su seguimiento sea competencia de
la otra comunidad.


Tercera: Medio Ambiente y Medio Rural.


La cooperación entre ambas comunidades autónomas en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza resulta imprescindible en beneficio de una mejor conservación del medio natural, especialmente en las zonas limítrofes, por ello
sus Gobiernos consideran de interés común establecer mecanismos de colaboración que permitan trabajar conjuntamente, de un modo coordinado, en aras a garantizar una mejor gestión de recursos naturales comunes.


Esta colaboración se basará en el intercambio de información, de conocimientos sobre los recursos naturales, de experiencias, de prácticas administrativas y de soluciones de gestión, estableciéndose tanto en el ámbito de los recursos
materiales como humanos, y se orientará especialmente a aspectos relacionados con las siguientes medidas y actuaciones:


1. Prevención y lucha contra incendios forestales. Ambas comunidades han manifestado su voluntad recíproca de desarrollar actuaciones comunes en esta materia con la firma del Convenio de Colaboración suscrito en Oviedo, el 1 de octubre de
2010, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. Para avanzar en esta colaboración se proponen nuevas actuaciones, en especial:


- Mejorar la formación del personal de extinción, a través de cursos y jornadas, en las que participará por parte de Castilla y León, el Centro del Fuego de León.


- Establecer un Programa de Prevención de Incendios en zonas colindantes, particularmente entre Cantabria y la provincia de Burgos, al Este del Pantano del Ebro, en las comarcas pasiegas.


2. Espacios naturales protegidos. Gestión coordinada de los espacios protegidos colindantes y, en particular:


- Parque Nacional de Picos de Europa.


- Espacios protegidos de la comarca de Las Loras, como el Parque Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón, de la provincia de Burgos, y del futuro Monumento Natural de Covalagua y Las Tuerces, de la provincia de Palencia.



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- Zonas de Especial Conservación (ZECs), en línea con lo previsto en el 'Plan Marco de Gestión de las ZECs Fluviales', del Gobierno de Cantabria aprobado en 2017, y el Plan Director de Red Natura 2000 y Planes Básicos de Gestión de los
espacios protegidos Red Natura 2000, recientemente aprobados por la Junta de Castilla y León.


3. Conservación de la diversidad: Gestión coordinada de especies cuyo hábitat abarca territorios de ambas comunidades, como el oso pardo y el urogallo cantábrico, entre otras.


4. Gestión forestal: Promover y desarrollar fórmulas de colaboración en sistemas de gestión forestal sostenible, manejo ganadero extensivo y movilización de recursos forestales, particularmente de madera y biomasa para uso energético, con
especial atención a:


- Monte Hijedo y otros bosques próximos de roble y haya en zonas colindantes, coordinando acciones de conservación y mejora de la gestión forestal sostenible, los aprovechamientos de madera y biomasa y el uso pastoral.


- El deslinde y delimitación de los montes de utilidad pública y de los espacios naturales colindantes, resolviendo y evitando posibles conflictos por aprovechamientos de pastos en régimen colectivo y otros.


- La mejora del manejo ganadero extensivo en los montes colindantes, con respeto a los derechos de pastoreo tradicionales y a la normativa en vigor, tanto forestal como agraria y ganadera, promoviendo los desbroces, como alternativa a las
quemas pastorales, para prevenir los incendios forestales.


5. Igualmente ambos gobiernos se comprometen a impulsar:


La colaboración en el entorno del Embalse del Ebro, para dinamizar conjuntamente este espacio como producto turístico y natural destacado. Y concretamente:


- Creación de un Grupo de Trabajo del Embalse del Ebro, entre los responsables de Turismo y del Medio Natural de ambas comunidades.


- Posible declaración del Embalse del Ebro como Humedal de Importancia Internacional del Ramsar.


- Gestión coordinada de actividades de conservación previstas en los planes de las ZECs afectadas.


- Coordinación en la designación de áreas de navegación y baño, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro.


- Coordinación en materia de pesca.


6. Colaboración entre ambas Administraciones en sistemas de Calidad Diferenciada registradas en la Unión Europea.


Asimismo, y con carácter general, ambas partes se comprometen a establecer una dinámica habitual de colaboración en otros asuntos relacionados con el Medio Ambiente y la conservación de la naturaleza que puedan surgir durante la vigencia del
presente Convenio.


En materia de movimiento de ganado en zonas limítrofes: Colaboración mutua para establecer un procedimiento en común que facilite los movimientos de animales en los casos de ganaderos que tengan explotaciones en las zonas limítrofes de las
dos comunidades autónomas, respetando en todo caso los condicionantes de sanidad animal.


7. Gestión del lobo. Refuerzo de la cooperación en materia de gestión del lobo, intercambiando experiencias en la prevención de daños, promoviendo el seguimiento coordinado de la especie en las zonas colindantes y colaborando para plantear
posicionamientos comunes sobre posibles iniciativas de modificaciones normativas de ámbito estatal y/o europeo.


Cuarta: Infraestructuras de comunicación y transportes.


Los Gobiernos de las comunidades autónomas firmantes asumen el compromiso de cooperar en el desarrollo de sus respectivas actuaciones en el ámbito de las infraestructuras de comunicación y transportes, en particular en las siguientes áreas
preferentes de actuación:


1. Infraestructuras de comunicación: Coordinación de actuaciones en materia de carreteras de titularidad autonómica y que afecten a ambas comunidades, así como vigilancia y seguimiento de la ejecución de las vías de gran capacidad y de las
conexiones con las grandes redes ferroviarias de competencia y responsabilidad Estatal.



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Para llevar a cabo el desarrollo y coordinación de los trabajos anteriores se constituirá un grupo de trabajo entre ambas comunidades autónomas formado por dos miembros de cada una de ellas en los que los miembros de la Comunidad Autónoma de
Cantabria habrán de designarse entre la Consejería con competencias en materia de obras públicas y en materia de transportes.


2. Infraestructuras de transportes: colaboración en la promoción de todo tipo de actuaciones que puedan suponer afianzamiento, desarrollo y promoción de actividades empresariales vinculadas al sector del transporte y la logística.


3. Transporte de viajeros: coordinación de actuaciones en la gestión y prestación conjunta de servicios de transporte rural en zonas limítrofes (transporte a la demanda).


4. Puerto de Santander:


- Potenciar proyectos de innovación derivados del aprovechamiento del hinterland del puerto de Santander.


- Estudiar el eje de comunicaciones Duero-Cantábrico-Atlántico para la interrelación con otras regiones de Portugal.


- Impulsar el tráfico de mercancías mediante la mejora de la línea Palencia-Santander.


5. Corredor Ferroviario Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T): ambas comunidades manifiestan su interés en que sea ejecutado y completado/mejorado teniendo en cuenta los territorios que no están incluidos en la red
principal (Cantabria).


A este respecto, ambas comunidades consideran que, de acuerdo con la posición de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas -CRPM-, para asegurar la cohesión real de los territorios atlánticos, los enlaces desde las regiones
periféricas -en especial las conexiones desde los puertos hacia el Corredor-, son fundamentales para la implementación de la red TEN-T, la mejora del transporte marítimo de la red global, y el incremento de la capacidad de las infraestructuras. En
este sentido ambas comunidades manifiestan su interés en potenciar la conexión del puerto de Santander con la provincia de Palencia.


6. Infraestructuras de comunicación: cooperación en materia de redes, de tal forma que las poblaciones limítrofes cuenten con un sistema de banda ancha, en orden a luchar contra la despoblación.


Quinta: Cultura.


Ambos Gobiernos participan en diferentes proyectos culturales de gran trascendencia para el desarrollo de las dos comunidades autónomas. Por ello se comprometen a reforzar los vínculos entre nuestros territorios, como un elemento clave para
el desarrollo económico y social de ambas comunidades autónomas, colaborando en las siguientes materias:


- En materia de patrimonio cultural: impulsar la gestión coordinada del Románico de ambas comunidades autónomas, al objeto de difundirlo. Igualmente se comprometen a impulsar la gestión coordinada del patrimonio cultural mozárabe y de
repoblación; el arte rupestre y los conjuntos arqueológicos de las Guerras cántabras.


- En materia de promoción cultural: establecimiento de cauces de colaboración y posibilidad de organizar exposiciones, actos conjuntos y otros eventos, de carácter cultural, como son:


• Intercambio de información en materia de archivos y bibliotecas para la normalización de la descripción documental, mediante la realización de jornadas profesionales o congresos.


• Intercambio de información para la gestión de documentación electrónica y para la puesta en funcionamiento de Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.


• Cooperación para el diseño de acciones conjuntas de dinamización cultural y pedagógica en los archivos históricos de ambas comunidades autónomas.


• Intercambio de visitas entre profesionales de las comunidades autónomas con el fin de conocer las iniciativas de mejora y buenas prácticas desarrolladas en otras bibliotecas.


• Intercambio de compañías de Artes Escénicas, Música y Danza y exposiciones de artistas plásticos.


• Colaborar con las casas regionales reconocidas por la otra Comunidad, de acuerdo a su condición de entidades promotoras de la cultura de la región de origen en el lugar que se encuentran emplazadas.



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Sexta: Turismo.


Colaboración en el desarrollo de productos turísticos de carácter cultural arquitectónico y natural, conformando rutas o paquetes turísticos de interés para ambas comunidades autónomas, así como en su Promoción y apoyo a la Comercialización.


Considerando de interés los productos turísticos relativos a los siguientes recursos:


- Los Caminos Lebaniegos y el Camino de Santiago.


- Recursos turísticos relacionados con la Arquitectura de Gaudí: El Capricho en Comillas (Cantabria) y la Casa Botines en León y el Palacio Episcopal en Astorga.


- Recursos naturales y culturales relativos al Origen y Evolución Humana, Cueva de El Soplao y Museo, Cueva de Altamira (Cantabria), Yacimientos de Atapuerca y Museo de la Evolución Humana de Burgos (Castilla y León).


- El Románico en Cantabria y Románico Norte en Castilla y León.


- Rutas BTT y Rutas senderismo en los Picos de Europa.


Se comprometen a:


- Acciones de Presentación de los Productos Turísticos de las dos comunidades.


- Viajes de Familiarización conjunta para turoperadores y prensa especializada.


- Jornadas Comerciales y Mercados de Contratación conjuntos.


- Promoción conjunta en Redes Sociales con publicaciones programadas e interacción entre las diferentes cuentas Oficiales de Turismo de ambas comunidades.


- Programas de intercambio del colectivo sénior.


- Promoción conjunta en Mercados Internacionales.


- Colaboración entre ambas comunidades autónomas para promover y fomentar el flujo de viajeros entre las dos comunidades, especialmente fuera de la temporada estival y con especial atención al segmento sénior y escolar. En este sentido, se
facilitará la creación de un programa de viajes para los colectivos señalados.


- La constitución de una Comisión específica para el análisis de una conexión por vía verde entre ambas comunidades, a través de la recuperación del túnel de La Engaña o de un trazado alternativo.


Séptima: Tejido Empresarial y Competitividad.


Las comunidades autónomas firmantes asumen el compromiso de cooperar en las siguientes áreas preferentes de actuación:


- En materia de economía y competitividad:


• Propiciar un marco de colaboración entre empresas y clúster empresariales en sectores de actividad común como automoción y energías renovables, para mejorar los contactos y posibles proyectos que en ellas pudiesen surgir.


• En el ámbito industrial destaca la importancia que en Cantabria y Castilla y León ostenta el sector de la automoción; en esta materia resulta adecuado promover medidas conjuntas de apoyo, fomentando las interrelaciones entre fabricantes,
proveedores y clúster.


• En el ámbito de la internacionalización, apoyar iniciativas de colaboración interempresarial a través de asociaciones sectoriales, facilitando el acceso a ellas de nuevas empresas, apoyando su promoción internacional. Se coordinarán
políticas ligadas a la internacionalización de los sectores industriales, de atracción de inversiones exteriores.


• Competitividad. Se coordinarán políticas que ayuden a la consolidación de los sectores industriales existentes, de innovación en el sector industrial y empresarial, y de emprendimiento e innovación para fomentar la creación de nuevas
empresas e industrias de base tecnológica.


• En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, se promoverán actuaciones orientadas a su impulso, así como de crecimiento de sectores productivos a través de la implantación de estas nuevas tecnologías. La conjunción
de esta medida con la anterior promoverá el desarrollo de la industria 4.0 (fábricas inteligentes).



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• Financiación empresarial. Se estudiará la posibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración para diseñar instrumentos financieros, sobre la base de los ya existentes, y prestando especial atención a los de innovación y nuevos proyectos
de emprendedores.


• Promover la colaboración de ambas administraciones en el fortalecimiento de la estructura industrial de ambos territorios en el sector electrointensivo. Para ello, se establecerá una estrecha colaboración para impulsar iniciativas
conjuntas ante el Gobierno central, como órgano competente, para garantizar la competitividad de las empresas asentadas en las dos comunidades autónomas con el mercado europeo, como Francia y Alemania, y poder garantizar el empleo que generan y el
futuro de las factorías.


Octava: Energía.


• En relación con los programas de ayudas en materia de eficiencia energética, cuya coordinación y seguimiento corresponde al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pero cuya gestión compete a las comunidades
autónomas, promover acciones conjuntas para lograr que, en la articulación de los mencionados programas, se prevea la posibilidad de entregas a cuenta a las respectivas comunidades autónomas, para garantizar una adecuada tramitación y gestión de los
fondos correspondientes.


• Llevar a cabo acciones de promoción de la movilidad eléctrica, mediante la instalación de puntos de carga rápida en posiciones estratégicas de las principales vías de comunicación por carretera entre ambas comunidades autónomas.


Novena: Hacienda.


• Impulsar la colaboración en materia de gestión tributaria y de análisis y seguimiento del sistema de financiación autonómica. Para ello se promoverá el intercambio de información, experiencia y conocimiento en estas materias.


• Establecer una estrecha coordinación de cara al nuevo sistema de Financiación Autonómica, para que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios que se prestan y las singularidades que en relación a la dispersión; envejecimiento y
orografía que tienen ambas comunidades.


Décima: Servicios sociales.


Atención a la Dependencia.


En materia de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y con el objeto de lograr el adecuado tratamiento a las personas que se encuentran en situación de dependencia y facilitar y agilizar la
tramitación administrativa de estos expedientes se considera conveniente la colaboración:


- En el análisis y valoración de la implantación del Sistema de Dependencia y estudiar la posibilidad de poner en marcha un procedimiento coordinado de colaboración ante situaciones de cambio de residencia de personas beneficiarias.


- La colaboración y el intercambio de información en lo referente al desarrollo normativo de la Ley, tanto en lo relativo a la implantación de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su
compatibilidad, como en lo referente a experiencias y buenas prácticas de atención.


Protección a la Infancia y Menores de Edad.


En materia de Protección a la Infancia se considera oportuno promover la colaboración entre las administraciones de ambas comunidades encargadas de esta materia en las siguientes cuestiones:


- Colaboración en los procesos de adopción de menores para familias adoptantes cuando cambien de domicilio.


- Atención a menores infractores, actuación coordinada para la ejecución de medidas en medio abierto en el caso de residencia del menor en una comunidad autónoma diferente a la del Juzgado que ha dictado la medida.



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- Puesta a disposición de plazas de internamiento en el caso de residencia del menor en una comunidad autónoma diferente a la del Juzgado que ha dictado la medida, condicionada a la disponibilidad de plazas adecuadas.


Personas Mayores.


Las partes firmantes consideran conveniente facilitar la integración y el intercambio en los programas para mayores puestos en marcha por ambas comunidades autónomas, que permitan intercambiar conocimientos y experiencias entre mayores,
fomentar la participación de los mayores en la sociedad actual, y ofrecer a las personas mayores la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades intelectuales, culturales o recreativas. Los ámbitos materiales que serán principalmente objeto de
análisis para, en su caso, articular la colaboración irán dirigidos a:


- Intercambio de alumnos de sus respectivos Programas Universitarios para mayores, con la participación de las Universidades de cada comunidad autónoma.


- Acceso a las respectivas programaciones dirigidas a personas mayores puestas en marcha por ambas comunidades.


Puntos de Encuentro Familiar.


Ambos Gobiernos manifiestan su interés en promover la colaboración conjunta de los servicios que se prestan en los diversos Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León y Cantabria para su utilización por parte de los ciudadanos de ambas
comunidades autónomas en función de la proximidad del domicilio del menor y de la capacidad de gestión de casos de cada uno de los Puntos.


Modelo de Atención.


En el área de la atención a las personas mayores, la discapacidad y la dependencia, los Gobiernos de Cantabria y de Castilla y León promoverán la colaboración en los siguientes ámbitos:


- Intercambio de experiencias de actuación en el ámbito sociosanitario, en la atención a personas mayores, la discapacidad y la dependencia.


- Intercambio de experiencias de atención a personas mayores, la discapacidad y la dependencia bajo el modelo de atención centrada en la persona.


- Intercambio de experiencias sobre programas de atención en el domicilio con base tecnológica.


Renta Mínima.


Ambos Gobiernos se comprometen a buscar fórmulas de colaboración entre sus medidas implantadas respectivamente para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía con especial atención a las personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad o exclusión social e impulso del intercambio de información para el seguimiento de la efectividad de estas medidas, así como para evitar posibles situaciones de duplicidad.


Decimoprimera: Protección Civil y Emergencias.


El Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León declaran su voluntad expresa de colaborar activamente con el objetivo de evitar, reducir o corregir los daños causados a personas, medio ambiente o bienes por toda clase de medios y por
los elementos naturales en las zonas limítrofes o en las que la acción conjunta de ambas Administraciones resulte conveniente.


Las materias en las que se considera prioritario desarrollar los mecanismos de cooperación son las siguientes:


- Elaboración de Convenios de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único de emergencias 112 en las zonas limítrofes de las respectivas comunidades.


- Elaboración de Convenios en los que se establezcan los supuestos y procedimientos de movilización de medios para rescate a personas en situaciones de riesgo o emergencia en las zonas limítrofes de las respectivas comunidades autónomas.



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- Realización de ejercicios y simulacros conjuntos en materia de búsqueda, rescate e incendios forestales.


- Celebración de cursos, jornadas, seminarios en materia de salvamento y extinción de incendios, como en materia de protección ciudadana.


- Formación de primeros intervinientes en urgencias y emergencias.


- Formación de miembros de los cuerpos de policía local y de los servicios de salvamento y extinción de incendios.


Decimosegunda: Simplificación administrativa y atención al ciudadano.


Ambas Administraciones promoverán la colaboración en la realización de cuantas actuaciones sean precisas para posibilitar la colaboración en la ejecución de aquellos actos que han de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales
y están interesadas en establecer mecanismos de colaboración de cara a simplificar la actuación administrativa y a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones y la relación con la administración.


Las líneas de actuación para llevar a cabo esta colaboración podrían ser:


- Estudiar y adoptar medidas de colaboración entre los servicios de atención al ciudadano respectivos, especialmente en los municipios limítrofes entre ambas comunidades, con objeto de facilitar al ciudadano la información, orientación y
asesoramiento sobre los principales servicios públicos de las Administraciones intervinientes.


- Colaborar en el intercambio de experiencias con las comunidades limítrofes para la elaboración de Convenios de atención de las llamadas que se reciban en los respectivos teléfonos 012, destacando principalmente en el ámbito de la atención
e información telefónica a mujeres víctimas de violencia de género y la derivación automática de las llamadas con origen en el ámbito territorial de la comunidad limítrofe, así como en materia de otros servicios demandados.


- Potenciar el intercambio de experiencias en temas como la multicanalidad, las aplicaciones informáticas utilizadas en relación con las plataformas tecnológicas usadas por los diferentes Servicios 012.


- Favorecer el impulso de Sistemas de intermediación entre ambas Administraciones con el fin de hacer desaparecer la obligación de aportar determinada documentación por parte de los interesados.


- Impulsar la adhesión de los municipios, principalmente los limítrofes de ambas comunidades al 'Sistema de Interconexión de Registros' de ámbito nacional, de forma que los ciudadanos de dichas entidades puedan beneficiarse del envío
electrónico de sus solicitudes, escritos, y documentos dirigidos a cualquier administración de manera inmediata y totalmente gratuita para los mismos. Para ello, se podrán realizar en los municipios específicas actividades de divulgación y de
formación.


- Impulsar el intercambio de buenas prácticas, estudios, manuales y herramientas elaborados por cada una de las administraciones de cara al diseño e implantación de planes o programas de simplificación, racionalización de procedimientos,
reducción de cargas administrativas y calidad normativa, de modo que la cooperación y puesta en común de experiencias sirva de apoyo a emprendedores y empresarios.


Decimotercera: Innovación.


En materia de l+D+i, los Gobiernos de ambas comunidades autónomas firmantes se comprometen a:


- Impulsar grupos de trabajo para analizar y conocer las posibles sinergias entre las estrategias de especialización inteligente de ambas comunidades autónomas y aprovechar sus fortalezas para desarrollar consorcios a la hora de optar a
proyectos de l+D+i tanto nacionales como internacionales (Agenda 2030 o programa COSME o programas de apoyo a las PYME).


- Fomentar la colaboración entre organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y clúster, con la finalidad de promover proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación, así como impulsar la transferencia de
conocimiento, mediante la difusión de 'buenas prácticas' y el desarrollo de acciones de formación y especialización de investigadores.


Decimocuarta: Consumo.


Las Administraciones Públicas de Cantabria y de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben velar por el adecuado respeto a los legítimos intereses económicos y sociales de los



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consumidores y usuarios, así como promover acciones para asegurar que el derecho a la protección de la salud y seguridad de las personas con respecto a los bienes y servicios puestos a su disposición se encuentra garantizado. Asimismo,
ambas Administraciones deben adoptar las medidas oportunas al objeto de hacer efectivo el derecho a la educación de consumidores y usuarios.


Potenciar la cooperación técnica y jurídica entre ambas Administraciones se revela como uno de los mejores instrumentos para una más eficaz protección de los derechos de los consumidores y usuarios de Cantabria y de Castilla y León, de tal
forma que ambas Administraciones consideran de interés la colaboración en materia de consumo en los siguientes aspectos:


- La tramitación de denuncias y reclamaciones.


- La vigilancia del mercado de productos industriales y servicios puestos a disposición de consumidores y usuarios.


- El control oficial de alimentos, en aquellos aspectos sin repercusión en la seguridad alimentaria y en la salud de las personas.


- La promoción de los derechos de los consumidores.


- Los sistemas de información sobre protección al consumidor y usuario.


- La formación del personal encargado de la Inspección de Consumo.


- Los sistemas de resolución alternativa de litigios entre consumidores y usuarios y operadores económicos.


Las actividades a desarrollar referidas a cada uno de ellos, se llevarán a cabo a través de programas específicos en los que deberá figurar el objeto que se persigue, una descripción pormenorizada del programa y el reparto de tareas y
responsabilidades.


Decimoquinta: Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres. Prevención, violencia de género y atención a las víctimas.


- Compartir conocimientos y experiencias en materia de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente metodologías de evaluación de políticas públicas en materia de igualdad.


- Compartir conocimientos y experiencias en la atención al colectivo LGTBI.


- Intercambiar experiencias de formación en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y formación especializada en la atención a víctimas de violencia de género.


- Reforzar y fortalecer el tejido asociativo entre ambas comunidades con la realización de actuaciones conjuntas.


- Realización de proyectos conjuntos en materia de igualdad de oportunidades en el empleo con empresas con sede de actividad en ambas comunidades.


Decimosexta: Cooperación al desarrollo.


Los Gobiernos de Cantabria y Castilla y León, consideran que la cooperación al desarrollo, no solo es una exigencia ética y un acto de solidaridad, sino que constituye una necesidad ineludible e insoslayable, si se quiere afrontar el enorme
desafío de acabar con el doble flagelo de la pobreza y de la desigualdad.


Ambos Gobiernos desde el ámbito de la Cooperación al Desarrollo establecerán mecanismos de alianzas entre las dos comunidades autónomas para generar sinergias de colaboración, contribuyendo de esta manera a la innovación de las metodologías
de trabajo hasta ahora existentes.


Por ello nos comprometemos a:


- Colaborar en el intercambio de buenas prácticas en materia cooperación para el desarrollo e impulsar grupos de trabajo.


- Recuperar el liderazgo de esta política pública para hacer una cooperación fuerte y de calidad.


- Contribuir a que las políticas de cooperación al desarrollo sean una política palanca para conseguir ese hilo de trazabilidad y cohesión con la estrategia de desarrollo sostenible y relacionarlo con la agenda 2030.


Decimoséptima: Juego Responsable.


Siendo conscientes de la alarma social creada en relación con el ámbito del juego, especialmente por la incidencia que pudiera tener en colectivos socialmente más vulnerables, los Gobiernos de Cantabria y



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de Castilla y León intensificarán la colaboración mutua a la hora de compartir estrategias de intervención en esta materia, que se basarán en el principio de Juego Responsable, y que podrán abarcar desde técnicas legislativas o regulatorias
más garantistas basadas en el principio de seguridad jurídica, hasta programas de educación sobre el Juego y sus posibles peligros, la prevención de ludopatías o la intervención con colectivos afectados por el sector.


Asimismo, se compartirán mutuamente aquellas experiencias que se desarrollen en cada una de las comunidades y que hayan resultado exitosas en relación con los objetivos.


Decimoctava: Reto Demográfico y Acción Exterior.


Cantabria y Castilla y León, como comunidades autónomas afectadas por las consecuencias derivadas del desafío demográfico y la despoblación de los pueblos de su espacio territorial, se comprometen a coordinar esfuerzos para defender ante las
instituciones y órganos de la UE que el desafío demográfico sea una prioridad política y se destinen los recursos adecuados para paliar los problemas de despoblamiento de las zonas rurales con el fin de hacer frente a las consecuencias del
envejecimiento de la población.


Ambas comunidades, en el seno del Comité de las Regiones, a través de su participación en las sesiones plenarias y en las distintas comisiones de trabajo en las que se aborden las cuestiones relacionadas con este ámbito competencial y
representadas por sus miembros respectivos, colaborarán en la elaboración de dictámenes y enmiendas, así como en la organización de conferencias o cualquier tipo de foro que sirva para incidir en la problemática de la despoblación al objeto de
permitir el intercambio de soluciones, experiencias y buenas prácticas realizadas en las diferentes regiones y territorios europeos.


Asimismo, ambas comunidades autónomas se comprometen a coordinar esfuerzos en las relaciones que se mantengan con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y extender esa colaboración a las redes en las que ambos territorios del Estado
español participen cuando en las mismas, se aborden cuestiones demográficas de carácter central o transversal y/o de cualquier índole que representen los intereses de ambas comunidades.


Decimonovena: Universidades.


Colaborar en todos aquellos aspectos que puedan mejorar el funcionamiento y la interacción de los sistemas universitarios de Cantabria y de Castilla y León. Entre otros, se fomentará:


- El intercambio de información sobre los modelos de financiación de las universidades públicas.


- La puesta en común de acciones de internacionalización llevadas a cabo por las universidades en cualquiera de sus ámbitos.


Para llevar a cabo esa colaboración, cada parte aportará los medios económicos, personales y materiales necesarios.


Vigésima: Convenios sectoriales.


La generalidad de este Convenio puede concretarse en acciones específicas, en cuestiones puntuales de incidencia directa en los ciudadanos de ambas comunidades autónomas. Cabe la posibilidad de firmar convenios específicos de carácter
sectorial en cualquier otro asunto que ambas partes consideren relevante.


Vigesimoprimera: Comité de Enlace y Coordinación.


Tras la firma de este Convenio General de Colaboración se constituirá un Comité de Enlace y Coordinación encargado del seguimiento y de la aplicación de las medidas incluidas en este Convenio. Será presidido de forma paritaria por la
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria y por el Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León e integrado, también de forma paritaria, por los Altos Cargos que determine cada una de las
Administraciones firmantes.



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Vigesimosegunda: Derecho aplicable.


Las decisiones concertadas que se adopten en el desarrollo del presente Convenio General de Colaboración serán puestas en práctica por cada una de las partes en sus respectivos ámbitos territoriales de conformidad con su derecho interno.


Los asuntos relativos a la interpretación del presente Convenio serán solventados de manera bilateral.


Vigesimotercera: Vigencia.


El presente Convenio General de Colaboración tendrá una duración de un año prorrogable por anualidades mediante acuerdo expreso de las partes, sin perjuicio de su extinción anticipada por mutuo acuerdo de las partes.


En prueba de conformidad firman el presente Convenio General de Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalado en el encabezamiento.